La espía que desenmascaró a Fujimori

ENVIADO ESPECIALLeonor La Rosa yace postrada en una cama de la pequeña clínica San Martín de Porres de Lima, donde está ingresada desde hace dos meses. Tiene lesiones en la médula espinal y cuello y cada día debe someterse a sesiones de rehabilitación. De 32 años de edad, pasó los últimos 13 trabajando como agente del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE). Sus jefes la detuvieron y torturaron para que confesara que había filtrado a la prensa "información confidencial" sobre tenebrosos planes de los servicios secretos. El caso de Leonor La Rosa ha sido un auténtico escándalo en Perú y ha supuesto un duro golpe a la credibilidad democrática del Gobierno de Alberto Fujimori ante el manifiesto poder del aparato militar.

El teléfono de la habitaciónsuena a menudo y desde el otro lado del hilo voces anónimas pro fieren amenazas de muerte. Su marido, al pie de la cama, lo tiene claro: "Después de todo lo que ha contado, Leonor está sentencia da". Él es miembro de la policía antiterrorista (Dincote). Se cono cieron en 1991 en una operación conjunta entre el SIE y la Dincote, en la que capturaron al dirigente del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) Peter Cárdenas Chulte. La Rosa fue un agente operativo que participó en misiones arriesgadas. Apunta al jefe del Comando Conjunto, general Nicolás Hermoza, como el responsable máximo del SIE, aunque puntualiza que "recibe órdenes de más arriba, de Montesinos" (Vladimiro, el oscuro ase sor del presidente Fujimori y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional -SIN-). Orgánicamente, el SIE depende del SIN. "En los años 93 y 94, Montesinos venía muy a menudo al SIE, era como su casa. Tomaba licor con nuestro jefe. Siempre vestía traje", recuerda La Rosa.

De marzo a noviembre del año pasado, la agente Leonor La Rosa trabajó infiltrada en el Hospital Militar de Lima. Aparentemente, desempeñaba la labor de relaciones públicas, pero su verdadera misión era "controlar posibles fugas de información a Chile y Ecuador a través de agregados militares de dichos países, que recibían atención médica en el hospital". Comprobó que militares peruanos pasaban información, a cambio de dinero, a chilenos y ecuatorianos.

Planes de atentados

En noviembre, La Rosa se reincorpora a su unidad del SIE. Un mes después, el diario La República revela tres "planes operativos" que tiene entre manos el espionaje militar. El Plan Bermuda, cuyo objetivo es atentar contra el periodista César Hildebrandt (uno de los más críticos contra el Gobierno) y otros informadores y políticos; el Plan Narval, para atentar contra Global TV-Canal 13, en el que Hildebrandt había dirigido el programa La clave. Una bomba estalló en la filial de Puno de dicha cadena. Dos militares fueron detenidos. El tercer plan era El Pino, que pretendía atentar contra Heriberto Benítez, abogado del caso La Cantuta, una matanza perpetrada en julio de 1992 por el Ejército que costó la vida a un profesor y nueve estudiantes, y defensor del general retirado y opositor Rodolfo Robles (que en noviembre de 1996 fue "secuestrado" durante 15 días por miembros del SIE). Benítez es hoy el abogado de Leonor La Rosa.Los jefes del espionaje militar ordenan inmediatamente la puesta en marcha del Plan Tigre 96 para averiguar quién filtró toda esta información a la prensa. Los suboficiales del SIE Hans Ibarra Portilla, Mesalina Palomino Galán y Leonor La Rosa son los primeros sospechosos. Esta última es interrogada por primera vez en enero pasado, en un sótano del Cuartel General del Ejército (conocido como el Pentagonito), donde es torturada en presencia de un médico militar. "Me preguntaban, sobre todo, por los planes Narval, El Pino y Bermuda. Quién los había filtrado a la prensa. Después me preguntaron por el coronel Wilson Águilar del Águila. Qué lazos tenía con él, si tenía una relación amorosa, si me había dado dinero", recuerda La Rosa.

En febrero, la vuelven a interrogar. La golpean y le producen quemaduras con un soplete. La ingresan en el hospital militar, donde tiene un paro respiratorio. Allí empieza a contar lo sucedido a su marido. A finales de febrero, se entera de la muerte de su compañera en el SIE Mariela Barreto Riofano, que apareció descuartizada en un bosque del norte de Lima, y cree que la próxima será ella. "Yo soy de la segunda promoción y Mariela era de la tercera. Nos conocíamos mucho. Había trabajado largo tiempo en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Cuando la agarraron estaba destinada en el centro de informática y documentación del SIE. Sabía muchas cosas y, además, era compañera de Martín Rivas, jefe del grupo Colina [implicado en diversos trabajos sucios del Ejército]. Decían que Mariela pasó información", dice la agente torturada.

La Rosa decide hablar y el 6 de abril cuenta muchas cosas a Frecuencia Latina-Canal 2 de televisión, la cadena a cuyo accionista mayoritario, Baruch Ivcher, el Gobierno de Fujimori le ha retirado la nacionalidad peruana, alegando que nunca renunció a la israelí. Las declaraciones de la agente del SIE provocan un escándalo. Explica que fue torturada, que escuchó una conversación entre cuatro agentes del SIE que decían que "iban a darle la vuelta [matar] al chato Hildebrandt [uno de los periodistas más críticos con el Gobierno]", y que muchos miembros del Ejército han votado en todas las consultas electorales, a pesar de estar prohibido constitucionalmente. La Rosa mostró su libreta electoral ante las cámaras. Salen a la luz pública los entresijos de los servicios de espionaje y, además, muchos peruanos se enteran de que hay mujeres en dichos servicios.

A las 24 horas, La Rosa queda incomunicada en el Hospital Militar. En abril, el fiscal militar y la Fiscalía de la nación inician dos procesos en paralelo. Heriberto Benítez se convierte en el abogado de la agente, con la que no puede hablar a solas. "El derecho a la defensa estaba seriamente limitado", dice el letrado, que es suspendido por los militares por hacer declaraciones a la prensa. La justicia militar condena a ocho años de prisión y a indemnizar a La Rosa con 5.000 soles (1.900 dólares) a cuatro oficiales por malos tratos. Los condenados son el coronel Carlos Sánchez Noriega (jefe del SIE), el teniente coronel José Rafael Salinas Suzunaga (jefe del servicio de contrainteligencia), y los mayores Manuel Percy Salcedó y Ricardo Anderson Kohatsu.

En contraposición con la rapidez de la justicia militar, el proceso civil apenas ha despegado. En estos momentos hay "una contienda de competencia" entre el fuero militar y el fuero común, que debe dilucidar la Corte Suprema de Justicia en los próximos días. Si el alto tribunal falla en favor del fuero militar todo habrá terminado, puesto que ya hay una sentencia dictada. Por el contrario, si compete a la justicia civil, lo actuado hasta ahora quedaría anulado, y la condena contra los acusados sería de cadena perpetua, según establece la Constitución, y la indemnización mucho más elevada. El abogado Benítez duda de un fallo favorable a la justicia civil, por cuanto el presidente de la sala penal que debe decidir, Alejandro Rodríguez Medrano, está vinculado con Vladimiro Montesinos, y porque dicha sala suele rechazar casos procedentes del fuero militar.

La Rosa y su marido quieren irse al extranjero durante un tiempo -el embajador de EE UU les ha ofrecido proporcionarles los visados- para la recuperación de Leonor y "quitarse de en medio". En la entrada de la clínica San Martín de Porres, un policía anota la identidad de todo aquel que va a visitar a Leonor La Rosa.