España aboga para que la ONU vigile los derechos humanos en el Sáhara

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, ha abogado este sábado por que la misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO) "amplíe sus capacidades para la vigilancia y protección de los derechos humanos" en la ex colonia española. La ministra ha recordado que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU aluden a la "dimensión humana" del conflicto, por lo que atribuir a los casos azules la vigilancia de los derechos humanos "podría ser una de las posibilidades". Jiménez ha tenido ocasión de trasladar este parecer a la jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, con quien se ha reunido en el marco de la cumbre de la OTAN en Lisboa.

Aunque se ha remitido a una resolución en esa línea aprobada por unanimidad hace casi un año por el Congreso de los Diputados, lo cierto es que el Gobierno nunca ha respaldado una demanda que tropieza con el rechazo de Marruecos. Aunque el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, ya se pronunció en este sentido en 2005, hasta ahora no lo había hecho ningún ministro. Tras el desmantelamiento el pasado 8 de noviembre del campamento de protesta levantado en las proximidades de El Aaiún, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han insistido en la necesidad de que se dote a la MINURSO de esta competencia, que tienen la mayor parte de las misiones de la ONU. Las carencias de MINURSO dificultan la realización de una investigación independiente sobre los sucesos del Sáhara, como la que reclama el Gobierno español. También dijo que el permiso de entrada en El Aaiún de dos periodistas de los diarios EL PAIS y El Mundo es solo "un primer paso", a propuesta de Rabat, y que el Gobierno sigue haciendo gestiones para garantizar el libre acceso de los medios de comunicación españoles a la zona.

Jiménez hizo estas declaraciones tras entrevistarse durante 40 minutos, en un receso de la cumbre de la OTAN en Lisboa (Portugal), con la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, a quien propuso una mayor implicación política de los países del llamado Grupo de Amigos del Sahara (EE UU, Rusia, Francia, Reino Unido y España), en apoyo a las conversaciones directas que mantienen en Nueva York Marruecos y el Frente Polisario. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también se refirió al conflicto del Sáhara al término de la cumbre de la OTAN, al asegurar que la labor de los Gobiernos implicados es "apoyar, incentivar, estimular a las dos partes [Marruecos y Frente Polisario] a que dialoguen más a fondo que nunca".

Hasta ahora, las reuniones del Grupo de Amigos han tenido carácter técnico y los gobiernos han estado representados por un director general como máximo. Lo que España quiere es que acudan cargos políticos, para que sus deliberaciones tengan más peso. Según Jiménez, Clinton considera "importante" la propuesta y ha quedado en estudiarla. Oriente Próximo, Cuba -han analizado la liberación de presos políticos y la flexibilización de la postura de la UE- o Venezuela también han estado presentes en la agenda del encuentro. Clinton ha invitado a Jiménez a viajar a Washington a principios del próximo año.

Tras reunirse con Clinton, Jiménez se entrevistó con su homólogo brtánico, William Hague, a quien ha trasladado la misma propuesta para reunir a nivel político al Grupo de Amigos del Sahara. De su lado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se ha reunido con su homólogo británico, Liam Fox.

Mientras tanto, Zapatero ha participado en la sesión plenaria sobre Afganistán, a la que acudieron, además de los mandatarios de la OTAN, el presidente afgano, Hamid Karzai, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Zapatero ha declarado que "hay que intentar mantener los plazos de salida [de las tropas de Afganistán] pero garantizando que los objetivos se cumplen". Ha insistido en que tan importante como las condiciones de seguridad es el desarrollo del país y ha llamado a superar el mito de que Afganistán nunca podrá ser una democracia ni un Estado de Derecho. "El compromiso de España es muy serio y se va a mantener", ha dicho.