Straw pone en libertad a Pinochet
El ministro del Interior británico considera que el general no está en condiciones de afrontar un juicio
Después de 503 días de detención domiciliaria en Londres, Jack Straw, ministro británico del Interior, decidió ayer poner en libertad al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Nada más despegar hacia Chile, a primera hora de la tarde, Straw aludió en la Cámara de los Comunes a la salud del ex general para justificar la no extradición a España y admitió que Pinochet "probablemente no podrá ser juzgado en ninguna parte". En Chile, el presidente electo, el socialista Ricardo Lagos, dijo que con el regreso del ex general "desaparece un elemento de conflicto" y que ahora "hay que mirar hacia adelante". No habrá ninguna representación del Gobierno chileno a la llegada del avión, prevista para esta mañana.
ENVIADO ESPECIAL
El ministro del Interior británico, Jack Straw, puso ayer en libertad al general Augusto Pinochet, tras estar sometido a arresto domiciliario durante 503 días en el Reino Unido, casi diecisiete meses, al solicitar su extradición la justicia española en noviembre de 1998 por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El ministro ejerció la discreción general que le otorga la ley británica al considerar que por su salud física y mental, el ex dictador "está incapacitado para ser sometido a juicio". Ninguno de los cuatro países que solicitó la extradición (España, Bélgica, Francia y Suiza) presentó recurso de revisión judicial contra una decisión que pone fin, al menos en Europa, a uno de los procesos internacionales más espectaculares, en dinero y en recursos humanos, de la historia reciente.
El ex dictador fue escoltado ayer hasta el aeropuerto militar de la Royal Air Force (RAF) de Waddington, en Lincolnshire, donde abordó sobre la una de la tarde (14.00, hora peninsular española) un avión de la Fuerza Aérea Chilena que esperaba partir desde el pasado 31 de enero y que iba a aterrizar en territorio chileno en la madrugada de hoy (hora local).
La capital británica amaneció ayer con su estampa clásica. La bruma, a las cinco y media, era espesa. En el camino a la base aérea de Brize Norton, en Oxfordshire, se pudo saber que el avión de la Fuerza Aérea Chilena, un Boeing 707, que esperaba para trasladar al general Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, sus abogados y personal médico y militar, despegó muy temprano para ya no regresar a la citada base aérea. Muy pronto se confirmó que la partida del ex dictador había sido acordada, por razones de seguridad, desde otra base aérea.
En Virginia Water, un pueblo situado al sureste de Londres, en el condado de Surrey, un grupo de familiares de desaparecidos y torturados había acampado desde la noche del miércoles pasado, en la carretera, a doscientos metros de la casona que ocupaba Pinochet, en la exclusiva urbanización de Wentworth Estate. A las ocho de la mañana (nueve de la mañana, hora peninsular española), el ministro Straw dio a conocer su decisión final. "He resuelto hoy -señaló en un comunicado escrito- que no voy a ordenar la extradición del senador Pinochet a España. Adopto esta decisión en aplicación de la sección 12 de la Ley de Extradición de 1989".
Straw añadió que había informado a la Fiscalía Pública, habida cuenta de las obligaciones del Reino Unido de perseguir a los torturadores según la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Aunque no lo dijo, quedó claro que David Calvert-Smith, director de la citada fiscalía, consideró que con el informe médico de los especialistas británicos que revisaron a Pinochet el pasado 5 de enero era suficiente como para no acusar al ex dictador en el Reino Unido, cosa que más tarde se confirmó.
Tras informar de su decisión, el Home Office (Ministerio del Interior) empezó a enviar por fax una carta de 14 folios a todas las partes del procedimiento, en la que se explican las razones de la liberación. El ministro está convencido, dice, de que aún en el caso de que hubiera entregado a Pinochet a las autoridades españolas, un juicio de éste por torturas y conspiración para torturar no hubiera llegado a ningún veredicto, dada la situación de salud del ex dictador. Straw insistió, contra las críticas al informe médico británico, en que sus expertos son eminentes y en que se les pasó las críticas de médicos expertos belgas, españoles y franceses para que pudieran opinar. Según el ministro, los médicos británicos desestimaron todas las observaciones realizadas por los doctores extranjeros.
Straw esperó casi dos horas, hasta minutos antes de las diez de la mañana (hora local), antes de dar la señal de partida a los abogados de Pinochet, el británico Michael Caplan y los chilenos Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Álex Schweizer. Lo primero que se confirmó en esas dos horas era que Scotland Yard no actuaría contra Pinochet en el Reino Unido; lo segundo, que ningún país presentaría recurso contra su decisión, y que no se buscaría una medida cautelar para impedir la partida de Pinochet.
