Un tribunal de tinte conservador juzgará a cargos del PP balear
El Poder Judicial desoye al Parlamento autónomo y nombra magistrada a una ex directora general de Matas
Los cambalaches de los distintos sectores del Consejo General del Poder Judicial -hay nueve vocales propuestos por el PSOE frente a nueve por el PP y dos más a propuesta de CiU y PNV- han tenido consecuencias imprevistas para Baleares, comunidad cuyo tribunal para juzgar a cargos políticos -la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJB)- no tendrá un solo miembro progresista. El gobierno de los jueces acaba de nombrar magistrada de esa sala a la candidata del PP Felisa Vidal, ex directora general en el Ejecutivo de Jaume Matas. Varios miembros del gabinete de Matas tendrán que ser juzgados por ese tribunal.
Vidal fue elegida como resultado de las negociaciones entre los vocales para cubrir seis plazas en el Tribunal Supremo, para las que se necesita mayoría de tres quintos -13 de los 21 votos del Consejo- y en la que los progresistas se han visto obligados a hacer concesiones. En esa discusión, que apenas tiene en cuenta los méritos de los candidatos, el Consejo, con los votos de todos los conservadores y dos progresistas, otorgó la plaza vacante en la sala a Vidal. La juez es de la confianza política de Rosa Estarás, actual líder del PP balear, y fue incluida, teóricamente de relleno, en la terna de juristas de reconocido prestigio pactada entre todas las fuerzas del Parlamento balear. Por la jubilación del magistrado Miquel Massot (elegido a propuesta del centro-izquierda) el puesto debía corresponder a un jurista de sensibilidad progresista.
El Parlamento balear propone a dos de los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal. Por cada uno de ellos, la Cámara presenta una terna de candidatos entre los cuales el Consejo elige al magistrado. Esta sala es la encargada de investigar y juzgar a los cargos del Gobierno y miembros de la cámara. Las causas judiciales abiertas a dirigentes del PP son muy numerosas en Baleares.
Pese a estos antecedentes, el Consejo tumbó la candidatura de De España, la candidata del grupo socialista. De España tiene seis años más de ejercicio que la candidata del PP que finalmente resultó elegida. Uno de los vocales conservadores más activos en la defensa de Vidal fue Antonio Monserrat, quien procede justamente del TSJB que, durante años, archivó varias denuncias contra el ex presidente del PP balear, Jaume Matas.
El socialista Francesc Antich, presidente balear, consideró que la decisión del Poder Judicial supone la ruptura de un acuerdo. El portavoz socialista Antonio Diéguez recalcó que "Vidal debería renunciar al puesto por respeto a la voluntad del Parlamento". Vidal replicó que había logrado una victoria aplastante (12 de los vocales frente a los seis que votaron a favor de Carmen de España).
El vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa (ex consejero de Justicia del Gobierno valenciano, del PP), declaró: "Habrá que ver cada caso concreto" para saber si la magistrada Felisa Vidal podrá participar en los procesos judiciales abiertos contra el Partido Popular. "Se ha tenido en cuenta quién era la persona más adecuada para ocupar la plaza", señaló De Rosa.
Otros vocales del Poder Judicial aseguran que el nombramiento de Vidal fue un mero cambio de cromos, pues a cambio los conservadores prometieron su voto a futuros nombramientos de progresistas.
El vocal Monserrat, elegido a propuesta del PP, se defendió asegurando que el Consejo General del Poder Judicial no es "una correa de transmisión de ningún partido político". Y añadió que del mismo modo que al órgano de Gobierno de los jueces no se le ocurriría nunca interferir en la voluntad de los órganos del Gobierno, "lo normal es esperar que tampoco se intente en sentido contrario".
Políticos en el banquillo
Varias investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción aluden a escándalos en la gestión del ex Gobierno de Jaume Matas, del que formó parte como directora general la nueva magistrada del TSJB, Felisa Vidal. Una de las más avanzadas es la del ex consejero de Industria José Juan Cardona, ex líder del PP en Ibiza y diputado balear, por su supuesta implicación en la financiación ilegal del partido desde la consejería. Cardona encargó folletos de propaganda a una concesionaria, emplazó a que los hiciera gratis y el Gobierno pagó 12.000 euros por su transporte a Ibiza. En la misma causa hay imputados dos directores generales de Cardona. En otra está imputado el ex consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, por posible tráfico de influencias en el Plan Territorial de Mallorca.
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