La sospecha tropieza en sus propias trampas

La investigación del 11-M ha sido la más exhaustiva de un atentado terrorista en la historia de España. Nunca se hicieron tantos informes periciales, ni se ordenaron tantas comisiones rogatorias, ni se investigaron tantos teléfonos, ni se analizaron tantas llamadas, ni intervinieron tantas personas, ni se creó una comisión parlamentaria para analizar los hechos. Nunca antes hubo un atentado tan brutal, con 191 víctimas mortales y 1.824 heridos.

El aparato hallado en casa de un islamista era un programador para lavadoras, no un temporizador de ETA

Los agentes que interrogaron al ex minero Trashorras han negado por escrito que éste hablara de etarras

También ha sido la investigación judicial más vituperada. Nunca antes una instrucción judicial por un delito de terrorismo, con la mayoría de los supuestos culpables en la cárcel o muertos en suicidio, había merecido tantos insultos y descalificaciones de una parte de las asociaciones de víctimas y del partido político que gobernaba cuando se perpetró la matanza. Nunca se hizo un juicio paralelo que, al final, ha irrumpido en la vista oral para sembrar de surrealismo muchas de sus sesiones. Los abogados de algunas víctimas preguntan para exculpar a los supuestos verdugos.

El PP ha cuestionado el trabajo del juez, ha pedido auditorías de la investigación e incluso ha llegado a reclamar, haciéndose eco de noticias falsas, la anulación del sumario. La principal asociación de víctimas del terrorismo de ETA, la AVT, se ha manifestado para denunciar que jueces, fiscales, policías y guardias civiles que han investigado el caso no querían conocer la verdad de lo ocurrido. Todavía hoy, esa asociación convoca protestas en la calle contra la investigación judicial.

Esta oposición al trabajo de la Audiencia Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que ha sentado a 29 supuestos implicados en el banquillo de los acusados- se ha basado en una serie de informaciones periodísticas, repetidas durante tres años, la mayoría amparadas y amplificadas por determinados dirigentes del PP, que estaban apoyadas en falsedades, informes inexistentes o testimonios de policías anónimos que se han estrellado con los hechos probados en el juicio.

LA ORQUESTA MONDRAGÓN. ¿La pista del norte?

La obsesión del PP por hallar pistas de ETA en el 11-M no cayó en saco roto. Policías anónimos y otras fuentes de desinformación empujaron en esa dirección, aunque en el camino resbalaron con estrépito.

Una de las pruebas más sonoras que se utilizaron para incriminar a ETA no era muy directa pero daba igual. Supuestos policías informaron al diario El Mundo sobre la existencia de una tarjeta del Grupo Mondragón, cuya sede central está en el País Vasco, en el salpicadero de la furgoneta en la que se trasladaron los terroristas del 11-M. Tras ese supuesto hallazgo había que aderezar la noticia con insinuaciones.

Se contó que muchos policías habían escuchado por la emisora de sus vehículos el descubrimiento de la tarjeta y que, sin embargo, se ocultó al juez, al Gobierno de entonces -"Nadie me habló nunca de ninguna tarjeta, y mucho menos de Mondragón", declaró el ex ministro del Interior Ángel Acebes- y a todo el mundo.

El PP se lanzó por esa pista y emplazó al Gobierno socialista a "dar la cara" sobre las "revelaciones" que supuestamente cuestionaban el sumario judicial. El portavoz popular, Eduardo Zaplana, se puso al frente de la manifestación para insinuar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ocultaba esa prueba fundamental, esa pista que apuntaba al norte: a la relación entre etarras e islamistas. No era la primera vez que Zaplana y el PP daban pábulo a una mentira para arremeter contra el Gobierno.

La verdad era muy distinta. En el vehículo sólo se encontró una cinta de música de la Orquesta Mondragón y un tarjetón de visita de la empresa Gráfica Bilbaínas, afincada en Madrid; el dueño de la furgoneta (robada por los terroristas) reconoció el tarjetón como propio y confesó que la utilizaba para dejar un aviso de dónde estaba cuando dejaba el vehículo mal aparcado.

El PP no pidió disculpas por la metedura de pata. Los autores de la sonora exclusiva, tampoco.

DETENCIÓN EN AVILÉS. Los informes policiales desmienten a Trashorras

En marzo de 2006, dos años después de los atentados, algún policía descubrió que una pista que conducía a ETA había quedado en el olvido y decidió airearla en los medios de comunicación dedicados al bulo de la conspiración.

La historia era la siguiente: El Chino, uno de los islamistas que se suicidaron en Leganés y señalado por el juez como jefe del comando del 11-M que robó los explosivos para atentar en los trenes, contó a Emilio Suárez Trashorras -el ex minero que le facilitó el camino de la dinamita- que conocía a los dos etarras que habían sido detenidos en Cañaveras en febrero de 2004, cuando conducían una furgoneta con destino a Madrid cargada con 500 kilos de explosivos. Supuestamente, Trashorras contó este detalle, que vinculaba a terroristas del 11-M con ETA, a los policías que subieron a Avilés unos días después del atentado para investigar lo ocurrido. Y ésa es la historia que salió publicada.

