Domingo de reclusión en Perú

"Está dura la chamba hoy", dice un sonriente policía que patrulló ayer las calles del distrito limeño de Miraflores. Su chamba (trabajo) consistía en asegurarse de que no hubiera gente en las calles. Perú vivió ayer una jornada de elaboración del censo y las disposiciones del Gobierno obligaban a todos los ciudadanos, salvo empadronadores, policías y algunos otros trabajadores esenciales, a permanecer 10 horas encerrados en sus viviendas. En teoría, no debían salir ni siquiera después de haber sido censados. El policía, algo más flexible, los dejaba asomarse a la puerta, conversar con sus vecinos y cumplir alguna que otra necesidad urgente, como sacar a pasear al perro.

Incluso así, las calles de Lima y de las principales ciudades del país aparecieron desiertas durante la mayor parte del domingo. Todos los comercios, restaurantes y cafés fueron obligados a cerrar al menos entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, hora fijada para el final del empadronamiento. Los turistas que llegaban al aeropuerto internacional de Lima eran registrados y trasladados a sus hoteles donde también debían esperar el término del censo para empezar cualquier recorrido. Los diarios duplicaron su oferta habitual de crucigramas y pasatiempos, mientras Renán Quispe, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pedía comprensión a la población y les sugería "ver algún buen programa" en la televisión. Después de las primeras horas, la gente se animó a salir con un poco más de confianza, pero sin alejarse demasiado de sus domicilios, por temor a ser amonestados por la policía.

En Perú, el último censo de estas características se realizó en 1993. En 2005, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, se llevó a cabo otro, sin reclusión obligatoria, que arrojó una población de 27,2 millones de habitantes. El primero en cuestionar estos resultados fue el presidente Alan García, quien en 2006 lo calificó de "una estafa" y aseguró que se trató en realidad de "un muestreo". Allí empezaron los preparativos para un nuevo censo a la antigua, que, tras varios aplazamientos, finalmente, se realizó ayer. Para poder hacerlo, el Gobierno reclutó a cerca de 580.000 voluntarios, aunque sólo en los últimos días se alcanzó la cantidad requerida. En algunos distritos, fue necesario echar mano de militares y de estudiantes de los institutos preparados para esta tarea.

No faltaron las voces críticas ante la orden de inmovilidad, considerada por muchos un anacronismo, e inició un pequeño debate sobre las libertades civiles. "Felizmente no se les ocurrió contarnos saltando una cerca, de uno en uno, como hacen los insomnes con las ovejitas", escribió el columnista Mario Ghibellini en el diario El Comercio.

Hubo asimismo críticas hacia algunas preguntas contenidas en el cuestionario que se consideraron demasiado invasivas de las facetas privadas. Una de ellas fue la que indagaba sobre la confesión religiosa de los censados. "Los peruanos tienen derecho a no contestar a esa pregunta", declaró el presidente Alan García en la víspera del empadronamiento.