"En Venezuela se criminaliza el trabajo de los cooperantes"

Feliciano Reyna es presidente de Sinergia, una ONG venezolana fundada en 1996 especializada en salud, educación y defensa de los derechos humanos. Entre otras actividades, su organización atiende a enfermos de sida. Afirma que atiende a unos 35 ó 40 infectados al día. "Tenemos mucho trabajo en la ONG, pero pasamos la mayor parte del tiempo defendiéndola", comenta. Reyna se refiere a las amenazas y el hostigamiento del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, hacia las ONG. "Descalifican al mensajero, pero no atienden al mensaje", explica.

"En Venezuela se criminaliza el trabajo de los cooperantes", comenta Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas). Su organización, según apunta su web (www.cofavic.org.ve), se dedica a la protección de los derechos humanos y ofrece asesoría jurídica. Su página también aclara que la organización es "independiente de toda doctrina o institución partidista y religiosa". Mas su argumento no le exime del proyecto de ley sobre cooperación internacional que prepara el Gobierno venezolano. La nueva legislación pide a los activistas revelar los detalles de sus investigaciones "a cualquier ciudadano" y les exige que sus programas se ajusten a los de los proyectos gubernamentales. "Se trata de una desarticulación de la labor de las organizaciones", afirma.

Las reyertas entre Hugo Chávez y las ONG que operan en su país no son nuevas ni poco frecuentes. En septiembre de 2008, el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, fue expulsado del país tras difundir un informe crítico sobre las libertades públicas en Venezuela. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, advirtió entonces de que "todo aquel que pretenda inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos recibirá el mismo trato que Vivanco".

Vigilancia a los activistas

La nueva ley no obliga a las ONG a dejar el país, pero sí vigila sus programas y actividades dentro del país. Amnistía Internacional ha advertido de que la legislación "obstaculizaría" la labor de los activistas y ha señalado que "no explica claramente los criterios" bajo los que operarían, decisión que queda en manos del presidente venezolano, responsable de emitir la normativa al respecto.

Ortega afirma que el decreto pone en riesgo la labor que su ONG ha efectuado hasta ahora. "Cercena el trabajo de las organizaciones y desmantela muchos de los logros que hemos obtenido hasta el momento". Y entre si son peras o son manzanas, afirma que la situación no admite más espera. "Si hay algo que une a los venezolanos es la preocupación por la violencia", comenta. Una encuesta realizada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos difundida el año pasado señala que el 77% de la población de Venezuela señala a la inseguridad como el principal problema del país. Los datos están de su lado. Caracas es la capital mundial del asesinato, según señala Foreign Policy, con una tasa de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venezuela ocupa el primer lugar del continente. En 2008, se cometieron unos 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una cifra considerablemente mayor que los 35 de Colombia, los 20 de Brasil y los 17 de México. En Venezuela, un país de 26 millones de habitantes, unas 14.000 personas murieron asesinadas en 2008. La sangrienta lucha contra el narcotráfico en México, un país con 111 millones de ciudadanos, se cobró unas 6.500 vidas el año pasado.

Escalada de la violencia

En Venezuela, la violencia se ha agudizado en los últimos 10 años. En 1999, cuando Chávez asumió el poder, la cifra era de 5.974 muertos.

Cofavic realiza investigaciones sobre los crímenes, pero Ortega explica que "las posibilidades para investigar de manera independiente son muy pequeñas. Las víctimas y los activistas sufren acoso y hostigamiento, además de impunidad". Ortega subraya que sólo un 2% de las denuncias llega a juicio y de éstos, sólo un 1% recibe una condena. Reyna agrega que las cárceles venezolanas atraviesan una situación aún más apremiante. Cita las cifras que reflejan la inseguridad en las prisiones venezolanas. Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones señala que un 2% de los reos del país muere asesinado.

En Brasil, Argentina, México y Colombia, la tasa no supera el 0,1%. Las cifras oficiales, además, no incluyen los asesinatos cometidos en los penales. "Pasamos discutiendo sobre la legalidad de nuestro trabajo, cuando la mayor discusión debe ser los problemas que sufrimos todos los venezolanos", concluye.