Los vínculos con los paramilitares crispan la política colombiana

Imaginemos que una tercera parte de los parlamentarios españoles estuviera en la cárcel, bajo proceso o se enfrentara a acusaciones de tener vínculos con los GAL. ¿Cómo afectaría esta situación al Parlamento y al presidente del Gobierno? Así está, ni más ni menos, el Congreso de Colombia, donde un tercio de sus señorías tiene cuentas pendientes con la justicia por sus relaciones con el narcotráfico y grupos paramilitares que sembraron el terror en los años noventa con la excusa de combatir a la guerrilla.

29 parlamentarios están encarcelados por sus relaciones con la 'parapolítica'

Los implicados en el escándalo de la parapolítica aumentan día a día. Hay 51 congresistas bajo la lupa de la Corte Suprema, 29 en la cárcel, y 18 que han renunciado a la inmunidad parlamentaria para ser investigados por la fiscalía y no por el más alto tribunal. La cifra es más elevada si se incluye a gobernadores, alcaldes, concejales y ex congresistas en la picota.

Entre los investigados está el senador Carlos García, presidente del Partido Social de Unidad Nacional, conocido como el Partido de la U, del presidente Álvaro Uribe. García presentó el miércoles su renuncia al saberse que la Corte Suprema lo citará en los próximos días para que declare en torno a una supuesta reunión con paramilitares en 2001, según un testigo encarcelado. El grupo parlamentario, sin embargo, no aceptó la renuncia, al considerar que se trata de una declaración preliminar y que no hay ninguna acusación.

Entre los implicados está también el senador Mario Uribe, fundador del partido Colombia Democrática, primo de Uribe, y pieza clave en la coalición gubernamental. Altos jefes paramilitares le han comprometido seriamente con sus declaraciones y está acusado de concierto agravado para delinquir. Hay partidos, como Colombia Viva, con el cien por cien de sus congresistas encarcelados o investigados. Y ahí siguen, como fuerzas políticas parlamentarias legislando con sus suplentes. Rubén Darío Quintero, senador de Cambio Radical y directamente involucrado en el escándalo, acudió a las sesiones parlamentarias hasta la semana pasada. "En Colombia nunca pasa nada, porque lo que importa no pasa y lo que pasa no importa", comentó en antena el periodista Darío Arismendi, director de noticias de Caracol Radio.

Este Congreso con la legitimidad por los suelos es el mismo que aprobó, entre otras, la Ley de Justicia y Paz, que da amplios beneficios a los paramilitares que abandonaron las armas. "Los legisladores certificaron una ley de tierras que tendrá consecuencias dramáticas para la población rural, al legalizar en la práctica propiedades que fueron usurpadas por los paramilitares. Con la nueva ley, basta con cinco años de posesión para obtener el título de propiedad", comenta Laura Bonilla, de la Corporación Arco Iris, que destapó el escándalo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que de los más de cuatro millones de hectáreas de tierras arrebatadas a familias campesinas desplazadas, las autoridades han devuelto unas 22.000 hectáreas entre los años 2002 y 2006. El representante de ACNUR en Colombia, Jean Noël Wetterwald, firmó esta semana un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para restituir a las personas desplazadas las tierras que les quitaron.

La Corte Suprema está actuando con independencia y rapidez, en abierto contraste con la habitual lentitud de la justicia ordinaria, más permeable a las presiones del Ejecutivo. El fiscal general, Mario Iguarán, replicó a las críticas del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, que calificó de perversas, y aseguró que mantendrá en el puesto al fiscal que instruye el caso.

Las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nacieron como "un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa". El miedo y el odio a la guerrilla por los secuestros, extorsiones y ataques a la población civil; la desconfianza en las instituciones y la mitificación de un líder, Carlos Castaño, que prometía detener el avance de las FARC, jalonaron la expansión del paramilitarismo en toda Colombia. Nadie se acordó de que Castaño venía de las entrañas del cartel de Medellín, nadie indagó la proliferación de cultivos de coca en tierras controladas por los paramilitares. Y pocos prestaron atención a las matanzas y las fosas comunes. Los paramilitares necesitaban una cobertura política, que obtuvieron recurriendo a la clase política regional. Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, jefes de los paras, se ufanaban de tener vínculos directos con el 35% del Congreso.