Europa no es de izquierdas

Un transbordador de la compañía Viking sale de Helsinki a las diez menos cuarto en dirección a Tallin. A la misma hora, un transbordador de una compañía estonia sale de Tallin en dirección inversa. Pero la pregunta no es, como en los cuadernos del colegio, a qué hora se cruzan, sino por qué, si los dos hacen el mismo trayecto y dan el mismo servicio a los pasajeros, uno va lleno y otro vacío. Respuesta correcta: el ferry finlandés no puede competir porque opera con trabajadores que cobran salarios finlandeses mientras que en el otro los trabajadores cobran salarios estonios.

¿Qué es lo que hace la compañía Viking? Crea una filial en Estonia, rematricula su transbordador Rosella bajo pabellón estonio, despide a sus empleados finlandeses y contrata a otros estonios por salarios más bajos. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores finlandeses? Denunciar el caso ante la Federación Internacional de Sindicatos del Transporte e ir a la huelga para forzar a Viking a firmar un convenio colectivo que le obligue a mantener los salarios aunque contrate trabajadores estonios. La empresa acude al Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, y argumenta que las medidas de presión de la federación de sindicatos y la huelga suponen una coacción a la libertad de establecimiento. El tribunal, en su sentencia de diciembre de 2007, da la razón a la empresa argumentando que la presión sindical impide a Viking ejercer su legítimo derecho a establecerse en otro Estado miembro.

Golpe a los sindicatos

Esa sentencia se produce en paralelo a otras similares (Laval o Rüffert), que se refieren a hechos parecidos acaecidos en Suecia o Luxemburgo, y en las que la justicia europea ha venido dando la razón a las empresas. Al decir de la Confederación Europea de Sindicatos, estos pronunciamientos del tribunal reducen las posibilidades de los sindicatos de garantizar condiciones de empleo iguales para los trabajadores independientemente de su nacionalidad. Sumadas a directivas como la Bol-kenstein o las 65 horas son interpretadas por los sindicatos (y por gran parte de la sociedad) en términos de desarme forzoso de herramientas clave (como la negociación colectiva o el derecho de huelga) para asegurar los derechos de los trabajadores en una economía abierta y globalizada.

Todo ello apunta a un problema que merece la pena discutir en profundidad con motivo de las próximas elecciones europeas del 7 de junio: que Europa no es de izquierdas. Ni lo es estructuralmente, ya que la construcción europea tiene un evidente sesgo liberal, ni lo es coyunturalmente, porque la izquierda política está en minoría, y casi seguramente lo seguirá estando tras los comicios europeos, ya que la crisis no parece afectar a las perspectivas electorales de los partidos conservadores.

Desde los años ochenta, las políticas liberalizadoras y de mercado han avanzado imparablemente por la senda de la mayoría cualificada mientras que las políticas correctoras de mercado o de carácter redistributivo o bien han estado explícitamente excluidas de la construcción europea o bien han avanzado al paso de tortuga marcado por la unanimidad, el mínimo común denominador y las idiosincrasias nacionales. Además, la última ampliación ha reforzado esta tendencia de tal manera que la Europa social es hoy poco más que un eslogan.

La solución no está, sin embargo, en transferir el Estado de bien-estar al ámbito europeo (las encuestas dicen que los europeos quieren que las prestaciones sociales se mantengan en el ámbito nacional), sino en pensar conjuntamente de qué forma pueden las políticas europeas compensar a aquellos mismos que perjudican. Obviamente, esto no va a ocurrir vía el presupuesto europeo: con el 1% del PIB europeo a su disposición (y bajando), Europa apenas alcanza a compensar a los agricultores y a las regiones más pobres. Pero el poder de Europa no está en sus presupuestos, sino en su capacidad de elaborar leyes, leyes que priman sobre el derecho nacional y que tienen efecto directo sin necesidad de ser traspuestas al ámbito nacional, leyes que pueden proteger a los trabajadores, a los consumidores, a los ciudadanos o al medio ambiente.

Es por esa razón que el Parlamento Europeo es tan importante y, también, la razón por la que las elecciones europeas importan tanto. En la actualidad, y, más aún, si finalmente se aprueba el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tendrá la última palabra a la hora de aprobar legislación, pudiendo rechazar o enmendar la legislación que proponga la Comisión o los Estados miembros, legislación que afecta muy profundamente las vidas de los ciudadanos. Hay veces que Europa parece estar muy lejos, otras veces está aquí mismo, aunque más a la derecha de lo que nos gustaría.