Un general chileno se declara en rebeldía contra un fallo que le condena a 5 años

Un ex alto miembro de la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) chilena, el general en retiro Raúl Iturriaga, se declaró en rebeldía ante el fallo judicial que en última instancia lo condenó a cinco años de cárcel por la detención y desaparición de un estudiante en la dictadura y pasó a la clandestinidad para evitar ser detenido. El juez Alejandro Solís, que condenó a Iturriaga a 10 años de cárcel, aunque la Corte Suprema redujo la pena a cinco años, dictó una orden amplia de investigar a la policía civil para encontrar al oficial que desafía al Estado de derecho.

El caso preocupa al Gobierno y a organismos de derechos humanos por el precedente que puede sentar cuando muchos procesos por los crímenes de la dictadura se aproximan a la fase de sentencia, mientras otros militares retirados se solidarizaron con el prófugo.

Iturriaga, que durante la dictadura fue jefe del departamento exterior de la Dina, la policía política de Augusto Pinochet, y del cuartel de detención clandestino de la Venda Sexy, donde se aplicaron torturas especialmente sexuales y desaparecieron decenas de prisioneros, preparó con cuidado su fuga. Dijo al juez que prefería ir a la cárcel por sus medios y no esperar a ser detenido y trasladado primero al tribunal, para evitar contramanifestaciones. No se presentó y, pocas horas después, un hermano suyo presentó una denuncia por presunta desgracia.

El general envió un comunicado a los diarios y un vídeo en el que lee el texto a los canales de televisión, buscando la máxima cobertura. "Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena. ¡No la acepto!", afirma Iturriaga en su mensaje.

Agrega que no conoció a la víctima, Luis San Martín, ni ordenó su detención. Y denuncia que, como otros 500 miembros de las Fuerzas Armadas, ha tenido un "indebido proceso (...) ante la mirada complaciente del Gobierno". Según Iturriaga, condenado en Italia por el atentado contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton, procesado en Chile por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa y requerido por el magistrado español Baltasar Garzón, muchos jueces "han transgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes" al basar sus fallos en que los detenidos y desaparecidos son víctimas de secuestro permanente y esos delitos son imprescriptibles e inamnistiables.

Considerado uno de los principales jefes de la represión contra los opositores bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990), Iturriaga afirma que en el proceso ha debido soportar humillaciones, careos con falsos testigos, pérdida de trabajo y caos financiero. "¿Debemos seguir aceptando esto?", se pregunta en un interrogante dirigido a sus ex camaradas. Y responde: "¡Yo no! ¡Ya no más!".

Varios militares chilenos en retiro se han solidarizado ya con Iturriaga. El ex vicecomandante en jefe del Ejército, el general Guillermo Garín, que fue portavoz de Pinochet, dijo que la carta de Iturriaga refleja lo que piensan muchos militares y lo calificó como un "brillante oficial, con condiciones de líder".

Cuatro ministros se refirieron al tema. El portavoz del Gobierno, Ricardo Lagos Weber, pidió al oficial "rendirse y entregarse a la justicia" porque tuvo un juicio justo, una condena y "nadie está sobre la ley". El de Justicia, Carlos Maldonado, pidió a la policía que lo detenga. El del Interior, Belisario Velasco, descartó que el Ejército vaya a responder al desafío de Iturriaga, porque "esos tiempos pasaron hace muchos años" y hoy el Ejército es una institución "regular y profesional". Y el de Defensa, José Goñi, afirmó que no tiene una preocupación especial sobre el caso de "un ciudadano" que no acata un fallo judicial, porque se trata de un "hecho individual", y dijo que el jefe del Ejército, el general Óscar Izurieta, no ha realizado mayores comentarios sobre el tema en los contactos que han tenido.

El único precedente de un general que en democracia ha intentado desafiar una condena judicial, refugiándose en sus tierras en el sur del país y después en un regimiento y un hospital naval, es el que sentó el ex jefe de la Dina Manuel Contreras, quien en 1995, después de dos meses de rebeldía y por falta de apoyo en el Ejército, debió resignarse e ir a una prisión especial para militares.