La policía lanza una redada masiva contra inmigrantes en Murcia
60 agentes de Extranjería toman Torre Pacheco en busca de 'sin papeles'
La localidad murciana de Torre Pacheco (29.000 habitantes), en el campo de Cartagena, permaneció cercada el viernes durante más de cuatro horas por unos 60 agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y de Extranjería. La policía se desplazó al municipio para identificar a los inmigrantes y entregarles una orden de expulsión a los que se encontraran residiendo en España de forma irregular. Fueron identificados un total de 301 extranjeros y detenidos 58 de casi una veintena de nacionalidades diferentes.
Más de 300 extranjeros fueron identificados en tres plazas del pueblo
Una asociación de marroquíes se queja de un "trato indigno"
Kamal Rahmouni, el presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (Atime), lamentó ayer el trato dispensado por los agentes, que "sacaron de los bares, locutorios y de la misma mezquita a las personas con aspecto de extranjero, para concentrarles en tres plazas y pedirles la documentación". Otras fuentes de la organización de trabajadores explicaron que hubo una auténtica "caza al inmigrante, con brutalidad, agresiones y violencia verbal y física".
Varios extranjeros confirmaron que hacia las cinco de la tarde del viernes dos autobuses de agentes "tomaron" el municipio, cortando una de sus avenidas principales, y, auxiliados por policías locales, fueron reuniendo a cientos de personas en tres plazas céntricas de la localidad murciana.
De los 58 detenidos, cuatro están acusados de un delito de suplantación de personalidad por falsificación de documentos. Otros cinco ya habían sido expulsados anteriormente de España y habían incumplido el plazo durante el que tenían prohibido regresar, por lo que serán puestos a disposición judicial el próximo lunes.
Los 49 restantes, según el Ministerio del Interior, volvieron a sus domicilios a lo largo del día con un expediente de expulsión. Sin embargo, Atime aseguró ayer que 35 de estos sin papeles, no estaban en sus casas, sino que ya habían sido trasladados la noche del viernes al Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, desde donde serán expulsados.
La Delegación del Gobierno insistió ayer en que se cumplieron todas las garantías legales. Dos traductores acompañaban a los agentes y se ofreció asistencia letrada a los detenidos. Desde la Delegación también se desmintió que la policía entrara en la mezquita de la localidad.
De los 29.187 habitantes censados en Torre Pacheco, 6.060 son extranjeros. Aproximadamente 3.000 son marroquíes, y un millar, ecuatorianos; el resto, argelinos y originarios de diversos países latinoamericanos, entre ellos Perú. Atime considera que el número real de marroquíes en la localidad supera los 5.000.
En una asamblea de la organización marroquí que se celebró ayer por la tarde, sus dirigentes lamentaron que el acoso policial pueda ser una muestra de la nueva política de inmigración del Gobierno. La asociación exigió al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique si éste va a ser el procedimiento habitual. También pidió a Marruecos que se posicione en defensa de sus ciudadanos.
Muchos de los afectados anunciaron su intención de denunciar a los agentes. "Es indigno de un país como España. Era como una mala película de Hollywood", se lamentó Rahmouni. "Han retenido a centenares de personas durante horas, sin darles ni comida ni agua, y en pleno verano, sabiendo que había abuelos, e incluso una madre que había ido a comprar comida para sus hijos", se quejó. Sin embargo, entre una parte de los vecinos de Torre Pacheco la redada fue bien recibida, alegando que ayudará a aumentar la seguridad.
La operación se ha desarrollado días después de que el nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González, decidiera el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera la Verde "por el progresivo deterioro de las instalaciones, a consecuencia de la suspensión de las obras de remodelación que se llevaban a cabo". Construcciones Hidráulicas y Contratas, la empresa concesionaria de las obras, cesó en su actividad tras presentar suspensión de pagos.
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