Del falso positivo a la falsa absolución

Crece el escándalo en Colombia. Ya son 31 los militares implicados en los llamados falsos positivos que han recuperado la libertad. Un mayor salió el 30 de diciembre; 17 uniformados más, la semana pasada; el martes un juez liberó de culpas a otros seis, y ayer miércoles ocurrió lo mismo con siete más, entre ellos un coronel.

La razón de la libertad para los implicados siempre ha sido la misma: vencimiento de términos. Así lo justificó el juez que adoptó la medida, Fernando Sarmiento, titular del Juzgado Segundo de Control de Garantías de Soacha: la fiscalía permitió que venciera el plazo para llamar a juicio a estos implicados.

Los falsos positivos son un aberrante caso de violación de derechos humanos por parte del Ejército colombiano. Reclutaban con falsas promesas de trabajo a hombres de pocos recursos, algunos menores de edad, otros con discapacidades físicas, y luego los asesinaban y los presentaban como muertos en combate.

Así, los militares conseguían favores para sus carreras: desde permisos dominicales hasta ascensos. Desde hace seis años se han presentado más de 1.200 casos. Y ante las denuncias y pronunciamientos de alarma de ONG nacionales e internacionales todos se pasan la pelota de la responsabilidad.

El presidente del país, Álvaro Uribe, ha criticado duramente las decisiones judiciales. Los jueces implicados acusan a la fiscalía y al Consejo de la Judicatura —criticada por sus actuaciones políticas—por demorar los tiempos de la adjudicación de los casos. La presidenta de este tribunal le echa la culpa al nuevo sistema penal acusatorio que empezó a operar hace poco en Colombia.

Rabia e impotencia

La fiscalía ya apeló los fallos. Guillermo Mendoza, fiscal encargado del caso, reconoce que esta cadena de liberaciones pone en entredicho las instituciones judiciales.

Entre tanto, las madres de los muertos lloran de rabia e impotencia. Muchas de ellas han recibido amenazas de muerte. Pero ya anunciaron que demandarán el caso ante la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad de estos crímenes.

"Ésta es ya una prueba de que no habrá justicia", dice Lilia Solano, directora de la ONG Justicia y Vida. Califica lo que esta ocurriendo de absurdo y perverso. "La defensa se la jugó a manejar triquiñuelas para llegar al vencimiento de términos". Y se hace una pregunta: "La mayoría de los detenidos han sido los autores materiales, ¿los que dieron las órdenes dónde están? La responsabilidad llega al Ministerio de Defensa y de eso nadie habla", le dijo a EL PAÍS.

Tito Gaitán, abogado de la ONG Minga, asegura que por parte del Estado no se ha dado un "esfuerzo concertado ni sostenido en el tiempo" para que ceda la impunidad. "A las investigaciones se les ha dado tratamiento de delito ordinario", asegura. Hasta el momento, 48 militares han sido vinculados formalmente al proceso (tres son oficiales). Treinta y uno ya están libres.