La policía de Surrey y un contingente de Scotland Yard, que llegó a Virginia Water al alba, prepararon la operación. Un helicóptero de la policía patrullaba un amplio radio de la zona.
El juez Baltasar Garzón envió a primera hora de la mañana una orden a la Fiscalía de la Corona, agente de España, para recurrir la decisión. El Gobierno español ya había dado instrucciones a la Embajada española en Londres para dar una contraorden a los fiscales, ya que se mantenía la posición de no recurrir.
El abogado de Bélgica, Richard Stein, esperó a leer la larga carta del Home Office antes de dar una opinión a sus clientes, el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. Si bien Straw invoca como un aspecto central el asunto de la salud de Pinochet, no es ésta la principal barrera para su extradición a España. El ministro se ha inclinado por utilizar su discreción más general. En otros términos, según ha dicho, la salud del ex dictador hace "injusto y cruel" su entrega para someterse a juicio en España, pero no es ésta la razón, en función del carácter casi judicial de la decisión, por la que no ha entregado a Pinochet a las autoridades españolas.
Los derechos del acusado
El ministro ha elegido, según dice, proteger los derechos del acusado ya que carecería de sentido, según asegura, extraditarle. Straw sostiene que si se dejaba seguir su curso al procedimiento de extradición en Londres, hubiera habido más recursos y la situación se hubiera de prolongarse eternamente, lo que a su vez obligaría a extender el tiempo de arresto del ex dictador en el Reino Unido.
La defensa de Pinochet recibió, finalmente, minutos antes de las diez la señal de partida desde el Home Office. Una furgoneta en la que iba Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, fue escoltada por cinco coches de la policía. La comitiva abandonó la urbanización de Wentworth Estate por una calle de atrás ya que al frente, en la carretera, estaban unos 25 manifestantes antipinochetistas. Se vio desde la carretera serpentear la caravana antes de la diez, hora de Londres.
Nada más llegar los coches, pasada la una de la tarde, al aeropuerto militar de Waddington, la policía bajó a Pinochet en silla de ruedas y le subió, en pocos minutos, a un montacargas para depositarle en el avión. La mujer del ex dictador lucía uno de sus mejores días, según fuentes solventes, al subir al avión, que partió sobre las 13.15 (14.15 hora peninsular española).
"El juicio en España no hubiera tenido ningún veredicto"
A continuación, se extractan partes relevantes de la carta de 14 folios que el ministro Jack Straw envió ayer a todas las partes del procedimiento, con sus razones para denegar la extradición, y de sus respuestas escritas al Parlamento."El ministro ha concluido que, sobre la base de la ley inglesa, está obligado a formarse su propio punto de vista sobre la capacidad del senador Pinochet para someterse a un juicio y que no puede abstenerse de obtener un punto de vista concluyente con el argumento de que el asunto sea resuelto en España"."A la luz de su conclusión de que no se puede esperar ninguna recuperación en la situación del senador Pinochet, no tiene sentido continuar el actual procedimiento de extradición en Inglaterra. Esto supondría mantener el arresto del senador Pinochet en este país por un periodo que, teniendo en cuenta el recurso de hábeas corpus y cualquier recurso que surja del resultado del mismo, podría ser sustancial"."Cualquier orden de extradición del senador Pinochet que pueda emitirse entonces exigiría el traslado compulsivo a otro país de un hombre de 84 años de edad, que debe ser considerado en esta fase presunto inocente, para participar en un juicio del cual no resultaría veredicto alguno respecto a los delitos que se le imputan, por razones que son evidentes para el ministro como autoridad de extradición en el Reino Unido. El ministro considera que este curso de acción no tiene ningún sentido para los intereses de la justicia y sería cruel para el senador Pinochet"."Concedo gran importancia al principio de que la jurisdicción universal contra las personas acusadas de haber cometido delitos internacionales debe ser efectiva. Estoy también muy consciente de que la consecuencia práctica de rechazar la extradición del senador Pinochet a España es la de que él no será, probablemente, juzgado en ninguna parte del mundo. Soy muy consciente del sentido del daño que sentirán aquellos que sufrieron las violaciones de los derechos humanos en Chile durante el pasado, así como del que sienten sus familiares. Todas estas cuestiones son de gran preocupación. Por último, empero, he llegado a la conclusión de que un juicio sobre los delitos de que se acusa al senador Pinochet, aunque deseable, simplemente ya no era posible".Texto completo en inglés: www.elpais.es
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