El Parlamento venezolano acusa de conspiración a varios medios

Esta vez la acusación trascendió a los discursos. La comisión de diputados que durante más de dos meses investigó la presunta planificación de un magnicidio contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, solicitó el jueves que se abrieran investigaciones penales contra nueve personas, entre las que se cuentan líderes de la oposición, directores de medios de comunicación, empresarios y ex militares.

El gobernador del Estado de Zulia, Manuel Rosales, encabeza la lista. Le siguen el ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel; el director de la televisión Globovisión, Alberto Federico Ravell; el director del canal Radio Caracas Televisión Internacional, Marcel Granier; el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero; el director del diario El Nuevo País, Rafael Poleo; el banquero y socio de Globovisión, Nelson Mezerhane; el presidente de la federación empresarial Fedecámaras, José Manuel González, y el ex embajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria.

El primer indicio del supuesto crimen que se tramaba contra el presidente fue la grabación de una llamada telefónica, que hizo pública un comentarista de la televisión estatal Venezolana de Televisión. Desde entonces han sido detenidos cuatro funcionarios militares retirados y cinco en activo, a los que se acusa de planear la voladura del avión presidencial.

Esta vez, las pruebas de la conjura, citadas en el informe presentado por la comisión al pleno de la unicameral Asamblea Nacional, se basan en artículos de opinión, declaraciones públicas de los acusados, transcripciones de grabaciones telefónicas obtenidas ilegalmente y teorías de la conspiración expuestas por figuras del chavismo, como el ex vicepresidente José Vicente Rangel. Así, por ejemplo, al periodista Rafael Poleo se le acusa de instigar el asesinato del presidente por haber dicho en un programa de opinión transmitido por Globovisión que "Hugo [Chávez] va a terminar como Mussolini: colgao y con la cabeza pa'bajo". En el caso de Ravell, también se le acusa por haber opinado a través de las cámaras que "el presidente Chávez es una influencia maligna para otras naciones de América".

Además de la investigación penal contra directores de diarios y canales de TV, los diputados exhortaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a que inicie "procesos administrativos sancionatorios" contra los medios de comunicación privados que violan la ley al "mantener una campaña de desinformación y tergiversación". Horas más tarde, la misma noche del jueves, dos representantes de la Conatel visitaron la sede de Globovisión para notificar que el canal sería investigado por el delito de "incitación a la alteración del orden público".

Este documento será discutido el próximo martes por el pleno de la Asamblea. Si es aprobado, constituirá una prueba más en las investigaciones penales que lleven adelante la Fiscalía Militar y la Fiscalía General.