Paraguay quiere vivir ya el cambio

El Gobierno paraguayo intenta que todos los niños que acuden a las escuelas reciban al menos un vaso de leche. "Así, por lo menos, no se duermen en los pupitres", afirman los maestros. No siempre es posible y no siempre van los niños a la escuela, pero las autoridades del Gobierno que preside Fernando Lugo, están poniendo en ello todo su esfuerzo. El prominente senador Alfredo Luis Jaeggli, de 62 años, del Partido Liberal, el segundo de Paraguay, terrateniente y empresario, está enfadado y se opone radicalmente.

"Yo viví eso en el Colegio Internacional, al que fui de niño", explica en una carta dirigida esta semana al Abc de Asunción. "Yo, rico, que desayunaba bien e iba en coche con chófer al colegio, debía tomar el maldito jarro de aluminio lleno de leche sin azúcar... tal vez eso contribuyó a que sea liberal y a que odie esa práctica obligada". Jaeggli protesta por "esas ideas keynesianas de que el Estado debe intervenir y regalar lo que no es suyo". Si se da un vaso de leche a los niños, "¿no me vuelve eso padre irresponsable? ¿no serán esas medidas las que propician que haya miles de niños pidiendo limosna en los semáforos?", se pregunta.

"Por primera vez los paraguayos tienen sanidad gratuita", señala un ministro

Pocos días antes de que Fernando Lugo tomara posesión, Alfredo Luis Jaeggli, y dos amigos suyos, vendieron al Ministerio de Obras Públicas una finca por la que pactaron recibir 980.000 euros. El senador Jaeggli asegura que esa tierra es suya pero no tiene el título original de propiedad. Investigaciones periodísticas demostraron que se había producido una burda falsificación de instrumentos públicos, soborno de abogados y diligencias judiciales irregulares. El nuevo Gobierno llegó a tiempo, por minutos, de anular el cheque del Banco Nacional.

El caso de Jaeggli es representativo del estado en el que quedó Paraguay tras más de 60 años de dominio del Partido Colorado. La caída del general Alfredo Stroessner (1989), apeado del poder por otro general, del que se ha dicho que era uno de los principales narcotraficantes del país (Paraguay es el mayor exportador de marihuana del mundo), no cambió en nada la cultura de corrupción que arrasa la sociedad paraguaya, ni la extrema pobreza de su población. La única posibilidad real de cambio llegó hace siete meses con la victoria del hasta entonces obispo Fernando Lugo, al frente de una compleja alianza que, sin embargo, no le dio la mayoría en el Parlamento.

Lugo y su pequeño equipo de hombres y mujeres, honestos, pero en muchos casos faltos de experiencia, hacen frente probablemente a la tarea más difícil que pueda existir en este momento en América Latina: cambiar un Estado que está completamente organizado en torno a la corrupción y hacerlo sin tener la mayoría parlamentaria ni poder cambiar un poder judicial que está permeado, de arriba abajo, por la venalidad.

Por el momento, Lugo se beneficia de una oposición fragmentada, pero según pasan los meses corre más riesgo de ser sometido a un juicio político, una fórmula contemplada en la Constitución y gracias a la cual dos tercios del Senado pueden expulsar a un presidente elegido democráticamente en las urnas. Su principal defensa es el compromiso internacional con su Gobierno y su altísima popularidad, pero quienes le rodean creen que Lugo debería imprimir más velocidad a las reformas y ayudar a crear su propio partido con el que intentar conseguir apoyos en el Parlamento.

"El presidente no lo va a hacer. No va a crear un partido. Pero nosotros deberíamos planteárnoslo", razona Miguel López Perito, historiador, secretario general de la Presidencia y mano derecha de Lugo. El ministro, que acaba de sufrir una neumonía y que trabaja 18 horas al día, reconoce que los cambios son mucho más costosos y lentos de lo que esperaba la población, pero se queja de la poca difusión mediática que tienen los logros que van consiguiendo: "No se habla de que, por primera vez en la historia de este país, y contra viento y marea, los paraguayos tienen derecho a recibir atención sanitaria gratuita; ni de que, también por primera vez, se presta atención a los indígenas, hasta ahora totalmente postergados; ni de que hemos llevado agua al Chaco, una zona donde los campesinos no podían ni beber".

El compromiso de Lugo es disminuir en un 50% la pobreza absoluta que padece el 35% de la población. La sequía ha venido a empeorar las cosas en un país donde el Partido Colorado adjudicó, entre 1954 y 1989, de forma corrupta, casi ocho millones de hectáreas, parte de las cuales fue a manos de agricultores brasileños (los brasigüayos, como se conocen hoy día) que han plantado soja (un cultivo mecanizado que no da empleo) y han deforestado los bosques en busca de pastos.

"Necesitamos subsidios alimenticios durante seis meses para los campesinos más pobres que han perdido las cosechas y están agobiados por las deudas", reclama Eladio Flecha, dirigente rural, ante las puertas del Palacio del Congreso. Flecha acompaña a unos miles de campesinos pobres que han acudido a la capital en demanda de socorro, y se muestra crítico con Lugo. "El presidente tiene que decidirse. No le dejan hacer nada. Tiene que apoyarse en nosotros y lanzar la reforma agraria". Los campesinos se pasean por la plaza con garrotes que se han convertido en el símbolo de su lucha. Unos son simples trozos de madera dura, otros han sido tallados primorosamente por sus dueños para darle dibujo o, incluso, para que tengan apariencia de la porra policial. "Tenemos que empujar al presidente", insiste Flecha.

"Es cierto que tenemos que darnos prisa", reconoce el ministro del Interior, Rafael Fillizzola, un profesor de Derecho político de 41 años, que se ha hecho cargo de una de las carteras más complicadas. Fillizzola comparte la idea de que la clave del futuro está en la capacidad del Gobierno para hacer frente a la pobreza y la inseguridad. "La población va a notar pronto que disminuye la pobreza y que el Estado le protege". Pero Fillizzola no es ingenuo: ha hecho 338 cambios en la Policía Nacional y aun así sabe que está agujereada por la corrupción. "Yo era diputado y sabía cómo eran las cosas pero cuando llegué aquí, me quedé asombrado. Con el dinero que ha desaparecido los policías no solo tendrían coches patrullas, que no tienen, sino helicópteros". Todavía tiene tiempo para reírse un poco. En Ciudad del Este, en la triple frontera, con más de 60 nacionalidades y fama de ser un fabuloso bazar de contrabando y tráfico de armas, "vinieron un día a protestarme por la corrupción de unos policías. Quienes protestaban eran contrabandistas de coches robados... Así están las cosas por aquí".