Una treintena de imputados y testigos declararán por el 'caso Palma Arena'

Una treintena de personas habrán pasado por los juzgados de Palma antes de que finalice agosto para prestar declaración sobre el presunto desfalco del velódromo Palma Arena, según fuentes de las defensas. Aproximadamente la mitad lo harán como imputadas y el resto como testigos.

Se investigan, entre otros, los delitos de prevaricación -dictar un cargo público una resolución injusta sabiendo que lo es- y malversación de fondos públicos en una causa que, por el momento, implica a cuatro ex cargos del PP de la etapa de Jaume Matas. Hay indicios de numerosas irregularidades en el proceso de construcción del recinto deportivo. Y se investiga si el cobro de comisiones disparó el precio de la instalación de los 41 millones licitados en un principio a los más de 110 millones que costó finalmente.

Hay indicios de "clara connivencia" entre un ex cargo de Matas y dos empresarios

Tras la trama se investiga también una supuesta financiación ilegal del PP. Los minuciosos registros efectuados la semana pasada abrieron un nuevo interrogante al detectarse ingresos por valor de más de 70.000 euros en cuentas paralelas de la agencia de publicidad Nimbus, que por entonces organizó parte de la campaña autonómica del PP. Un dinero "no facturado" que, presuntamente, fue entregado por Fernando Areal Montesinos, cuñado de Matas, que en aquellas fechas era gerente del PP balear.

Indagando entre montañas de documentación incautada -decenas de cajas con expedientes, facturas y todo tipo de material informático-, el juez José Castro y los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán continúan sus pesquisas en el juzgado de instrucción numero 3 de Palma, bajo un estricto secreto de sumario.

El caso, que fuentes cercanas a la investigación definen como "de una enorme complejidad", ha movilizado a expertos del grupo de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía y a peritos de la Agencia Tributaria. Un año de instrucción en secreto de la querella ha permitido al juez hilvanar el caso con nombres y apellidos y esbozar un organigrama de la trama. Las ramificaciones son muchas y la lista de implicados aún está lejos de cerrarse.

La trama política incumbe al menos a cuatro ex cargos populares: Rafael Durán, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma y antiguo presidente del consorcio para la construcción del velódromo; José Luis Pepote Ballester, ex director de Deportes del Gobierno de Matas; Jorge Moisés, ex gerente del complejo; y Antoni Palerm, ex responsable de Deportes del Consell de Mallorca.

De Durán, acusado de prevaricación, se cree que hizo "absoluta dejación de sus funciones". Los investigadores hallaron indicios de "claras connivencias" entre Ballester -campeón olímpico de vela y colocado por Matas en la dirección general de Deportes- y al menos dos proveedores. Uno de ellos facturó a las arcas públicas el marcador electrónico del velódromo por casi dos millones de euros. Otro es un constructor que "simultaneó trabajos para la administración y en la construcción de una vivienda" propiedad de Ballester y "cuyos honorarios de arquitecto pretendió cargar al erario público". Antoni Palerm, dueño de una constructora, quedó en libertad con cargos tras admitir que vendió materiales de su empresa a la UTE del velódromo por 630.000 euros.

Por su parte, el ex gerente Moisés, que tuvo responsabilidades de comunicación en el PP, niega el cobro de comisiones a cambio de adjudicar los servicios de promoción del Palma Arena a la agencia Nimbus, cuyo director, Miquel Romero, está imputado. Además, se investiga el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de la unión de empresas responsable de la obra, formada por FCC y Melchor Mascaró. En su gestión se aprecian "favoritismos que permitieron cargar, sin el menor sonrojo, facturas de importe superior al debido". Una de las claves del caso se encuentra en estas facturas que, sin justificación aparente, multiplicaron el precio de los materiales y de las actuaciones de obra. Los acusados lo achacan a deficiencias en el proyecto original y niegan que tras esos pagos se oculten desvíos de dinero.