La rebelión estalla dentro de las FARC

"Hemos discutido mucho entre nosotros. La lucha armada no está ofreciendo soluciones a los problemas del país. Por eso hemos dado este paso. Ya somos ex combatientes". Tres años en prisión no le han borrado el aire marcial a Jorge, comandante del frente 56 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fulgencio, Nolberto y Tomás le acompañan en la fría sala del penal de máxima seguridad de Cómbita, un laberinto de muros y alambradas ubicado en el departamento de Boyacá, al norte de Bogotá.

Ellos y otros 150 guerrilleros allí recluidos han quemado las naves. No volverán a empuñar un fusil.

600 de los cerca de 1.700 guerrilleros presos han firmado su desmovilización

Pueden acogerse a una reducción de condena y a planes de reinserción

Lo último que podía esperar el Secretariado de las FARC, que resuelve las faltas de disciplina más nimias con métodos tan expeditivos como el fusilamiento, era una rebelión interna. Y le ha estallado en toda regla: 600 de los cerca de 1.700 guerrilleros encarcelados han firmado un documento en el que rechazan ser canjeados por secuestrados y anuncian su desmovilización.

El plante de los presos es un serio revés para la estrategia de las FARC, que considera el "canje" o "intercambio humanitario" como su tabla de salvación en un momento en el que se ve atenazada por el Ejército y las deserciones. En documentos internos, la dirigencia del grupo armado deja claro que su oferta de liberar a 44 secuestrados a cambio de 500 guerrilleros presos está condicionada a su salida de las listas de grupos terroristas y a la cesión, por parte del Gobierno, de dos municipios estratégicos, Pradera y Florida. Esto les permitiría reconstruir sus redes operativas, "diplomáticas" y financieras. Los 500 excarcelados se reincorporarían de inmediato a sus frentes respectivos.

"No es un intercambio humanitario. Es trata de personas", clama la holandesa Liduine Zumpolle, veterana activista de derechos humanos y directora de la Fundación Reconciliación Colombia. "A los presos nadie les ha consultado. Esa gente está obligada a volver al monte, y todos los que insisten en ese debate deberían ser conscientes de ello. ¿Cómo puede el presidente de Francia hablar del canje, si no tiene ni idea de lo que pasa aquí?".

La revuelta silenciosa comenzó hace siete meses en la cárcel de Bellavista, en Medellín, cuando unos presos impulsaron unas "jornadas de reconciliación" con sus víctimas. Simultáneamente, en la prisión bogotana de la Picota emergía un grupo de disidentes de la guerrilla. Debates similares se daban en otras cárceles del país. Poco a poco, las iniciativas aisladas cristalizaron en el movimiento Manos por la Paz, coordinado desde fuera de la cárcel por Álvaro Agudelo y Felipe Salazar, dos ex combatientes de las FARC. La proclama era escueta: no al canje, liberación inmediata de todos los rehenes e inicio de negociaciones de paz.

"¡Nadie les hacía ni caso!", cuenta Liduine Zumpolle. "Me pidieron que los representara y acepté porque es una salida diferente, pacífica, y porque es justo que esta gente tenga una nueva oportunidad en la vida. La mayoría son campesinos reclutados con 12 o 13 años. Los paramilitares pudieron acogerse a la reinserción porque sus jefes se desmovilizaron. Y éstos van a pagar 40 años de cárcel porque sus líderes tienen otros intereses para no dejar las armas".

Las gestiones de Zumpolle han dado sus frutos. El pasado 4 de abril, el Gobierno firmó el Decreto 10/59, por el que los presos de las FARC pueden acogerse a la Ley de Justicia y Paz, que implica colaborar con la justicia, confesar los crímenes, reparar a las víctimas y comprometerse a no volver a las armas, y conlleva la reducción de condenas hasta un máximo de ocho años de cárcel y programas de reinserción.

Álvaro, Felipe y un pequeño equipo de voluntarios recorren las cárceles del país, repartiendo formularios y explicando las condiciones de esa ley. "Han firmado 600, pero la cifra aumenta. Cada vez hay más mandos", dice Álvaro. "Lo gracioso es que detrás va Piedad Córdoba

[la senadora que ejerció de mediadora para el canje, junto a Hugo Chávez] y su gente, instando a los presos a que no se desmovilicen porque saldrán con asilo a Venezuela o Francia".

Fulgencio reconoce que tienen miedo. "Ahí en las vereditas están nuestras familias". Fuera de la cárcel, las amenazas contra Manos por la Paz se han materializado en el asesinato de su delegado en Cali. Entre rejas, donde las FARC organizan a sus presos en células férreamente controladas, el asedio y las palizas han llevado a varios disidentes a pedir su reclusión en celdas de aislamiento, para protegerse. "En Cómbita hemos tratado de separar a los activos de los no activos. Pero no siempre es posible", explica el coronel Iván Arévalo, director del penal. "Hemos hablado con los líderes de los pabellones. Lo que sí hay es discriminación de los traidores".

Así les llaman las FARC, que en un comunicado reciente exaltaban "la firmeza revolucionaria de los prisioneros de guerra, convencidos de que no hay sacrificio inútil cuando se consagra al supremo interés de la patria". Fulgencio cree que ya se ha sacrificado lo suficiente. "Después de 11 años vine a tener el primer contacto con mi hija aquí en la cárcel", dice. "Quiero volver con la familia". También Nolberto añora a su gente. Este guerrillero del Bloque Sur saltó a la fama el pasado abril, cuando pidió perdón a la familia de Ingrid Betancourt por el secuestro de la candidata presidencial, en 2002, en el Caguán. "No fue planificado", cuenta. "Yo estaba en el retén. La orden era detener a todos los funcionarios públicos. Apareció el carro de un momento p'a otro. Distinguí quién era porque llevaban pancartas con las fotos de la doctora". Después de entregarla a sus mandos no la volvió a ver.

"El calificativo de traidores es un insulto obvio, porque es una ruptura", comenta Tomás, que es maestro. "Pero uno debe actuar en conciencia. Para mí, la lucha armada ha terminado, pero no voy a renunciar a trabajar por cambiar esta sociedad. Hemos cometido demasiadas equivocaciones". También Jorge sueña con la política activa tras casi 20 años en la selva. "Quiero ser alcalde de mi pueblo, Tauramena, para demostrar que podemos hacer algo benéfico".