El pasado persigue a Fujimori
La justicia de Chile se pronunciará en breve sobre la entrega a Perú del ex presidente golpista
La fiscalía chilena se pronunciará próximamente sobre la extradición a Perú del ex presidente de este país, Alberto Fujimori, reclamado por acusaciones de corrupción masiva y crímenes de lesa humanidad. El hombre que gobernó en Perú desde 1990 hasta 2000 tiene ahora 68 años, presenta un aspecto saludable, juega al golf en las estribaciones de la cordillera de Santiago y devora cebiche y mariscos en los restaurantes caros de la capital de Chile.
Fujimori no parece angustiado. El proceso de extradición sufrió "un retroceso" desde que Alan García asumió la presidencia de Perú, en julio de 2006, según denunció Gisela Ortiz, portavoz de una asociación de víctimas. Algunos analistas atribuyen el supuesto "desinterés" de García a que necesita el apoyo político de los cargos electos leales a la disciplina de Fujimori.
Fujimori, que se mueve libremente por Chile, mantiene adeptos en Perú
Una asociación de víctimas duda del interés de Alan García en la extradición
El reo, prófugo de la justicia peruana desde su huida en el año 2000 a Japón, aguarda la decisión de la fiscal chilena Mónica Maldonado, que habrá de ser tenida en cuenta por la Corte Suprema de Chile para la sentencia definitiva sobre la extradición. El ex gobernante llegó inesperadamente a Chile el 6 de noviembre de 2005, en un avión privado, con la descarada intención de participar en las elecciones generales peruanas del año 2006, ganadas por Alan García. El hombre conocido por el apelativo de El Chino, procedía de Tokio, cuyo Gobierno le amparó contra la persecución judicial peruana mediante la concesión de la nacionalidad nipona.
"Espero que Chile actúe de acuerdo con la ley y envíe el fuerte mensaje a la comunidad internacional de que la corrupción y las violaciones de los derechos humanos no son tolerables", pidió Alejandro Toledo, que presidió Perú entre 2001 y 2006.
Fujimori, ingeniero agrónomo, gobernó en Perú con una presidencia golpista desde el año 1992; una liberalización económicamente prometedora, pero plagada de corrupción; y unos cuerpos de seguridad con licencia para matar. En suma: con ausencia del Estado de derecho en una sociedad afectada por la débil adscripción a los principios de la democracia. Los escuadrones de la muerte mataron a muchas personas, pero algunos asesinatos fueron especialmente escandalosos: 15 personas murieron acribilladas en 1991, en el barrio limeño de Barrios Altos, y un profesor y 10 estudiantes de la Universidad de la Cantuta, al año siguiente. Todos, acusados falsamente de ser terroristas de Sendero Luminoso.
En su momento, el fiscal Anticorrupción de Perú, Carlos Briceño, pidió a Chile que procediera a la detención de Fujimori para evitar una nueva fuga durante los trámites de la extradición. El ex presidente peruano permaneció detenido seis meses en Santiago, pero fue puesto en libertad a la espera de sentencia. El largo proceso contra el advenedizo que derrotó al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones generales de 1990 -gracias al apoyo a Fujimori del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), a la que pertenece el actual presidente, Alan García- es atentamente seguido por tres países: Chile y Perú, cuyas disputas territoriales les llevaron a la guerra en el siglo XIX; y Japón, nada interesado en la entrega del ex mandatario a Perú, donde su figura cuenta con un número de adeptos nada desdeñable.
La justicia peruana prometió respetar el fallo chileno. Pero dado el simbolismo del caso Fujimori, la decisión "creará olas, no importa cuál sea la que tome La Moneda" (sede del Gobierno chileno), señaló el analista peruano Mirko Lauer.
"No sabía nada"
Alberto Fujimori afirmó ante un juez que "no sabía nada" sobre las barbaridades cometidas por el Ejército y sus escuadrones de la muerte. El que fuera su jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza, testificó, sin embargo, que Fujimori estuvo al tanto de la guerra sucia de los matones policiales o castrenses.
Si el ex gobernante fuera extraditado, se toparía en prisión con su principal cómplice: Vladimiro Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia y del grupo paramilitar Colina, y ejecutor, con el general Hermoza, del golpe del 5 de abril de 1992. Ese cuartelazo disolvió los poderes ejecutivo y judicial de Perú para sustituirlos por una forma institucional a la medida de la autocracia en construcción.
La prioridad del tridente al mando fue acabar con Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, detenido en 1992. Para ello, Fujimori ignoró todo límite y autorizó una política de aniquilación del sospechoso: la tortura, el asesinato, la ejecución sumaria y el encarcelamiento masivo -siempre según los cargos que pesan sobre él- con juicios presididos por magistrados que ocultaban su identidad: los denominados jueces sin rostro. Más de 5.000 personas fueron condenadas a severas penas en vistas sin garantías procesales.
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