Las tierras de sangre de Colombia

Apenas unos minutos después de las dos de la tarde del pasado martes, varios sicarios en moto asesinaron a Ana Isabel Gómez, una campesina colombiana de 49 años que invitaba a quienes perdieron sus tierras a causa del conflicto que azota al país a exigir su devolución. Cayó frente a su casa, en una zona rural de Córdoba, el departamento de la región caribeña donde crecieron los grupos paramilitares. Trece días antes, en una reunión de víctimas con funcionarios de la Comisión Nacional de Reparación, había denunciado amenazas contra su vida.

No es el único crimen de líderes desplazados que reclaman sus tierras. Más de 20 han muerto ya por formular la misma exigencia. Yolanda Izquierdo, una mujer que en Córdoba encabezó la recuperación de 863 hectáreas de Las Tangas, una de las fincas usadas por los paras para cometer sus crímenes, fue tiroteada en enero de 2007.

La mayoría de las víctimas mortales son mujeres -supervivientes del asedio paramilitar- y oriundas de Córdoba y Antioquia, departamentos a los que ha regresado el 40% de los combatientes de estos grupos después de su desmovilización.

La historia de Ana Isabel resume el drama de los más de tres millones de colombianos que han tenido que huir dejando atrás tierras, ganado, animales, cultivos... Había sido expulsada de Chocó, un departamento del Pacífico, por el régimen de sangre que implantó allí El Alemán, hermano de Don Mario, el narco-paramilitar más temido del país, que fue capturado el pasado miércoles. Ana Isabel, su esposo y sus tres hijos terminaron ocupando una parcela baldía en Córdoba.

"O solucionamos el problema de tierras o el posconflicto va a ser muy violento y ligado a este tema", reconoce Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación. Para huir del estado de terror creado por los paras, los campesinos se vieron obligados a abandonar más de cuatro millones de hectáreas, la mitad de la extensión de Suiza. De ellas, dice Pizarro, la mitad puede haber quedado en manos de los grupos armados.

Pero hay investigadores que aseguran que el despojo fue mayor: "Cinco millones y medio de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos", según denunció el sociólogo Luis Jorge Garay en un reciente foro convocado por la revista Semana.

Colombia tiene una de las estructuras de distribución de tierras más injustas del mundo. Es un viejo problema, agudizado en medio de la guerra paramilitar: en 1984, menos del 5% de los propietarios acaparaba el 32% de la tierra cultivable; en 1996 llegó al 44,6% y en 2003 ascendió a un escandaloso 62%. "El despojo de la tierra está en el corazón del conflicto en Colombia", afirma el investigador Alejandro Reyes, autor del libro Guerreros y campesinos, un riguroso estudio sobre este robo de tierras.

La restitución de tierras empezó este año, después de que se descubriera la existencia de siete métodos de despojo de bienes -entre ellos, la obligación bajo amenaza de transferir títulos y la ocupación de bienes colectivos-, según explicó Pizarro a EL PAÍS. Para combatirlos, se crearon siete rutas judiciales para la recuperación de propiedades.

Pero es un reto complejo. Algunas tierras han sido de nuevo ocupadas por campesinos pobres. "¿Cómo resolver este problema?", se pregunta Pizarro. Además, dos terceras partes de los bienes rurales no están escriturados.

Para recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz -penas que en régimen normal podrían ser de 40 o 60 años, gracias a esta ley se reducen hasta ocho como máximo-, los paras desmovilizados deben, entre otras cosas, reparar a sus víctimas. Se han entregado ya algunos bienes, pero la mayoría de los casos son objeto de disputas judiciales y son remitidos a la fiscalía para un largo proceso de extinción de dominio.

La ley de víctimas, que sigue un tortuoso proceso en el Congreso, podría abrir un camino. Pero hay varios puntos de polémica: ¿restitución de los bienes inmuebles o del patrimonio?, ¿depositar la responsabilidad en los jueces o en el Estado?

"Hay que quitarles [a los grupos armados] el botín de tierras de sus manos para devolverlo a sus dueños legítimos. Eso convertiría la seguridad en seguridad democrática", dice Reyes.