Bachelet recupera el control con mano dura

El Gobierno chileno enfatizó ayer la aplicación más rigurosa del control militar para detener los saqueos y el pillaje y asegurar el orden público. El general Guillermo Ramírez, responsable de las tropas en Concepción, amplió la aplicación del toque de queda, desde las seis de la tarde de ayer hasta las doce de la mañana de hoy, hora local. Mientras tanto, las autoridades elevaron la cifra de muertos por el seísmo a 795.

Con carros blindados y controles en las carreteras, los militares se han instalado en los lugares estratégicos de Concepción y las localidades cercanas. Las tropas enviadas a las dos regiones más afectadas por el terremoto, Bío Bío y Maule, aumentaron a 11.900. Tras reunirse en La Moneda con los jefes de las fuerzas armadas y carabineros, la presidenta, Michelle Bachelet, afirmó que se aplicará todo el rigor de la ley a quienes cometan desmanes.

El cómputo oficial de muertos en el terremoto se eleva a 795

El general Ramírez advirtió que las tropas "no se van a inhibir en el cumplimiento de sus funciones. Lo indico a fin de evitar cualquier accidente lamentable". La orden que tienen los militares es detener a los saqueadores y entregarlos a los carabineros o policía civil. Si no acatan, dispararán al aire, y si no se detienen, los disparos serán al cuerpo.

En una estación de servicio entre San Fernando y Curicó, en la carretera que va hacia al sur -donde están Talca, Constitución, Linares, Chillán y, sobre todo, Concepción-, Hernán Bueras, un mecánico retirado que vuelve a la capital desde esta ciudad, epicentro de la catástrofe, escucha en la radio al general Ramírez. Comenta que la gente se volvió loca en Concepción, pero que lo entiende: "Si no hay suministros... Ahora, una cosa es tomar un pan y otra, largarse con una televisión de plasma. Mismo lo del pan está mal pero la gente tenía miedo. Uno dice que se acaba la gasolina, otro que el agua potable. Yo no cogí nada, pero vi a familias completas llenando bolsos. Y lo entiendo, aunque no lo justifico. ¿Tiene usted hijos? Pues también puede entenderlo".

A su lado, Guillermo Barros dice que de Constitución "quedó la escoba". Él viene de Talca con su madre, nacida precisamente en Constitución, una ciudad muy castigada por un maremoto del que el Gobierno no llegó a alertar tras el seísmo. Los dos, además, repiten algo que no para de comentar la gente en la calle: la normativa antisísmica chilena es muy estricta, pero ¿la cumplían las nuevas construcciones que se han derrumbado? Ninguno tiene datos en los que basar sus sospechas. Sólo insisten en que Chile "siempre se mueve, siempre se movió".

De hecho, una réplica sorprendió ayer a los bomberos que trabajan en las labores de rescate en Concepción del edificio Alto Río, de 15 plantas, que fue entregado el año pasado. Se han hallado 79 supervivientes, siete cadáveres y quedan seis vecinos sin localizar, según el jefe de los bomberos.

"Sabíamos que tocaba un sismo grande", dice Barros. "¿No es cada 10 años cuando se acomodan las placas? Ya lo avisó el año pasado el Chaitén", añade, refiriéndose a la erupción del volcán de ese nombre, al norte de la Patagonia, en febrero de 2009.

Los coches en los que viajan Bueras y Barros forman parte de la caravana que se dirige al norte, casi vacíos como los de todos los que salieron sin mirar mucho atrás. O pensando en volver pronto. Los que van en la dirección opuesta viajan mucho más cargados. Entre tanto, el goteo hacia el sur continúa, a veces ralentizado por el paso de un camión militar o porque un puente -"el Juan Pablo II quedó inútil", avisa Hernán Bueras- no aguantó el seísmo.

Mientras tanto, a algunas zonas de la región de Concepción comenzaron a llegar militares en helicóptero con comida y agua. En Dichato, un balneario cercano azotado por el maremoto, una mujer lloró al recibir alimentos por primera vez en cuatro días y otra contó que desde hace dos días sólo alimenta a su hija de dos meses con infusiones.

Las autoridades esperan que el reparto de ayuda y la mayor presencia militar en la zona del epicentro frenen definitivamente el saqueo y el pillaje. A última hora de ayer, Bachelet aseguró que la situación en Concepción, la segunda ciudad del país, "está bajo control". El Gobierno ha enviado a las regiones afectadas 120 toneladas de alimentos y hospitales de campaña. En la tarea se emplean 13 aviones y 24 helicópteros.

En la zona norte de Santiago, donde cerca del 15% de la población permanece desde el sábado sin electricidad y en algunas partes sin agua, hubo una noche de rumores y miedo colectivo, como la que vivieron los habitantes de Concepción el domingo. Ante las versiones de que turbas de gente avanzaban desde las barriadas pobres hacia las de clase media para saquearlas, cientos de hombres salieron con garrotes, machetes, palos, pistolas y hasta rifles, dispuestos a defender sus propiedades. Se ubicaban en las esquinas y accesos de las villas y encendieron fogatas permaneciendo de guardia toda la noche de ayer.

La empresa eléctrica Chilectra informó ayer de que un 89% de sus clientes ya contaban con suministro eléctrico, aunque resta por normalizar el servicio a 165.000 hogares en la Región Metropolitana, donde está Santiago.