El Gobierno argentino retira la ley que le enfrentó con el campo

El gobierno argentino ha anunciado este viernes la retirada de la polémica ley agraria que ha causado un grave enfrentamiento entre el sector agrario y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es la puntilla a una ley que ya el jueves quedó en el aire al ser rechazada por el Senado, con el voto de calidad en contra del vicepresidente del país, Julio Cobos.

La norma, que el Gobierno comenzó a aplicar el pasado mes de marzo a través de un decreto, establecía una subida del 35 al 45% en los impuestos a la exportación de la soja, el principal cultivo del país. El campo reaccionó de inmediato a la ley, iniciando una campaña de huelgas, protestas, bloqueos de carreteras y caceroladas que más de una vez amenazó con paralizar el país y que acarreó episodios de desabastecimiento en los mercados. El Gobierno reaccionó organizando manifestaciones de apoyo.

Una guerra que duró cuatro meses, hasta que el jueves, el vicepresidente del país y presidente del Senado, Julio Cobos, se negó a dar su voto a favor de la ley y de la presidenta y tumbó la norma en la votación en la que debía convertirse en ley.

El campo había ganado, aunque se mantenía la incertidumbre de si la presidenta persistiría en sus intenciones. Finalmente, no. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha sido el encargado de anunciar la retirada de la norma. A partir de ahora, las tasas a la exportación de soja quedarán como estaban antes de la decisión de la presidenta.

Tras el conflicto con el campo, Cristina Fernández afronta ahora una grave crisis política, apenas siete meses después de acceder al cargo. Por un lado, tiene que retirar una ley que ha sido piedra angular de sus primeros meses de mandato. Por otro, afrontar que el hecho de que uno de los suyos, el vicepresidente, fuera el artífice de la caída de la ley.

Los líderes sindicales del campo han celebrado la decisión del Gobierno, aunque el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, ha anunciado que su grupo seguirá presionando para que se compense a los pequeños productores por los daños ya sufridos.