La última gran causa

La Iglesia católica no es la única institución que recibe más dinero de lo que los contribuyentes le otorgan al tachar la casilla correspondiente en su declaración de la renta. El Gobierno aportó el año pasado un pequeño suplemento a la cantidad recaudada para "fines sociales" a través de las retenciones del IRPF. En total, el cheque del Ejecutivo fue de algo más de 3,5 millones de euros para que la suma destinada a las ONG alcanzara el techo mínimo de 118,8 millones de euros, que pactó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Plataforma de ONG de Acción Social, como compensación a un desajuste presupuestario. Un tercio de los españoles no tacha ninguna casilla y el Estado se queda con ese dinero. El dato es importante porque revela una cierta bolsa de desinterés ciudadano por el destino de ese pequeño porcentaje de sus impuestos que para las ONG es, sin embargo, un pellizco fabuloso.

Amparo Valcarce cree que "hay una generación que quiere ahora volcarse en la solidaridad"

El Estado deja en manos de las ONG sectores asistenciales básicos, caros y problemáticos

Faltan herramientas de control de transparencia y calidad

Los socios se desentienden de la elección de sus dirigentes

Cambia el perfil del voluntariado. Los mayores son cada vez más

El Gobierno quiere acabar con la precariedad laboral en el sector

No se sabe a cuánto asciende en euros contantes y sonantes ese 33% de declaraciones en blanco. Pero todo apunta a que estos contribuyentes despistados o desinteresados no pertenecen a las clases medias profesionales, las más concienciadas de la sociedad. Son estos sectores los que han entrado de lleno en las nuevas modas de la preocupación por causas sociales. Esther, una profesional en los cuarenta, madre de dos hijos, recuerda su sorpresa cuando esta primavera llevó a su hijo pequeño al cumpleaños de un amigo en el que, en lugar de un juguete, "se nos pidió que ingresáramos el dinero equivalente en una cuenta especial de ayuda a los damnificados por el tsunami".

Autonomía respecto al mercado

Toda una demostración de que el espíritu solidario de las ONG empieza a calar profundamente en la sociedad española, que suministra un millón de voluntarios a proyectos y programas filantrópicos, y aporta entre el 12% y el 14% del dinero con que se financian. Al profesor de Sociología de la Universidad Complutense Joaquín López Novo no le sorprende este dato, porque los profesionales se sienten a sus anchas en estas organizaciones que él ha estudiado a fondo. Están orientadas a dar un servicio, tienen autonomía respecto al mercado y se mueven siempre en un marco muy racional. Se trata a fin de cuentas de "resolver los problemas sociales mediante la aplicación del conocimiento".

A ese estrato pertenecen la mayoría de los socios de Greenpeace (en este caso, excepcionalmente más hombres, un 57% frente al 43%), profesionales de las grandes ciudades españolas con una media de edad de unos 39 años. El perfil varía un poco en el caso de Intermón: la mayoría de sus 210.000 socios son profesionales de Cataluña y, en menor proporción, de Madrid, de sexo femenino. "Mujeres urbanas de un nivel socio-cultural medio-alto", resume la directora de la fundación, Ariane Arpa. A ella le gustaría traspasar esa barrera, llegar "a otros sectores sociales no tan burgueses, a gente con una visión más llana de la solidaridad". Pero el objetivo no es fácil, ni en España ni en el mundo. El 73% de las 170.000 personas que asistieron a las tres ediciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre eran titulados o estudiantes universitarios. Se habló, sobre todo, de los excluidos, pero pocos de sus representantes pudieron costearse el viaje. Las propias ONG pagaron la estancia a algunos de los líderes, porque les hubiera sido difícil encontrar el dinero de otro modo. No todas las causas tienen el mismo arraigo social.

Mientras las grandes catástrofes humanitarias conmueven masivamente, "poca gente da dinero para ayudar a los inmigrantes o a los drogodependientes", dice Marisa Salazar, coordinadora de los servicios generales de Cáritas. Otra cosa son los apadrinamientos. Las ONG que explotan esta veta son las que más fácilmente recaudan fondos. Pero son prácticas que despiertan recelo. "A nosotros nos parece engañoso", comenta Julio Alonso, responsable de comunicación de Save the Children, una de las grandes organizaciones internacionales dedicadas a la infancia. El que apadrina da un dinero para un niño con nombre y apellidos, pero en realidad la ayuda suele financiar a un colectivo más amplio.

