El defensor del pueblo de México revela secuestros masivos de migrantes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene previsto hacer público un informe en las próximas semanas en el que revelará la escabrosa profundidad de lo que podría ser una de las tragedias humanitarias menos documentadas del siglo XXI: el secuestro en suelo mexicano de 20.000 migrantes centroamericanos al año. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, reveló el jueves que su oficina ha documentado de abril a septiembre pasado un total de 214 secuestros colectivos. En cada golpe, los criminales capturan a unos 50 sin papeles de media. La CNDH es un organismo público equivalente al Defensor del Pueblo en España.

La cifra de 20.000 secuestrados al año coincide con la conclusión de la propia Comisión tras un estudio realizado entre 2008 y 2009. Pero en esta ocasión el defensor del pueblo aseguró que el informe tendrá una novedosa estructura, metodología e identificación de los casos, así como la nacionalidad de los migrantes, y aportará testimonios. El informe "permite en buena medida tener un panorama de qué es lo que está sucediendo".

La mayoría de los migrantes son secuestrados en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas. Muchos inician su viaje en suelo mexicano abordando La Bestia, un ferrocarril de carga así apodado que sale de Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. El tren es detenido por autoridades migratorias para capturar a los migrantes ilegales. Pero esos operativos han sido denunciados como parte de una trama criminal que, al provocar la dispersión de los indocumentados, en realidad los lleva directos a los secuestradores. Por ello, a petición de las cancillerías hondureña, guatemalteca y salvadoreña, desde la semana pasada el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió los operativos nocturnos de revisión de indocumentados.

Plascencia detalló que por cada secuestrado los criminales solicitan un pago que varía en cada caso, pero que en general va "de los 5.000 dólares hasta los 15.000, dependiendo de la condición [socioeconómica] en la que se encuentra cada uno de ellos". Aseguró además que los testimonios recabados de las víctimas y de testigos de los secuestros se desprende la complicidad de autoridades con los criminales: "Se hace referencia a la intervención de elementos policiales y del INM que intervienen en operativos de estas características en una aparente connivencia con delincuentes".

La información del Ombudsman provocó una airada respuesta del Gobierno mexicano. Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dijo al periódico El Universal sobre las cifras de secuestros: "Categóricamente lo niego, las cifras de la CNDH no son reales, no coinciden con los números que tenemos. Acabo de tener reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales en el sur del país y esos números no coinciden con los de la comisión que preside Raúl Plascencia".

El Instituto Nacional de Migración, sin embargo, no ha informado de cuántos son, según ellos, los migrantes secuestrados anualmente. La tragedia ha sido documentada también por diversos grupos de defensa de los derechos humanos, que han acusado al INM de indolencia y a agentes de ese organismo gubernamental de estar involucrados en los secuestros.

Ayer, diversos defensores de derechos humanos iniciaron en Arriaga, Chiapas, de donde parte La Bestia, la llamada Caravana Paso a Paso hacia la Paz, con la que denunciarán la vulnerabilidad de los migrantes. Entre los autores de los secuestros, los activistas señalan que podrían estar tanto el grupo criminal de Los Zetas y pandillas como la Mara Salvatrucha 13 (MS 13).

En diciembre pasado, autoridades de El Salvador denunciaron un secuestro colectivo de unas 40 personas en la zona de Chahuites, Estado de Oaxaca, evento que la oficina de Beltrán del Río primero negó para un día después aceptar entrevistarse con 12 centroamericanos que viajaban junto con los secuestrados. Tres semanas después, la fiscalía mexicana no ha informado sobre avances de ese caso, apenas uno de los casi cotidianos crímenes contra los supuestamente 400.000 sin papeles que cruzan México cada año. El incidente más grave ocurrió el pasado agosto, cuando 72 migrantes fueron fusilados en Tamaulipas.