La reforma judicial de Berlusconi dará carpetazo a miles de casos

El Parlamento italiano vivió ayer otra jornada entre lo bufo y lo dramático. Mientras una unidad médica realizaba análisis antidroga en el Congreso a los diputados que lo pedían -novedad impulsada por la mayoría para dar ejemplo-, sus compañeros en el Senado se extasiaban con la nueva ley a medida de Silvio Berlusconi.

El último artefacto salva primer ministro se llama proyecto de Ley del Proceso Breve, consta sólo de tres artículos y fue presentado a toda velocidad, tras 48 horas de trabajo febril en las que el abnegado letrado personal del primer ministro, Niccolò Ghedini, apenas pudo dormir. Los jueces italianos calculan que la nueva ley supondrá la anulación de 100.000 juicios en marcha.

Los jueces advierten que la norma tendrá "efectos devastadores"

La norma prevé que ningún proceso penal, civil o administrativo pueda durar más de seis años. Dos años por cada instancia. Se aplicará a los delitos penados con menos de diez años de reclusión. Éstos se extinguirán de forma automática en primer grado si el juez no dicta sentencia en 24 meses desde el momento en que la acusación abrió el proceso.

La nueva ley, que la mayoría conservadora justifica en la objetiva e insufrible lentitud de la justicia italiana, sólo se aplicará a aquellos imputados que no tengan condenas previas. Salvo en un caso. Por exigencia de la Liga Norte, que finalmente apoyó el proyecto, los extranjeros acusados de inmigración ilegal, delito penado con una multa, no tendrán derecho al proceso breve. Se les iguala así a los sospechosos de mafia o terrorismo.

Bajo su aspecto de servicio público, el proyecto de ley supondrá mudanzas de proporciones colosales, según advirtieron la oposición y la Asociación Nacional de la Magistratura (ANM). Ésta habló de la "probable inconstitucionalidad" de la norma y anunció que tendrá "efectos devastadores para el funcionamiento de la justicia penal". La ley supondrá de hecho la "despenalización" de muchos delitos graves y otorgará "impunidad" a la inmensa mayoría de delitos de cuello blanco.

La consecuencia para Berlusconi es que sus procesos pendientes morirán sin condena: el caso Mills (en el que está acusado de corrupción) y el caso Mediaset (fraude fiscal) empezaron en 2005 y 2006, respectivamente. Como todavía no ha habido sentencia, ambos morirían de inmediato. Decenas de miles de procesos más, advirtieron los jueces, se irán también al limbo.

La ANM enumeró los crímenes que quedarán impunes de hecho, porque será materialmente imposible juzgarlos dentro del nuevo plazo: "Abuso de poder, corrupción en sede judicial, revelación de secretos oficiales, estafa simple y agravada, fraude comunitario, fraude fiscal, falsedad contable, quiebra, escuchas ilícitas, delitos informáticos, venta de productos falsificados, tráfico de residuos, venta de productos piratas; explotación de la prostitución, falsificación de documento público, calumnia y falso testimonio, lesiones personales, homicidio por error médico, maltrato familiar, incendio, aborto clandestino".

El título de la ley, llamada Gasparri-Quagliarello por los senadores que la firman, podría ser "pagan los débiles, se salvan los ricos". Incluso juristas afines a la derecha, como Antonio Baldassarre, mostraron su perplejidad: "Es [una ley] inconstitucional y vergonzosa, me siento sobre todo desolado como ciudadano".

El Partido Democrático reaccionó con furia. La jefa del grupo de senadores, Anna Finnochiaro, tiró el texto contra una pared de la sala de prensa y dijo: "La norma no se aplicará, por ejemplo, al robo agravado. Para un gitano que hurta el proceso seguirá igual, pero casos como la estafa de Parmalat irán a la papelera".

El partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), acosado por los jueces que han pedido el arresto de Nicola Cosentino, secretario de Estado de Economía, por complicidad con la Camorra, no queda del todo satisfecho. Planea aprobar también, entre otras medidas, la inmunidad parlamentaria.