El Vaticano promulga una ley para luchar contra el lavado de dinero
Un portavoz de la Santa Sede asegura que la nueva normativa hará "más creíble a la Iglesia ante la comunidad internacional y sus miembros"
Por primera vez en la historia, la Iglesia se adecua a las leyes internacionales de transparencia financiera y monetaria. Es decir que su banco deja de ser un agujero negro dentro el cual ninguna institución de vigilancia pueda bucear. O al menos esta es la intención oficial de la Ley número 127 del pequeño Estado, que el Papa Benedicto XVI ha promulgado hoy. La nueva norma establece que quien desarrolle una actividad financiera vinculada a la Santa Sede (el Estado soberano, como entidad diplomática) y a la Ciudad del Vaticano (su territorio, 44 hectáreas) debe someterse a "las obligaciones de prevención del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo".
"La paz, en una sociedad globalizada como la de hoy -explica Raztinger en la carta apostólica que ofrece el marco ideológico a la nueva norma- está amenazada también por el uso impropio del mercado y de la economía y por la violencia del terrorismo que causa muerte, sufrimiento, odio e inestabilidad social. La Santa Sede comparte el compromiso de la comunidad internacional para controlar con instrumentos jurídicos el blanqueo y la financiación al terrorismo y por eso intenta hacer propias estas obligaciones en la utilización de los recursos materiales que sirven para desarrollar su misión y la labor del Estado de la Ciudad del Vaticano".
Quien no respete estas obligaciones ya tiene sus penas: 12 años de cárcel por delitos de blanqueo, 15 por delitos vinculados con el terrorismo, de seis meses a cuatro años por malversación, de uno a cuatro años por fraude, lo mismo por abuso de informaciones privilegiadas. Para vigilar que las normas sean respetadas, Benedicto XVI constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF), "un organismo autónomo e independiente", del que no se sabe quién será el presidente y quiénes lo integrarán, que empezará su trabajo el 1 de abril de 2011. Sus miembros serán nombrados directamente por el Papa y vigilarán las diferentes entidades que administran dinero en la Iglesia: el APSA (que gestiona el patrimonio inmobiliario), el Governatorato (museos, empleados, farmacia, guardia suiza...) y, sobre todo, el IOR, el Instituto para las Obras de Religión (el Banco Vaticano), que hace tres meses fue investigado por la Fiscalía de Roma.
El pasado septiembre, la juez María Teresa Covatta dispuso la confiscación preventiva de 23 millones de euros de una cuenta corriente del banco Credito Artigiano a nombre del Banco Vaticano. En concreto, dos operaciones bancarias están bajo la lupa de los fiscales italianos: la transferencia de 20 millones de euros al banco de negocios JP Morgan, en Fráncfort (Alemania), y la de otras tres entidades a la Banca del Fucino, por las que, según los investigadores, no se facilitó la información necesaria impuesta por la normativa contra el blanqueo de capitales.
Por eso, y para aplicar un acuerdo de 2009 entre Bruselas y San Pedro, se hizo necesaria esta ley. "Se evitarán en el futuro" -ha dicho el portavoz vaticano, Federico Lombardi- "aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros". "La nueva normativa obedece a la exigencia de conservar el eficaz funcionamiento de los organismos que operan en el marco económico y financiero para el servicio de la Iglesia Católica en el mundo, y aún más, a la necesidad moral de la transparencia, honestidad y responsabilidad que hay que observar siempre en el ámbito social y económico", ha añadido el jesuita.
Con estas medidas, el Vaticano pretende entrar en la llamada lista blanca, la relación de Estados que respetan las normas de la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, el Vaticano no ha explicado todavía si serán transparentes los nombres de los que mantienen una cuenta en el IOR. Mucho depende de quien dirija la Autoridad de Información. Y de las transacciones y movimientos que haya antes del 1 de abril, cuando la ley entrará en vigor.
Acabar con los paraísos fiscales, una prioridad descafeinada para la OCDE
El rechazo social a las actividades opacas de los banqueros que la crisis financiera internacional trajo a primer plano de la actualidad, sumado a la necesidad de poner coto a la financiación de grupos terroristas, animó a los organismos supranacionales a incluir la lucha contra los paraísos fiscales entre sus prioridades. Entre las actuaciones más destacadas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró a principios de 2009 una lista negra con todos los Estados que tenían una normativa financiera laxa, principalmente en lo relativo al secreto bancario. Eso sí, con algunos grises y países que sin llegar a ser paraísos, no cooperaban con los supervisores.
Tras unos inicios esperanzadores, la iniciativa perdió algo de fuelle al suavizar la OCDE los términos para salir de la lista. Los casos más destacados fueron los de Suiza y Luxemburgo, que tras criticar la clasificación acabaron firmando el protocolo de cooperación modificado, sobre todo gracias a que se les amenazaron con sanciones económicas. El último en salir de la lista negra tras el firmar el perceptivo acuerdo por el que se comprometían a realizar intercambios de información fiscal fue Uruguay, lo que dio por concluido los trabajos a mediados de 2009. Desde entonces y ya en un segundo plano de la actualidad informativa, los estados pelean o bien por pasar al gris claro o, directamente, por aparecer como plenamente cooperantes.
No obstante, tal y como ha quedado demostrado hoy y tal y como reconoció en su día el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, "del dicho al hecho hay un trecho". Los países conocidos como paraísos fiscales se distinguen porque sus jurisdicciones facilitan la evasión fiscal gracias a la opacidad que proporcionan a sus clientes y cuyo sistema impositivo es muy laxo o incluso inexistente.
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