La vuelta de Kosovo

Estábamos obligados por la coherencia a retirar nuestro contingente militar de Kosovo y la decisión, que en principio contaba con el respaldo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y de la opinión pública, se ha instrumentado de forma que ha degenerado en escándalo con costes para el Gobierno. Como tantas veces, se ha sumado aquí el retraso de un año con la precipitación final y era difícil lograrlo. Sabemos que en términos militares la retirada es la operación más difícil, pero también que requiere un proceder diplomático impecable cuando la misión y el despliegue están integrados bajo una determinada alianza, en este caso la OTAN.

Las fuerzas españolas tienen ya una larga tradición, iniciada en 1989, de participar en misiones internacionales con un historial prestigioso. Reconozcamos enseguida que en todas partes donde han estado, en Centroamérica, Haití, Guatemala, El Salvador, Etiopía y Eritrea, Sudán, Somalia, Ruanda, Burundi, Angola, República Democrática del Congo, Namibia, Mozambique, República Centroafricana, Chad, Chechenia, Georgia, Turquía, Líbano, Nagorno Karabaj, Irak, Afganistán, Kirguizistán y Océano Índico Occidental, Indonesia, la antigua Yugoslavia, el Mar Adriático, Bosnia, el Danubio, Croacia, Moldavia, Lituania, Macedonia, Albania y Kosovo han sabido ganarse con su comportamiento el respaldo de las poblaciones en cuya ayuda acudieron. Los nuestros no han ido a conquistar sino a liberar poniendo en juego sus propias vidas. Agradezcámosles que nunca nos hayan acarreado vergüenza ni a nuestros uniformes ni a nuestra nación. Si ahora los de Kosovo vuelven a casa, lo hacen con la satisfacción del deber cumplido, habiendo convertido aquella tierra en un lugar mejor por el hecho de haber estado ahí.

En todo caso, desplegar nuestras unidades en todos esos países, mantenerlas abastecidas, fijar las reglas de enfrentamiento, relevarlas en los plazos debidos y atender al cumplimiento de los objetivos fijados, son tareas que entrañan graves dificultades, que han sido ejecutadas de manera ejemplar, en condiciones muchas veces adversas. Nuestras Fuerzas Armadas han sabido superarlas y los mandos de otros ejércitos aliados han ponderado ese buen hacer con admiración. Entre tanto, las misiones internacionales han ido quedando bajo la autoridad del Parlamento. Así, por Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, se estableció que para ordenar operaciones en el exterior el Gobierno debe consultar previamente y recabar autorización del Congreso de los Diputados. La norma señaló, además, que esas operaciones sólo se llevarán a cabo por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, en particular la Unión Europea o la Alianza Atlántica, en el marco de sus respectivas competencias. Antes, en junio de 2005, el Consejo de Ministros fijó un límite máximo de 2.600 efectivos para esas misiones. Un año después, lo amplió a 3.000 y a partir de enero de 2009 el número a desplegar quedó sólo en función de la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, cifrada ahora en 7.700.

De regreso a la misión de Kosovo, queda claro que la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad dejó de ampararnos desde la proclamación unilateral de independencia de ese territorio hace más de un año, sin respeto alguno a la legalidad internacional, que el Gobierno español se negó a reconocer, en línea con el proceder de la inmensa mayoría de los países miembros de Naciones Unidas. Cuestión distinta son los modos de retirarnos, porque a los soldados más que primicias informativas hay que darles órdenes y resulta penoso emular la gesticulación de Bush, simuladora de camaradería con quienes están sujetos a obediencia. Cuánto mejor dirigirse a ellos en formación, sin confundirse de atuendo. Además, como allí no estamos solos, deberíamos haber advertido a nuestros aliados de la OTAN con claridad de propósitos y plazos. En cuanto a la prensa española, ya se sabe su obsesión por reclamar siempre mayor sumisión a Washington, sin consideración alguna a los intereses nacionales. Así que por hacer lo debido, sin maneras, el Gobierno va a pagar el precio del descrédito. Continuará.