En lo que son muy cuidadosas esas ONG es en enviar a sus socios la justificación necesaria para desgravar a cuenta de ese dinero. No hay datos exactos sobre cuántos donantes hacen constar ante Hacienda su condición filantrópica, pero las estimaciones los sitúan entre 1,5 y 1,8 millones de personas, aunque son las empresas las principales beneficiarias en términos fiscales. Además, desde que se ha forjado el concepto de responsabilidad social corporativa -en cierto modo, una adaptación de las empresas a los esquemas mentales de las ONG-, se ha disparado el interés por participar en programas de ayuda serios y, a ser posible, bien publicitados. Esa necesidad es la que decidió a Ignacio Garralda y a Salvador García-Atance a crear hace cuatro años la Fundación Lealtad. El objetivo, explica Garralda, "es que sirva de mediadora entre las empresas y las organizaciones no gubernamentales". La fundación edita la Guía de la Transparencia, en la que se recogen nueve grandes principios que toda ONG debería cumplir, desde el de funcionamiento y regulación del órgano de gobierno, a la transparencia y pluralidad en la financiación, pasando por el control en la utilización de fondos, presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales. "Hemos firmado acuerdos de colaboración con unas cuarenta empresas, porque hemos detectado que su receptividad a la guía es mucho mayor que la de los particulares", añade Garralde.

Empresas y dinero solidario

Y es que empresas y fundaciones sociales procuran no tirar el dinero. Antes de financiar a una organización quieren conocer sus cuentas, saber cómo funciona, a qué sectores se dirige, cuál es su situación interna, cuántos socios tiene, cuántos voluntarios y cuántos trabajadores asalariados. Un capítulo este, no siempre claro, porque, por contradictorio que pueda parecer, en este sector es frecuente la precariedad laboral.

Los chicos y chicas con petos de alguna ONG que intentan captar socios en la calle, muchas veces son contratados eventuales de empresas que cubren esos servicios para determinadas organizaciones. "Yo no soy contratado. A mí me paga directamente la ONG", dice un chaval apostado a la entrada de unos almacenes en el centro de Madrid, que pide no figurar con su nombre ni con el de la organización que le paga. "La verdad es que estamos como falsos autónomos. El sueldo no es malo, pero tenemos muchos impuestos, y el trabajo es muy duro".

Es sintomático que la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales -que distribuye el 80% del dinero que a través del 0,52% del IRPF destinan los españoles a las ONG- haya incluido este año una norma forzando a las organizaciones que aspiran a estos fondos a tener con contratos indefinidos al menos al 75% de sus empleados. Como dice Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, "las ONG tenemos que ser coherentes con los derechos de las personas. Los salarios son inferiores a los de una empresa, pero hay que intentar que las condiciones laborales sean las mejores posibles. Aquí no se trabaja los viernes por la tarde".

Pero, más que la estabilidad laboral de los trabajadores, a las empresas que hacen donativos a organizaciones no lucrativas "les interesan los fines que persiguen y la transparencia de su gestión", añade Garralde, que considera todavía en periodo de prueba la Guía de la Transparencia "hasta que recoja más organizaciones". De momento, las ONG no han respondido con excesivo entusiasmo a este control voluntario. La última guía, editada hace unos meses, chequea a un centenar. Entre ellas figuran algunas de las más conocidas, Cáritas, Intermón, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Manos Unidas o Entreculturas, pero se echan en falta muchas otras. No figura, por ejemplo, Cruz Roja Española (CRE), una gigantesca entidad que por sus dimensiones parece inexorablemente abocada al burocratismo. Y al despilfarro. Circula incluso una leyenda sobre la vida glamurosa de sus delegados, con coche oficial y alojamientos en hoteles de cinco estrellas. "Los únicos que pueden dar esa impresión son los delegados del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), porque tienen estatus diplomático", dice el coordinador de CRE, Antoni Bruel. En estos momentos, la retribución media de sus 95 delegados sobre el terreno es de 33.509 euros brutos al año, que, con las obligadas detracciones, queda en 17.737 euros.

Lo que es innegable es que todo es gigantesco en CRE, el número de dirigentes (más de 3.000), de empleados (más de 8.200), de voluntarios (140.000) y, sobre todo, de socios. Oficialmente, 700.000 personas aportan un mínimo de 30 euros al año a la entidad. Al menos en teoría, estos socios tienen a su alcance la posibilidad de elegir al presidente de Cruz Roja, pero por un alambicado camino. El voluntario y el socio eligen a sus representantes en el comité local y, a partir de ahí, se suceden las elecciones indirectas, en el nivel provincial, autonómico, hasta la asamblea general, que decide la composición del comité nacional del que sale el presidente. Complicado, ¿verdad? El resultado es que en CRE, como en la mayoría de las ONG medianas y pequeñas, el socio no tiene arte ni parte en la elección de los dirigentes.

