Las FARC retumban en la política costarricense

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han convertido en asunto de la política local de Costa Rica. Ya se han cobrado el cargo del ministro de Seguridad, han tomado el debate en el Congreso y han conseguido que caiga una lluvia de preguntas sobre los supuestos lazos de los guerrilleros colombianos con políticos costarricenses.

La discusión política sube y sube de volumen desde hace tres semanas en un país donde, dicen, ningún escándalo dura más de tres días.

El Congreso costarricense acordó el lunes crear una comisión investigadora especial para intentar responder a las mismas preguntas que fueron planteadas al ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, antes de que fuera destituido del cargo, 24 horas antes de la comparecencia en el plenario legislativo. ¿Cuáles son los nexos de la guerrilla en Costa Rica? ¿Qué tipo de relación tuvieron algunas personalidades de la política nacional con las FARC? ¿Están los guerrilleros instalados con sus negocios de política, droga y sicariato en este país donde cada vez se quejan más por la inseguridad? ¿Qué hay alrededor de los 480.000 dólares de las FARC hallados hace tres semanas en una vivienda del Valle Central costarricense?

Los signos de interrogación son indispensables para describir el primer remolino político después de cuatro años absorbidos por la discusión nacional sobre el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

Los diputados opositores, incluso algunos aliados clave, acusan de falta de transparencia al Gobierno de Óscar Arias, que evitó la comparencia de Berrocal al separarlo del cargo de manera repentina el domingo por la mañana, a pesar de haber descartado su salida durante semanas.

El caso obligó al Ejecutivo a actuar para desviar todo costo político sobre el ahora ex ministro Berrocal, a quien Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia y brazo derecho del presidente, atribuyó haber hablado de más cuando afirmó con toda la voz de un hombre de 1,90 de altura y más de 100 kilos que políticos costarricenses han mantenido contactos con la guerrilla marxista más allá de las conversaciones que se dieron en los noventa para explorar un acuerdo de paz.

No dio nombres, pero la oposición aprovechó la oportunidad para retar al Gobierno a enumerar a cada uno de los políticos, probablemente de la izquierda. El Ejecutivo intentó centrar toda responsabilidad en el ministro y repitió infatigablemente que esa información no existe. La última tentativa para evitar cargar con falta de transparencia sobre sus espaldas fue un comunicado firmado por el propio presidente de Colombia, Álvaro Uribe, leído en conferencia de prensa por su amigo y aliado regional Óscar Arias.

"No existe lista alguna..."

No existe lista alguna..., ha reiterado Arias como una letanía. Y sobre las dudas generadas agregó: Me ha dolido mucho que esas insinuaciones se hayan dado. Ciertamente, no son todos los costarricenses, pero sí algunos costarricenses de mentes torcidas y espíritus mezquinos que pueden imaginarse que nosotros queremos ocultar información que vincule a algunos costarricenses con las FARC y el narcotráfico en general.

La nueva ministra de Seguridad es la vicepresidenta Laura Chinchilla, experta en ese sector y una de las figuras mejor situadas para la candidatura oficialista en las elecciones presidenciales de 2010. Chinchilla y el canciller, Bruno Stagno, anunciaron un viaje a Bogotá para reunirse con autoridades colombianas y coordinar las investigaciones que todavía parecen incipientes, a pesar de la información que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) costarricense administra desde hace varios años.

Berrocal ha programado para esta semana un viaje de descanso a Europa. Con él lejos, parece menos probable la publicación de datos que, ciertos o no, complicarían el ambiente legislativo que el Gobierno custodia como un tesoro para que avancen las leyes de puesta en vigor del TLC y otras iniciativas prioritarias para esta Administración, ayuna de avances importantes en la primera mitad de su cuatrienio.

Experiencias recientes han demostrado que cada mal gesto del oficialismo afecta a un aliado y hace saltar por los aires los acuerdos legislativos.

Creación de una comisión especial

La susceptibilidad de los grupos parlamentarios en el Congreso no ha impedido, sin embargo, el consenso necesario para crear una comisión especial, a la que, según la tradición costarricense, le esperan tres meses de debate político y poca objetividad para intentar emitir un informe muy inferior a la realidad.

Los contactos de las FARC sí son objeto de investigación de las fiscalías de Colombia y Costa Rica, por donde circula con toda libertad la pareja propietaria de la casa donde estaban los 480.000 dólares que se mencionan en el ordenador hallado en el campamento establecido en territorio ecuatoriano donde el Ejército colombiano abatió al dirigente guerrillero Raúl Reyes el 1 de marzo.

En una entrevista publicada por el diario Al Día, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, confirmó que se investiga por terrorismo y concierto para delinquir al matrimonio costarricense que custodiaba la caja fuerte con el dinero y documentos, un acto que Iguarán considera supremamente ofensivo.

La pareja está formada por un reconocido académico y una dirigente de izquierdas que ha admitido haber participado en negocios con dirigentes de las FARC.