Reinventar en positivo la Operación Cóndor

Si en los años setenta las dictaduras suramericanas se unían para colaborar en la represión política en lo que se llamó la Operación Cóndor, ahora sus democracias cooperan en la búsqueda de la verdad de los crímenes de lesa humanidad de aquel tiempo. Así, el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina recibió el pasado martes documentación que conservaba el Arzobispado de São Paulo (Brasil) sobre denuncias e información de los desaparecidos en la última dictadura argentina (1976-1983).

Entre 1977 y 1983, familiares de desaparecidos, sacerdotes y organizaciones de derechos humanos de Argentina recurrieron al arzobispo de Sâo Paulo, Evaristo Arns, para denunciar los crímenes que se cometían en su país. En la Archidiócesis de Buenos Aires no encontraban amparo; incluso sospechaban de su complicidad con el régimen militar. En cambio, Arns estaba comprometido con la causa de los perseguidos y en su arzobispado funcionaba la organización Clamor, que recogía testimonios de las violaciones de los derechos humanos en toda Latinoamérica, en especial en Argentina, Chile y Uruguay. Allí trabajaba la hermana del prelado, Zilda Arns. Clamor confeccionó una de las primeras listas de desaparecidos argentinos, que según las organizaciones de derechos humanos sumaron unos 30.000.

Al regresar la democracia a Argentina, Clamor envió una parte de sus archivos a la justicia de este país para que los usara en los juicios contra los represores. Ahora, el arzobispado paulista ha terminado de mandar todos los documentos copiados en cinco discos compactos al Archivo de la Memoria, creado por el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), donde se emplazaba el centro clandestino de detención y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El envío incluyó fotografías, cartas, listados de desaparecidos y otros escritos aportados por los denunciantes en los años de plomo.

"Estos documentos fueron de los primeros materiales que había sobre la represión en Argentina", dijo el presidente del archivo, Ramón Torres Molina, que recibió el material junto al representante de la Pastoral Social de Buenos Aires, el sacerdote Carlos Accaputo. "Este material va a complementar la información para los juicios contra los represores de la dictadura militar", añadió Torres Molina.

La iniciativa para traer los documentos partió de la defensora del Pueblo de la capital argentina, Alicia Pierini, que le pidió al arzobispo de la ciudad, Jorge Bergoglio, que intercediera ante la Iglesia brasileña. Y así se hizo. "Yo no sé aún cuál es el grado de aporte, de retazos de verdad que pueda contener esa documentación; pero aunque no fueran las grandes verdades que siempre queremos encontrar, sí creo que lo que se relaciona con esa etapa tan oscura de nuestra historia tiene que estar en nuestro país, en nuestro archivo nacional del Estado", opinó Pierini.

La mediación del arzobispo Bergoglio fue interpretada por algunos analistas eclesiales como un giro en la Iglesia argentina, que en los setenta albergó desde un sacerdote condenado por participar en la represión hasta curas, seminaristas y monjas asesinados por el régimen. En cambio, un columnista de la Revista Santa Cruz, Luis Alberto González, demandó en un artículo reciente que también la Iglesia argentina abriera sus archivos sobre la dictadura y colaborara con la investigación de algunos de sus miembros y la reivindicación de otros.