Italia crea una agencia para gestionar lo confiscado a la mafia

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, trasladó ayer el Consejo de Ministros a Reggio Calabria, la capital de Calabria y de la 'Ndrangheta. La jornada estaba prevista como una señal del Estado a la mafia que domina la región, y sirvió para presentar a bombo y platillo un plan antimafia cuya novedad más importante es la creación por decreto ley de una agencia nacional que gestionará los bienes incautados al crimen organizado.

Acompañado por los ministros de Justicia e Interior, el jefe del Gobierno anunció que el grueso del plan antimafia será aprobado por vía parlamentaria y contendrá un nuevo código judicial, formado por todas las leyes aprobadas hasta la fecha sobre la materia, un mapa nacional de las bandas criminales y herramientas para investigar los flujos financieros y combatir la infiltración mafiosa en los contratos públicos, entre otras.

En 19 meses se han incautado bienes por un valor de 7.000 millones

El titular de Interior, Roberto Maroni, explicó que, en los 19 meses de Gobierno, el Estado ha embargado 12.111 bienes muebles e inmuebles a las mafias, por un valor de 7.000 millones. También se anunció un plan de lucha contra el trabajo negro en el sur del país. Los datos oficiales, conocidos ayer, revelan que en 2009 el empleo sumergido e ilegal creció un 44% a escala nacional.

Pero el plan contra la mafia quedó fuera de foco porque Berlusconi trazó un paralelismo entre inmigración y criminalidad. Cuando todo el mundo esperaba una condena explícita del estallido racista vivido hace unas semanas en Rosarno contra los temporeros africanos, el primer ministro afirmó: "Reducir la llegada de extracomunitarios clandestinos significa que la criminalidad engrosa menos fuerzas en sus filas". La oposición, la Iglesia y las organizaciones de inmigrantes deploraron sus palabras como una instigación al racismo: "Alimenta un clima de intolerancia de consecuencias imprevisibles", dijo la diputada del Partido Democrático Livia Turco. Giancarlo Perego, director de la Fundación Migrantes, de la Conferencia Episcopal, afirmó que el Gobierno "debe dar condiciones de vida y trabajo dignas a los inmigrantes en vez de dificultar su regularización".

Los datos oficiales muestran que los inmigrantes no delinquen más que los italianos. Según el Istat (Instituto Nacional de Estadística), la tasa de criminalidad entre los extranjeros es más alta que la de los nacionales (1,23% contra 0,75%), pero resulta inferior entre los mayores de 40 años. Aunque es verdad que los sin papeles delinquen mucho más que los inmigrantes legales, la cifra merece una lectura atenta: cuatro extranjeros denunciados de cada cinco lo son precisamente por ser clandestinos, es decir, por violar las leyes de inmigración.