Evo Morales redibuja Bolivia

Las elecciones regionales que celebra hoy Bolivia son, para el presidente Evo Morales, el último escollo para poner en marcha su proyecto estrella: la ley de descentralización y autonomías, sobre todo las indígenas. Esta legislación impulsa la mayor reordenación territorial de Bolivia desde la independencia, sin contar las pérdidas de superficie por acuerdos diplomáticos y por las guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco. "Con estos comicios, Morales ya no sólo acaba de construir un modelo de Estado, sino todo un régimen con un Congreso, Justicia y autoridades regionales propias", explica el constitucionalista Jorge Lazarte, de paso por Madrid.

El Movimiento al Socialismo (MAS), en el poder, necesita el control de la mayoría de los nueve departamentos para que las decisiones del Gobierno central no choquen con los intereses de los dirigentes regionales, como ha sucedido desde que el presidente llegó al poder en 2006. Las más duras críticas contra Morales han procedido de las provincias del Oriente boliviano (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) y estos comicios locales son la herramienta para desterrar cualquier oposición, tras la arrolladora victoria del MAS en las presidenciales de 2009.

La controvertida ley de autonomías es el proyecto estrella del presidente

Las encuestas siempre han sido favorables a Morales. El Gobierno espera consolidar su hegemonía política prácticamente en todo el país a excepción de Santa Cruz y tal vez la pequeña región de Beni, donde Morales postuló a la ex Miss Bolivia 2006, Jessica Jordan, de 26 años, para competir con el actual gobernador, Ernesto Suárez. Pero con la victoria en siete de las nueve regiones, Morales tiene suficiente munición como para presentar ante la Asamblea Plurinacional -en la que tiene amplia mayoría- la ley de autonomías y descentralización, que debía haber sido sometida a votación a principios de marzo. Es tan controvertida la ley y tan difícil su aplicación, que el Gobierno pospuso su presentación hasta tener el control regional.

Los puntos más polémicos de la futura convivencia entre las administraciones "criollas" y las indígenas son las competencias administrativas y fiscales. Las autonomías indígenas emergen de las jurisdicciones actuales y el peligro de la superposición de poderes es latente. Hasta la demarcación será un problema: en Bolivia, sólo el 30% del territorio está delimitado con todas las de la ley. En el resto, se suceden los enfrentamientos por terrenos de cultivo y aguadas. Del revuelo legal incluso puede llegar a nacer una décima provincia, la del Gran Chaco, que aglutina trozos de otras tres regiones, ricas en petróleo y gas, y cuya autonomía fue respaldada en un referéndum celebrado junto a las presidenciales de diciembre.

El ministro de Autonomía, Carlos Romero, ha declarado al diario paceño La Razón que "las autonomías indígenas serán financiadas por el Estado". Explicó que se respetará el actual modelo de financiación para las provincias y municipios y que se establecerá un mecanismo aparte para dotar de fondos a las autonomías indígenas y regionales.

El nuevo modelo autonómico del MAS también otorgará a las alcaldías la capacidad de legislar. El sistema, según el Gobierno, será similar al de otros países muy descentralizados, como Brasil. Esta misma prerrogativa se reconoce a las autonomías indígenas para que puedan aplicar sus leyes y costumbres ancestrales. Romero subrayó que el proyecto boliviano "es mucho más profundo" que los procesos de descentralización que se viven en Colombia y Ecuador y es "distinto y cualitativamente superior al peruano".

La oposición, fuera de Santa Cruz, no supone ninguna amenaza para Morales. Los partidos tradicionales han quedado fuera de juego y los únicos rivales del presidente son dirigentes locales con la difícil tarea de proyectar su imagen a nivel regional. Curiosamente, la alternativa al MAS de la que más hablan los bolivianos es el Movimiento sin Miedo (MSM), el partido del alcalde de La Paz, Juan del Granado, que, después de tres meses de crisis, pasó de aliado a rival del Gobierno. Morales está furioso con sus ex socios del MSM, a quienes califica de "conspiradores", por la feroz batalla que han plantado a su candidata a la alcaldía de La Paz, Elisabeth Salguero. El aspirante del MSM, un partido de izquierda moderada y urbana, Luis Revilla, ha metido mucha presión sobre su contrincante durante toda la campaña. La "batalla" de La Paz supone una dura "prueba de popularidad" para Morales y una plataforma para la proyección de Del Granado como posible candidato de peso para las generales de 2014.

Aparte de la crisis con el MSM, el analista Fernando Molina apunta un fenómeno creciente, la fractura interna del MAS: "En algunos municipios, ciertas agrupaciones indígenas han presentado candidatos propios, lo que muestra su desconfianza en el MAS como representante de sus intereses. También se ha visto que, conforme el MAS crece hasta cubrir el conjunto de la política nacional, el poder le resulta pequeño para satisfacer la empleomanía de su cada vez más multitudinaria militancia. Por esta razón, aparecen en su entorno grupos alternativos. Estos comparten la misma raíz ideológica que Morales pero proporcionan a sus candidatos una oportunidad de lucimiento y de acceso al poder que el MAS ya no les concede".

La celebración de los comicios se ha visto empañada con la polémica ley, promulgada el miércoles, que permite investigar delitos de corrupción cometidos en anteriores gobiernos. La ley, bautizada como "guillotina", tiene en la mira a los ex presidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez, y al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el primer indígena que llegó a la cúpula del Gobierno en la historia de Bolivia, por supuestos delitos contra el Estado.

Para algunos analistas, Morales pretende liquidar a potenciales rivales políticos. Los ex mandatarios aseguran que la ley viola los derechos más elementales (entre otras cosas porque deja los procesos en manos de magistrados designados por el propio Morales) y han anunciado que recurrirán a los organismos internacionales. Desde que Morales asumió la presidencia, un centenar de opositores han sido acusados de corrupción y han salido de Bolivia arguyendo la falta de garantías judiciales.