Los países del Golfo negocian la inmunidad para el presidente yemení

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha enviado a Yemen a su flamante secretario general, Abdul Latif al Zayani, para tratar de convencer al presidente Ali Abdalá Saleh de que abandone el poder. La propuesta contempla su dimisión en el plazo de 30 días, una vez que el Parlamento garantice su inmunidad, y elecciones 60 días después. El partido gubernamental ha prometido una respuesta para hoy. Aunque según fuentes diplomáticas occidentales en Saná, Saleh habría aprobado en principio esa salida, no está claro que la oposición vaya a aceptarla. Al Zayani se queda al menos hasta hoy para tratar de presionar en ese sentido. Lo contrario daría una excusa al mandatario yemení.

Desde finales de enero, Saleh hace frente al mayor desafío político de sus 32 años como presidente, primero de Yemen del Norte y desde 1990 del Yemen unificado. Un movimiento popular, que cada día cuenta con un mayor respaldo en todo el país, organiza manifestaciones casi cotidianas pidiendo su dimisión inmediata. La represión de esas protestas ha dejado ya 130 muertos y exacerbado el malestar de los yemeníes, una de las naciones árabes más pobres.

El líder del país árabe más pobre tiene una fortuna de 34.000 millones

"Está políticamente acabado", asegura el expresidente Ali Naser Mohamed en Dubái, donde ha mantenido contactos con otros opositores sobre el futuro de Yemen. La mayoría de ellos coincide en que lo que retrasa la salida de Saleh es la búsqueda de garantías de inmunidad ante un eventual proceso judicial. "Está preocupado por el dinero", señalan. Fuentes de la oposición estiman su fortuna en 50.000 millones de dólares (unos 34.000 millones de euros).

Justamente la exoneración de responsabilidades penales una vez que deje el poder es la principal novedad de la última propuesta que le ha presentado el CCG. "En realidad, se trata de una variación de la 30-60 que diseñaron los estadounidenses y que cuenta con el apoyo europeo", explica un diplomático conocedor de los entresijos. Pero a diferencia de aquella, que Saleh rechazó a principios de mes, la versión impulsada por los vecinos de Yemen establece que el presidente delegue sus poderes ejecutivos en el vicepresidente no de inmediato sino al presentar su cese, en 30 días, y si el Parlamento ha aprobado la prometida ley de inmunidad.

Según la oferta del CCG, la dispensa alcanzaría al presidente, su familia y sus colaboradores más cercanos. Eso es lo que pidió la delegación del Gobierno yemení que el martes por la noche se reunió con los ministros de Exteriores del Consejo. "La solicitud ya es una aceptación implícita de culpabilidad", interpreta un diplomático yemení que simpatiza con los opositores.

El resto del plan es muy similar al original. El vicepresidente formaría un Gobierno de unidad nacional, con un 50% de los ministros del partido gubernamental, un 40% de la oposición y un 10% de independientes. El nuevo primer ministro convocaría elecciones, que según la Constitución deben celebrarse antes de 60 días. Como contrapartida, desde la firma del acuerdo deberían cesar las protestas.

"Damos la bienvenida a esta iniciativa y vamos a tratarla de forma positiva", aseguró un alto funcionario a la agencia Reuters. Según esta misma fuente, el Congreso General del Pueblo (CGP), el partido oficial, no tardaría en responder más de 24 horas. El problema es convencer a la oposición, que no se fía de las promesas de Saleh y teme que su dimisión ante el Parlamento sea una trampa. Los diputados del CGP podrían negarse a aceptarla.

"Queremos que tenga una salida honorable", señala el expresidente Mohamed, que se pone como ejemplo de que "dejar el poder no es dejar la vida". Sin embargo, en sus declaraciones públicas, los portavoces del Foro Común, el paraguas que agrupa a los partidos opositores, rechazaban hasta ahora el plazo de 30 días y las garantías de inmunidad. Aunque en privado algunos de sus miembros admitieran que llegado el momento podrían ser flexibles, tendrían grandes dificultades para convencer a los manifestantes, verdaderos impulsores de la revuelta contra Saleh y que desde el principio han insistido en llevarle ante los tribunales.

Ese movimiento popular ha convocado una nueva jornada de protesta bajo el lema "viernes de la última oportunidad". El CGP ha organizado su contramanifestación por un "viernes de la reconciliación". Los opositores desestiman ese respaldo. "Solo existen el presidente y el palacio", apunta Mohamed, que cifra en 10.000 millones de riales yemeníes (unos 31 millones de euros) lo que Saleh gasta cada mes en financiar a sus simpatizantes.