Los jueces se enfrentan a Sarkozy

Los jueces y magistrados franceses han declarado la guerra a Nicolas Sarkozy. Algunos tribunales comenzaron el viernes, en señal de protesta, a negarse a llevar a cabo las audiencias no urgentes y a posponerlas. Seis días después, casi la totalidad de los 192 tribunales y de las cortes de apelación se han ido sumando a una protesta, que hoy alcanza su jornada definitiva, con una decena de manifestaciones organizadas en varias ciudades y una auténtica huelga de togas, algo sin precedentes en Francia, donde los jueces no tienen derecho a la huelga.

El origen de la disputa hay que buscarlo en un macabro asesinato que ha conmocionado Francia, el de la joven Laëtitia Perrais, cuyo cadáver troceado, después de varios días de búsqueda, fue encontrado la semana pasada dentro de un saco en el fondo de un lago cercano a su pueblo, La Bernerie-en-Retz. El principal acusado, sobre el que pesan pruebas definitivas, Tony Mailhon, era un viejo conocido de la policía y de la justicia francesa. Arrestado por primera vez a los 17 años por un delito sexual, había pasado más de doce años en la cárcel, la mayoría respondiendo a robos y altercados por la autoridad. Fue puesto en libertad por última vez en febrero de 2010, bajo la condición de que fuera vigilado por un especialista en inserción social. No lo fue.

Sarkozy, el pasado jueves 3 de febrero, en Orleans, habló del crimen de Laëtitia y aseguró que, por parte del estamento judicial, existieron "disfunciones graves". "Nuestros compatriotas no comprenderían que no existiese una sanción para ellos", añadió.

Los jueces tardaron poco en reaccionar y en criticar que el presidente de la República, que ya se ha enfrentado varias veces al estamento judicial, aprovechara de una manera populista un asunto tan escabroso a costa de ellos, y reclamaron, en vez de amenazas, más medios para llevar a cabo su misión. Bruno Fritel, un trabajador social del servicio de integración aseguraba el domingo en Le Journal du dimanche que el seguimiento de Meilhon, de 31 años, no se hizo porque desde que tenía 17 años no había incurrido en ningún otro crimen sexual y porque se ven obligados a seleccionar ya que se encuentran desbordados de trabajo: "Con 27 trabajadores, hay que hacer el seguimiento de 4.000 personas".

Desde el otro lado, el primer ministro, François Fillon, replicó el martes: "La reacción de los jueces es excesiva. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Los ciudadanos no deben sufrir las consecuencias de la protesta de jueves". También hay diputados de la Unión por la Mayoría Popular (UMP), el partido de centro derecha de Sarkozy, que acusan a los jueces de considerarse un estamento aparte, poco amigo de las críticas y de admitir errores.