El precio de mirar hacia otro lado

Ruanda ha comenzado a conmemorar su mayor tragedia nacional: el genocidio que en la primavera de 1994 acabó con la vida de 800.000 tutsis y hutus moderados. En sólo 100 días, los genocidas acabaron con el 20% de la población. Mataron lista en mano, dirigidos por las milicias del Poder Hutu y alentados por locutores de la radio de las Mil Colinas que exigían arrancar los fetos de las mujeres embarazadas tutsis.

La llamada comunidad internacional dispone también de 100 días para recordar y meditar sobre su pasividad mientras los interhamwe (los que matan juntos) macheteaban a un ritmo de 333 muertos a la hora. La Iglesia católica tiene también motivos para la reflexión y para pedir perdón a las víctimas por el papel de algunos de sus sacerdotes y monjas, que reunieron a sus fieles tutsis en los templos y después participaron, cuando no dirigieron, su asesinato.

Aún se discute quién disparó o mandó disparar el misil tierra-aire que derribó el avión del presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, y cuya muerte puso en marcha la maquinaria del genocidio. Se discute con pasión en Francia, cuyo Gobierno liderado entonces por François Mitterrand fue de los mayores responsables: alimentó durante años de armas al Poder Hutu y organizó en los estertores del genocidio la Operación Turquesa, que no era una misión humanitaria, sino militar, cuyo fin fue salvar a los líderes de su régimen favorito a los que asentó en la frontera de Zaire en decenas de campamentos.

Se discute quién mató a Habyarimana cuando el hecho incontestable es que la matanza estaba preparada minuciosamente por el Poder Hutu y que existían listas de tutsis por distritos, aldeas y barrios y las milicias de asesinos sabían lo que debían hacer cuando se diera la orden.

Al presidente lo pudieron matar los radicales de su régimen que lo consideraban un traidor por firmar los acuerdos de paz de Arusha con la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR), creada por los tutsis exiliados en Uganda a finales de los años cincuenta y que había ocupado el norte de Ruanda. Lo pudo matar el FPR, que tenía acantonado en Kigali a 600 hombres tras esos acuerdo de paz, y lo pudo matar una potencia extranjera insatisfecha con el manejo de la situación de su antiguo cliente. La lista de sospechosos es larga; las pruebas, escasas.

Discutir tanto sobre la excusa que pone en marcha una maquinaria de muerte que asesinó a un ritmo tres veces superior al de los nazis en el Holocausto y obviar el genocidio posterior es una forma de negacionismo, de empatía moral con los ejecutores, con los asesinos.

El genocidio de 800.000 personas y la huida de dos millones de hutus asustados a Zaire, arrastrados por el Poder Hutu (a los que se negaban a abandonar sus aldeas se les acusaba de colaboracionistas), provocó una quiebra moral, tal vez irreparable, de la sociedad ruandesa. La toma del poder por parte del Frente Patriótico Ruandés en julio de 1994 puso fin al genocidio de tutsis, pero no a la muerte (una epidemia de cólera mató en Goma a 30.000 hutus ese verano) ni a las matanzas, las de los otros y las suyas.

Durante dos años, la comunidad internacional (ONU y ONG incluidas, aunque ése no era su trabajo) mantuvo campos de refugiados de Zaire en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, fronterizos con Ruanda, pese a que eran gobernados por los genocidas. Desde esos campos se lanzaron incursiones contra la nueva Ruanda y se produjeron nuevos asesinatos. Nadie hizo nada por impedirlo. Se prefirió otra vez mirar hacia otro lado. Algunos de los países que enviaban ayuda a los Kivus vendían armas a los asesinos que obtenían el dinero para pagarlas del comercio ilegal de la ayuda humanitaria recibida.

En 1996, las nuevas autoridades de Ruanda lanzaron una ofensiva militar contra los campos a través de una guerrilla local, los banyamulengues (tutsis zaireños), apoyada por soldados regulares. Decenas de miles de hutus huyeron a la selva, aunque la gran mayoría optó por regresar a su país. La caída de los campos a finales de 1996 puso en marcha una rebelión más amplia, liderada por Ruanda y Uganda y su hombre, Laurent Kabila, contra Mobutu Sese Seko, el dictador de Kinshasa y estrecho aliado de Francia. El FPR aprovechó ese avance hacia la capital zaireña para matar todos los hutus posibles, sin diferenciar entre genocidas y escudos humanos.

Aquel avance hacia Kinshasa de una guerrilla variopinta liderada por Kabila escondía otra guerra dentro la guerra, la pugna entre Francia, la vieja metrópoli, y EEUU que, ganada la Guerra Fría, dejó de ver comunistas por doquier y empezó a detectar valiosos minerales en el subsuelo africano.

En mayo de 1997 cayó Mobutu del trono de Kinshasa y se instaló en él Kabila, el hombre de Ruanda y Uganda que no cumplió las expectativas. Por ello, sus patrocinadores trataron de derrocarle en agosto de 1998. Del fracaso de aquella asonada brotó otra guerra que implicó a Zaire (llamada ya República Democrática de Congo), Ruanda, Uganda, Burundi, Namibia, Angola, Chad, Sudán y Zimbabue. Esta guerra mundial africana, que finalizó con unos precarios acuerdos de paz en julio de 2003, ha causado la muerte directa o indirecta (hambre y enfermedades) de más de cinco millones de personas, según las ONG.

Decía al principio que todo empezó con un genocidio de 800.000 personas que nadie quiso o supo parar. Como ahora en Sudán, donde también falta perspectiva. O como sucedió en Bosnia-Herzegovina: más de 100.000 muertos y dos millones de desplazados y refugiados de una guerra que en marzo se cumplieron 17 años de su inicio. De aquella incapacidad de actuar nació Kosovo y sus consecuencias de Abjacia y Osetia del Sur. La política internacional es una compleja madeja que no obedece a cómodos plazos electorales de cuatro años. A veces, mirar hacia otro lado mata, es obsceno, y a la larga resulta demasiado caro desde el punto de vista político.