Tras la confidencia de Trashorras, el PP se lanzó a pedir los informes que acreditaban la relación entre islamistas y etarras. Acusó al Gobierno de ocultar pruebas, para lo que se fió de nuevo de una información periodística que no admitía matices: "Ambos cuerpos (policía y CNI) pusieron negro sobre blanco lo que el ex minero les contó sobre las relaciones de El Chino con los etarras de Cuenca", escribió El Mundo.

En Avilés estuvieron dos policías de la Comisaría General de Información y un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De su conversación con Trashorras dejaron constancia en unos informes que constan en el sumario del 11-M. En ninguno de ellos (publicados ambos por EL PAÍS) se cita la supuesta confidencia del ex minero sobre la relación de El Chino con los etarras detenidos en Cañaveras.

Uno de los policías que estuvieron en Avilés fue el inspector Parrilla. En el juicio del 11-M aseguró que había oído a Trashorras hablar de las relaciones de El Chino con los etarras, aunque no le dio ninguna importancia porque no creyó en aquella teoría. Parrilla matizó que había escrito en un informe ese detalle

[lo que dijo Trashorras sobre los etarras y El Chino] pero que alguien lo hizo desaparecer. El otro policía que estuvo en Avilés, jefe de Parrilla, negó que Trashorras hubiera citado a ETA en aquella conversación. El agente del CNI también lo negó con su firma.

Los dos etarras a los que supuestamente conocía El Chino son Izkur Badillo y Gorka Vidal. Están citados como testigos en el juicio. En la investigación que la policía hizo sobre las comunicaciones de ambos etarras antes de ser detenidos no figuraba ni un solo contacto con El Chino ni con ningún otro islamista.

El inspector Parrilla ingresó en prisión hace algunos meses por orden del juez Juan del Olmo. Salió tras pagar una fianza. El magistrado le acusaba de revelar secretos sobre la investigación de una trama de delincuentes comunes que supuestamente traficaba con explosivos. La intervención telefónica ordenada por el juez sobre el inspector Parrilla reveló el entusiasmo que el policía expresaba en sus conversaciones con un periodista al ver que El Mundo era capaz de sugerir la relación entre el caso de delincuencia común y el 11-M.

EL TEMPORIZADOR. "Como los que usa ETA"

Otra primicia para engordar el bulo llegó de la mano de los temporizadores de ETA. El Mundo publicó en junio de 2006 -es decir, 27 meses después de los atentados del 11-M- que la policía había encontrado en un local utilizado por islamistas relacionados con el atentado un temporizador "como los que usa ETA". El PP se sumó a la sospecha y su diputada Alicia Castro preguntó al Ministerio del Interior si los temporizadores ST eran los habituales de ETA. Interior contestó afirmativamente. Y el PP y sus medios afines se lanzaron por la pendiente: "De manera inexplicable, en el sumario no aparecen más menciones al temporizador localizado en el local de Mohannad Almallah. Tampoco se relaciona en ningún momento dicho objeto con las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información. Ni, por supuesto, con nada que pueda relacionarlo con la banda ETA".

En el juicio, un abogado sacó recientemente esta cuestión relevante y se encontró con que los hechos volvían a destrozar un invento. El temporizador encontrado en el local del islamista era de lavadoras, no se llamaba sólo ST sino STA MEC 24h INT/60, podía ser comprado por cualquiera al precio de 18 euros, y no se parecía a los que usa habitualmente ETA (véase gráfico de la página anterior).

EL ÁCIDO BÓRICO. Una sustancia sin relación con explosivos

Tres peritos del Cuerpo Nacional de Policía recuperaron en el otoño de 2006 un caso viejo de censura de uno de sus trabajos analíticos. Para entonces, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, andaba enfrascado en una polémica con el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, que había denunciado la existencia de un informe que supuestamente vinculaba a ETA con el 11-M y que había sido ocultado al juez (cosa que también resultó ser falsa).

Aunque el informe al que se refería Díaz de Mera no era el de los peritos, éstos decidieron resucitar aquel caso. El suyo era un documento que habían elaborado más de un año antes, cuando llegó a sus dependencias el ácido bórico encontrado por la policía en el domicilio de Hassan el Haski, procesado como supuesto autor intelectual del 11-M. En aquel registro, la policía escribió que los inquilinos de la vivienda habían declarado que el ácido bórico, encontrado en la cocina, lo utilizaban para matar cucarachas. En aquel registro, la policía no halló ni rastro de explosivos.

Era el verano de 2005. Los peritos hicieron su trabajo. Confirmaron que el ácido bórico era ácido bórico pero, además, añadieron unas observaciones que, según el proceder habitual de todos los expertos policiales, carecen de fundamento científico.

