El pacto europeo de inmigración admite regularizaciones por razones económicas

El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que ha sido acordado por Francia, España y Alemania, y hoy será debatido por los ministros de Justicia e Interior de la UE en Cannes (Francia), ha sido profundamente modificado respecto al borrador que presentó el Gobierno francés. Se han eliminado o suavizado sus aristas más agudas.

Del documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, desaparece la prohibición de las regularizaciones masivas. Se admiten "regularizaciones caso por caso", y no sólo por razones humanitarias, como estaba inicialmente previsto, sino también económicas.

Tampoco figura el llamado contrato de integración, que es sustituido por el "equilibrio de derechos y deberes de los inmigrantes". La única obligación de estos últimos es el "respeto a las leyes del país de acogida". Corresponde a los Estados tomar medidas para "favorecer el aprendizaje de la lengua [por los inmigrantes] y su acceso al empleo". El documento debe ser ratificado por los jefes de Estado y Gobierno de la UE el próximo 15 de octubre en Bruselas.

"La hipótesis de una inmigración cero parece irrealista y peligrosa [...] Las migraciones contribuyen al crecimiento económico de la Unión Europea y de Estados que las necesitan por su situación demográfica y su mercado de trabajo. [...] La UE no tiene medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes que buscan una vida mejor. Una inmigración mal controlada puede atentar contra la cohesión social de los países de acogida".

Estas tres frases, contenidas en su preámbulo, resumen el espíritu del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. El documento, que sienta por vez primera las bases de una política común europea que aborde de manera global el fenómeno de la inmigración, debe ser ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la Cumbre del próximo 15 de octubre en Bruselas.

El Gobierno español, que pactó la última redacción en una reunión con el Ejecutivo francés celebrada el pasado jueves en Madrid, se declara "muy satisfecho" del resultado y cree que éste avala la política de inmigración aplicada por España en los últimos años.

El Pacto Europeo se marca cinco objetivos: organizar la inmigración legal y favorecer su integración; luchar contra la inmigración irregular, garantizando el retorno a los países de origen o tránsito; reforzar los controles fronterizos; edificar una Europa de asilo, y crear un sistema de colaboración con los países de origen y tránsito de los inmigrantes.

Sus puntos más destacados son los siguientes:

- Regularizaciones. Los países europeos "se limitarán a regularizaciones caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios o económicos". El documento inicial francés aseguraba que "las regularizaciones masivas y colectivas producen un efecto llamada" y proponía a sus socios "renunciar a ellas". Sólo admitía la posibilidad de regularizar "caso por caso, en condiciones excepcionales, especialmente humanitarias".

España considera que la redacción definitiva, que admite regularizaciones "por motivos económicos" y proscribe las regularizaciones "generales", pero no las "masivas", legitima el proceso de regularización de 700.000 inmigrantes con contrato de trabajo realizado en 2005 y no ata las manos para el futuro. En 2005, en España se realizaron regularizaciones masivas, pero no generales, al hacerse caso por caso y tras ser dado de alta cada inmigrante en la Seguridad Social.

- Derechos y deberes. Según el Pacto, las políticas de los Estados de la UE deberán favorecer la integración de los inmigrantes que tengan la perspectiva de permanecer de manera duradera, basándose "en el equilibrio entre los derechos de los inmigrantes (acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad y a los servicios públicos y sociales) y sus deberes (respeto a las leyes de los países de acogida)". Además, los Estados tomarán medidas específicas "para favorecer el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y "pondrán el acento en el respeto a las identidades de los Estados miembros de la UE y de sus valores fundamentales tales como los derechos del hombre, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a los niños". Se ha suprimido la alusión del borrador al "contrato de integración" que, según se decía, debía tener "carácter obligatorio" e incluir "el imperativo del aprendizaje de la lengua nacional, de las identidades nacionales y de los valores europeos".

- Reagrupación familiar. Los países de la UE deberán tener en cuenta, en sus legislaciones , el "respeto a la Convención Europea de los Derechos del Hombre", que incluye el derecho a la vida familiar. Igualmente, se considerará la capacidad del inmigrante para integrar a sus familias (medios económicos y alojamiento); así como, "por ejemplo, su conocimiento de la lengua del país" .

- Visados y fronteras. Se generalizará la expedición de visados biométricos (que incluyen características físicas del portador), "como muy tarde el 1 de enero de 2012", se reforzará la cooperación entre los consulados de los países miembros, con el objetivo de crear progresivamente servicios consulares comunes. Se reforzarán los medios de la agencia europea de fronteras Frontex, que podrá contar con un centro terrestre en el este de Europa y otro marítimo en el sur, y se estudiará la creación de guardias europeos de fronteras. Se desplegarán equipos de alta tecnología en las fronteras exteriores y se garantizará su interoperatividad. Se incidirá en la puesta en marcha, a partir de 2012, de un registro electrónico de entradas y salidas en la UE.

- Readmisión. El documento señala que "los extranjeros en situación irregular deben dejar el territorio de la UE" y que "todos los Estados tienen la obligación de readmitir a sus nacionales". Para que estas aseveraciones se hagan realidad, prevé la firma de "acuerdos con los países de origen o de tránsito, a nivel comunitario o a título bilateral" que incluyan también la organización de la inmigración legal, temporal o definitiva, atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo de la UE.

- Cooperación. "La inmigración debe convertirse en un componente importante de las relaciones exteriores", afirma el texto, que aboga por reforzar la cooperación al desarrollo con los países de origen y tránsito de inmigrantes y por equipar y formar a su personal de fronteras para que se convierta en primera línea de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos.

- Asilo. Se creará en 2009 una oficina europea de intercambio de información sobre demandas de asilo. El objetivo es instaurar en 2012 un procedimiento único de asilo y homogeneizar la regulación de la condición de refugiado. En caso de crisis, los países de la UE se apoyarán mediante la cesión de funcionarios.