Un barcelonés se queda en la calle al encontrar su piso ocupado

El propietario de un piso en el número 72 de la calle Urgell de Barcelona, Carles Veiret, se ha visto obligado a vivir en casa de un amigo porque su vivienda está ocupada por cuatro personas chilenas que, aseguran, la alquilaron a un estafador.

Veiret ha explicado su impotencia tras denunciar el caso ante los Mossos d'Esquadra, que el pasado 4 de enero identificaron e imputaron a los cuatro inquilinos ilegales por un delito de ocupación ilegal y otro de usurpación de fluido eléctrico y agua, pero que no pueden desalojarlos hasta que lo autorice un juez. El dueño de la vivienda que heredó el piso, el principal primera, de sus padres y que durante un tiempo lo tuvo alquilado a unas personas que fueron desahuciadas el pasado otoño por falta de pago.

Mientras esperaba los trámites para rehabilitar el piso para mudarse a vivir en él, el pasado 28 de noviembre acudió a la vivienda para tomar unas medidas y descubrió que alguien había cambiado la cerradura y que estaban viviendo en él, aunque nadie le abrió el piso cuando llamó al timbre. Avisó a los Mossos y una patrulla de la comisaría del Eixample se personó en el lugar e identificó a los cuatro ocupantes del piso, ha confirmado la policía autonómica.

Los inquilinos aseguraron a los agentes que hacía más de un mes y medio que viven en el piso y que tienen un contrato de alquiler verbal con una persona que pasa personalmente una vez al mes para cobrarles la mensualidad. Como el dueño no pudo demostrar que la ocupación era reciente, los Mossos no están facultados para desalojar a los inquilinos, ya que en este caso se necesita una orden judicial. Carles Veiret, que hacía poco que había conseguido un desalojo judicial por impago de los antiguos inquilinos, volvió al juzgado a presentar una denuncia.

La policía autonómica, tras recibir un requerimiento judicial, instruyó las diligencias en las que les imputa un delito de ocupación de bienes inmuebles y otro de usurpación de fluido eléctrico y agua. El dueño de la vivienda se lamenta de la tardanza de la justicia en resolver un caso tan claro, mientras que los inquilinos, que reconocen la situación, se sienten también víctimas de una estafa y aseguran que no tienen otro sitio donde ir a vivir.