Las observaciones eran las siguientes: tras citar otros casos en los que un registro policial había descubierto ácido bórico -entre ellos, en un piso franco utilizado por ETA en Salamanca donde se encontró esta sustancia "mezclada con pelos" y en el piso de un militante antisistema- el informe de los peritos concluía: "Dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivos, etcétera. Nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/es".

Ese informe fue impreso en 2006, firmado de nuevo por los peritos que lo hicieron en su día y publicado por El Mundo.

Una de las peritos que firmó el documento, Isabel López, llegó a declarar: "¿Cómo es posible, digo yo, que Haski tuviera cucarachas y le olieran los pies mal y los de ETA también tuvieran cucarachas y les olieran los pies mal?". El promotor de la idea de incluir las observaciones, el perito Manuel Escribano, hizo más aportaciones a la investigación: "Utilizar ácido bórico para matar cucarachas no se le ocurre actualmente a nadie, porque hay productos mucho más modernos, eficaces y cómodos de usar que el ácido bórico a granel, productos que no son tan tóxicos".

En casi 40 años de lucha contra ETA en España, no hay ni una sola operación policial (con cientos de terroristas detenidos y cientos de pisos registrados) donde apareciera ácido bórico relacionado con los explosivos.

El caso es que el jefe de los peritos decidió que aquellas observaciones carecían de fundamento y ordenó a los firmantes del documento que las retiraran. Como se negaron, el jefe decidió retirarlas por su cuenta, dejar sólo la parte del informe que confirmaba que la sustancia era ácido bórico y enviarlo al juez. Ésa es la censura y la supuesta alteración del documento original que denunciaron los tres peritos.

Aquella decisión ha motivado que una juez de instrucción de la plaza de Castilla impute distintos delitos (falsedad en documento público, falso testimonio, encubrimiento) al jefe de los tres peritos que retiró las observaciones del informe y a otros tres máximos responsables de esa unidad, entre ellos el comisario general de Policía Científica.

El caso, que en principio instruyó el juez Baltasar Garzón, fue remitido a los juzgados de Plaza de Castilla por tratarse de un asunto sin relación con el terrorismo. Nuevamente pistas falsas para confundir respecto a una posible relación entre ETA y los terroristas del 11-M.

LA MOCHILA VIAJERA. El policía vio la bolsa

en El Pozo

El escrito de un agente de policía, quejoso porque el Ministerio del Interior no le había premiado con una medalla (que incorporaba un plus salarial) pese a sus esfuerzos en la jornada del 11-M, llevó al PP y a los medios del bulo a inventar que la bomba desactivada en Vallecas que aportó información valiosa para detener a los culpables del atentado era una prueba falsa.

El bulo cuenta que esa bolsa con la bomba dentro nunca estuvo en la estación de El Pozo, y que lo que ocurrió en realidad fue que alguien la puso justo después de los atentados en algún sitio para que llegara a la comisaría de Vallecas, donde la descubrieron en la madrugada del 11 al 12 de marzo. Y esa manipulación fue supuestamente realizada por una mano negra para que la policía dirigiera su investigación en una dirección determinada: la de los islamistas finalmente detenidos.

El policía quejoso explicó cómo él recordaba haber visto en el andén de la estación de El Pozo una bolsa de deportes muy parecida o igual a la que contempló unos días después en las páginas de los periódicos como la que contenía la bomba desactivada. Vio aquella bolsa cuando vigilaba las tareas de recuperación de las pertenencias de los ciudadanos que viajaban en el tren que explotó en El Pozo. Incluso llegó a detallar que, como aquella bolsa de deportes pesaba mucho, los funcionarios que recogían los enseres decidieron colocarla en otro bolsón negro vacío.

El policía contaba también que perdió de vista ese bolsón con la bolsa de deportes que contenía la bomba porque fue de una comisaría a otra debido a órdenes contradictorias, y de allí hasta el Ifema, donde estaban los cadáveres, y de ese lugar nuevamente de regreso a la comisaría de Vallecas. Cuando se hizo el inventario, de madrugada, el agente en cuestión se había ido a descansar a su casa.

Ese testimonio y el viaje de un sitio a otro que sufrió la mochila -como tantas otras bolsas y pertenencias de las víctimas- permitieron al PP dudar de todo el sumario, pidiendo incluso que se anulase. Pero hasta seis policías han ratificado ante el juez que nunca se perdió la cadena de custodia de la mochila que, curiosamente, tenía en su interior lo mismo que otras dos bolsas de deportes con bombas que fueron explosionadas en los andenes de distintas estaciones por expertos en desactivación de explosivos.

Hay más casos, todos con un denominador común. La sospecha que se ha pretendido sembrar sobre el 11-M está basada en informes inexistentes, hechos falsos o casualidades, que los fabricantes del bulo convierten con su pluma en evidencias de una conspiración. Tres años después, ninguno de esos inventos ha recibido crédito por parte de policías, guardias civiles, jueces, fiscales o servicios de información. Los hechos se han encargado de enterrar la sospecha.