La policía detiene a 15 personas por blanqueo de dinero, entre ellas dos de los cabecillas de la trama Brugal

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido este jueves al empresario Rafael Gregori, uno de los principales imputados en la trama Brugal, y a otras 14 personas más por un caso de blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. La investigación, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no está vinculada directamente al caso Brugal, aunque algunos de los arrestados están implicados en las dos causas. También fue detenido el empresario Ángel Fenoll, al que la investigación del caso Brugal coloca en el centro de la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Fenoll, no obstante, acudió a comisaría en su propio vehículo tras exigir su comparencia la policía para interrogarle en calidad de detenido.

La investigación que ha llevado a estas últimas detenciones se inició en 2009 con una causa de estafa y falsedad documental relacionada con la empresa de automoción de Gregori. A estos delitos se le unen ahora los de alzamiento de bienes y de blanqueo de capitales.

De esta forma, Gregori ha sido detenido ya en tres ocasiones, dos de ellas relacionadas con esta causa, y una tercera con el caso Brugal. La operación en Alicante ha sido llevada de forma conjunta por Policía Nacional y Guardia Civil. En total, han sido detenidas 15 personas, 13 de ellas en Alicante y dos en Madrid. Entre los detenidos hay dos abogados, que han declarado en Madrid y hansido puestos en libertad con cargos.

El jueves por la mañana, Gregori, el supuesto intermediario en la trama Brugal, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional junto con su hermano y dos empleados de su negocio de automoción. Los tres fueron llevados a la comisaría de Alicante para prestar declaración por un supuesto alzamiento de bienes y estafa investigado por la Guardia Civil. Esta investigación, que ya le costó a Gregori y varios familiares otra detención en mayo pasado, es previa a su supuesta implicación en la trama corrupta del caso Brugal relacionada con el negocio de la basura en La Vega Baja. La Guardia Civil indaga una posible estafa de Gregori que ascendería a unos 12 millones de euros y se refiere a una operación de renting de 120 camiones para Renault. Tras la primera detención por este asunto, el empresario quedó en libertad con fianza de 100.000 euros.

Posteriormente, el pasado 6 de julio, Gregori ya fue uno de los 11 detenidos en la segunda fase de la operación Brugal, junto con el también empresario Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. En aquel momento el juez lo dejó en libertad con cargos por los presuntos delitos de cohecho y fraude y tras pagar una fianza de 100.000 euros. Gregori es propietario de Autisa, un concesionario de vehículos pesados ubicado en un polígono industrial de Alicante. Amigo de Ripoll, el también ex presidente de la Fundación del Hércules está considerado como uno de los imputados clave en esta trama y fuentes del caso, de hecho, consideran que este empresario actuó de intermediario del industrial Ángel Fenoll, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el cabecilla de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y que también ha sido detenido hoy por esta otra causa por blanqueo de dinero.

Gregori y Fenoll llegaron a crear una sociedad conjunta para desarrollar distintos negocios. Y un escrito de la Fiscalía Anticorrupción incluido en el sumario asegura que Fenoll y Gregori recurrieron a fondos ocultos en paraísos fiscales, más concretamente en Suiza.

Para Fenoll, la del jueves también es la tercera detención. Fue detenido en mayo de 2007 por extorsión y por cohecho en lo que se convirtió en la primera fase de la operación Brugal. Salió de la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros mientras los investigadores analizaban centenares de grabaciones del empresario que destaparon su vocación por comprar voluntades políticas. Detenido de nuevo el pasado julio en la segunda fase del caso Brugal, el juez impuso a Fenoll una nueva fianza, de 300.000 euros, y amplió su imputación a los supuestos delitos de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.