A veces, por su propio desinterés. "A nuestras asambleas vienen poquísimos socios", reconocen en Greenpeace, gobernada por un consejo de 75 miembros, de los que una parte -50- son elegidos cada dos años, y los 25 restantes los designa el consejo saliente. Todos tienen que ser socios con más de tres años de antigüedad. Este sanedrín elige a los siete miembros de la junta directiva, y ésta, al director.

Tampoco los socios de Amnistía Internacional parecen demasiado preocupados con el organigrama de la organización. A la última asamblea general se presentaron unas 200 personas del total de 35.000 socios. Amnistía Internacional tiene, como Greenpeace, centenares de activistas jóvenes dispuestos a batirse el cobre por la organización, además de los voluntarios que echan una mano cuando se precisa.

Aunque la pasión por el voluntariado está menos extendida entre los jóvenes de lo que parece. Vanesa Lecointre, madrileña de 26 años, que lleva cuatro dedicando entre 5 y 10 horas semanales a trabajar con inmigrantes, lo sabe bien. "En épocas de exámenes baja mucho el número de voluntarios", dice. Ella empezó a colaborar asiduamente con una pequeña ONG, Madrid Puerta Abierta, y ha terminado formando parte de la gerencia. "En mi casa ha sido siempre una tradición. Mi padre y mi madre han hecho siempre voluntariado". ¿Qué la mueve a participar? "Cuando veo una situación injusta, trato de resolverla". Pero el voluntariado está cambiando. "Se están incorporando muchos prejubilados que son jóvenes todavía y tienen una formación muy útil para temas administrativos".

Abundan, en todo caso, las mujeres que contribuyen a que la situación del sector no lucrativo en España sea "espléndida", en palabras de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, que calcula la verdadera cifra de voluntarios en cuatro millones y medio de personas (juntando quizá voluntarios y meros colaboradores ocasionales). "Es gente mayor la mayoría de las veces. Una generación que no ha podido dedicarse a estas cosas antes y ahora quiere volcarse en esta solidaridad". Valcarce, que preside el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, está especialmente satisfecha de las novedades que ha introducido su departamento en la política de subvenciones. "Hemos atendido las propuestas de las ONG y a partir de este año se conceden subvenciones plurianuales, porque hay programas que no se cumplen en un año".

Pero una pregunta flota en el ambiente: ¿por qué necesita un país desarrollado, donde el Estado de bienestar funciona, a las ONG? "Porque su flexibilidad les permite llegar a todos los rincones, resolver situaciones a las que no llega el sector público", dice Valcarce. O a las que no quiere llegar. A fin de cuentas, todos estos programas financiados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vienen a ser una especie de subcontrata. El Estado se desentiende así de algunos sectores asistenciales caros y problemáticos y los deja en manos de organizaciones que operan con costes más bajos, entre otras cosas porque buena parte de su personal es voluntario. Es la conclusión a la que ha llegado el sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante Carlos Gómez Gil. En un opúsculo sobre Las ONG en la globalización llega a la conclusión de que estas organizaciones están convirtiéndose en "agencias subsidiarias y precarizadas que tratan de mantener parcialmente bajo criterios de mínimos costes algunas de las funciones que tradicionalmente venían desarrollando los Estados".

Y con un voluntariado que no siempre tiene la formación necesaria para afrontar trabajos que exigen profesionalidad y abnegación a partes iguales. ¿Sirvieron realmente para algo los programas que financió el año pasado la Secretaría de Estado? "Por supuesto". Valcarce subraya, además, que existen multitud de controles. "El proceso de selección de programas es muy exigente -de 2.000 programas se eligen 700, a lo mejor-, y luego los controles y las inspecciones para comprobar que se han llevado a cabo son exhaustivas". Pero Valcarce se refiere a controles burocráticos, a exigencia de facturas, de justificación de gastos, totalmente imprescindibles desde luego, pero que no entran en la filosofía del problema. Enriqueta Chicano, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y vocal de la Plataforma de ONG de Acción Social, confirma que el papeleo que les exigen es impresionante, pero ella se declara partidaria de que el criterio de distribución de fondos se base más en la calidad y en la utilidad del trabajo realizado.

¿Cómo medirlo? "Depende mucho de las circunstancias locales. Pero sí puedes demostrar que determinada población infantil sale mejor formada al término de un programa de enseñanza, o si has conseguido influir en los tratados de regulación del comercio de armas", considera Ariane Arpa, de Intermón. Al igual que la coordinadora de ONGD, la plataforma que engloba a las de acción social pretende ser una garantía de seriedad y transparencia. Chicano asegura que se ha hecho un trabajo enorme en este sentido. Todas deben estar auditadas interna o externamente, pero reconoce que el camino hacia una mayor calidad es largo y complejo. "Faltan una verdadera regulación y unas normas". De qué normas se dicten y, sobre todo, quién las dicte depende el futuro de las ONG.