Chávez prepara una 'ley mordaza' para castigar a la prensa crítica

Durante su programa de radio, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia, el pasado 3 de julio, que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas radios, televisiones, diarios y páginas webs que con sus informaciones generaban zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: Luisa Ortega Díaz presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral pública" y el "orden público", o que "generen sensación de impunidad o de inseguridad" entre la población.

El plan no prevé quién deberá establecer si una noticia es o no falsa

El Colegio Nacional de Periodistas teme que la nueva norma imponga el silencio

Casi todos los ciudadanos son susceptibles de ser penados con esta potencial ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los artistas o "cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza", dice el artículo 7º del proyecto de ley. Este artículo también afecta a los propietarios y directivos de medios de comunicación.

El artículo 5º es particularmente severo al castigar el delito que define como "divulgación de noticias falsas" que ocasionen "una gran alteración a la tranquilidad pública" o "hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado". Para los periodistas y los dueños de los medios que publiquen este tipo de información, la justicia podrá aplicar penas de entre dos a cuatro años de prisión. El mismo castigo está reservado para los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad".

La propuesta presentada por la fiscal no establece qué organismo será el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulación o tergiversación de una noticia. Pero sólo en el último año el Ministerio de Comunicación e Información, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios, ha señalado como "falsas", "interesadas" o "manipuladas" noticias como el aumento de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la corrupción en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales, han dado por ciertas.

Para los directores, gerentes o editores de medios la ley contempla dos nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor de una emisión o artículo que utilice como nombre un seudónimo o se ampare en el anonimato, podrían ser castigados con prisión de entre seis meses y tres años, según el artículo 7º del proyecto de ley. Y aquellos que omitan datos de manera voluntaria o injustificada podrían ir a la cárcel -de dos a cuatro años- según el artículo 10º.

"¿Qué entiende la fiscalía por delito mediático?", se preguntó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) a través de un comunicado difundido el jueves. "¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte a intereses sacrosantos? ¿La cifra sobre los índices de criminalidad? ¿Las críticas ante los excesos de un poderoso?". Para el gremio, dice el documento, este proyecto está enmarcado "dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio". El cerco contra 285 emisoras de radio y televisión que, a finales de junio, fueron amenazadas de cierre por el Gobierno; el anuncio de reformas a la Ley de Ejercicio del Periodismo; y la criminalización de la disidencia política, sostiene el CNP, son acciones que forman parte de ese ataque. La organización francesa Reporteros Sin Fronteras también ha denunciado que modificaciones legislativas como ésta que hoy se promueven en Venezuela constituyen una "cruzada" del Gobierno de Chávez contra los medios de comunicación privados.

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela no comparten esa opinión. Varios de ellos aplaudieron al escuchar la propuesta de la fiscal, en señal inequívoca de su disposición a aprobar la ley antes de fin de año. Hace una semana, Chávez ordenó a la Asamblea Nacional que antes de diciembre debía aprobar varias leyes "revolucionarias" y derogar las "contrarrevolucionarias" para "terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano". Como la Ley Especial de Delitos Mediáticos.