La mayoría del Constitucional se opone a la ponencia que avala el Estatuto

El pleno del Tribunal Constitucional que delibera sobre el Estatuto de Cataluña realizó ayer una primera prospección que resultó contraria a la ponencia elaborada por la magistrada Elisa Pérez Vera en aquellos aspectos que avalan la constitucionalidad de los puntos clave del Título Preliminar, según fuentes del alto tribunal. La ponencia es el proyecto de sentencia, pero no es aún el fallo definitivo del Estatuto, por lo que aún cabría una nueva redacción del texto.

Seis de los diez magistrados que integran el pleno -el progresista Pablo Pérez Tremps no participa por estar recusado y queda la vacante del conservador Roberto García Calvo, fallecido- habrían rechazado la ponencia redactada por la progresista Elisa Pérez Vera, según esas fuentes. Es la primera votación que se produce en torno al Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad.

El bloque progresista intentó que Aragón Reyes cambiase de bando

El pasado 27 de octubre, un grupo de magistrados propuso votar ya

Los seis magistrados de la mayoría tampoco están de acuerdo entre ellos

El pleno del alto tribunal volverá a reunirse el próximo lunes

Pérez Vera defendía inicialmente la constitucionalidad, entre otros aspectos, del preámbulo donde se establecía que el Parlamento autónomo considera a Cataluña una "nación". Sin embargo, tras los últimos retoques, la constitucionalidad del término "nación" ya se ha dado por perdida incluso para la ponente. La ponencia avalaba los artículos que hablan de los derechos históricos del pueblo catalán (el 5) y establecen el deber de conocer el catalán (artículo 6). Pero estos puntos no alcanzarían el listón de constitucionalidad exigido por los seis magistrados que se pronunciaron en contra. Entre ellos, se encuentra el progresista Manuel Aragón Reyes, alineado con el bando conservador, lo que pone al Estatuto catalán en un brete de ser rechazado en aspectos clave para el Gobierno tripartito de Cataluña y para CiU. Para este magistrado, el principal caballo de batalla estaría en los derechos históricos de Cataluña, aunque éstos ya habrían sufrido modificaciones en la interpretación del texto.

En el pleno del pasado 27 de octubre, un grupo de magistrados de ambos sectores (progresista y conservador) propuso inopinadamente celebrar una votación sobre la ponencia, lo que cogió por sorpresa tanto a la presidenta, María Emilia Casas, como a la propia ponente, Elisa Pérez Vera, que no tuvieron conocimiento anticipado de la iniciativa. Aunque la votación podría haberse forzado si se hubieran sumado a la propuesta hasta cinco magistrados, la mayoría acordó posponer la votación al 3 de noviembre. Llegado ese día, la magistrada Pérez Vera adujo que no había tenido tiempo de reelaborar su proyecto, por lo que solicitó más días de plazo.

El pleno del alto tribunal se volvió a reunir ayer y, según una fuente, la votación de la ponencia arrojó un resultado desfavorable a la constitucionalidad de las señas de identidad del título preliminar del Estatuto de Cataluña por 4 votos a 6. Por el contrario, otra fuente del alto tribunal rechazó que se hubiese votado la ponencia formalmente aunque admitió que se había "pulsado opiniones" con ese resultado negativo referido a los derechos históricos de Cataluña. Pero "no ha habido votación, ni derrota, ni nada, aunque habrá que cambiar alguna cosa. Aún no se ha perdido todo", según insistió la citada fuente.

Esta última fuente indicó que la situación "sigue como estaba" el pasado agosto, pero añadió que los seis magistrados de la mayoría tampoco están totalmente de acuerdo entre ellos sobre todos los aspectos que plantea el recurso del PP. O, al menos, no como para plantear un texto alternativo conjunto a la ponencia de Pérez Vera. "Antes tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Se han pulsado opciones pero no hay mayoría para redactar un texto alternativo al que propone la ponente".

Según otras fuentes consultadas, en el pleno de ayer no se habría llegado a una votación oficial de la ponencia, realizada en papel por cada magistrado, aunque se habría constatado que la ponencia de Pérez Vera favorable a la totalidad del Estatuto no habría movido de sus posiciones de partida a ninguno de los magistrados. Algunos de los jueces del sector conservador llevaron textos alternativos al pleno.

Pese al sigilo que los diez jueces siguen manteniendo sobre las deliberaciones, la situación apunta a un encasillamiento del magistrado Manuel Aragón Reyes en posiciones contrarias a la constitucionalidad de los derechos históricos y otros aspectos del Título Preliminar. En esa misma línea parece situarse el vicepresidente Guillermo Jiménez, en tanto que los otros cuatro jueces conservadores -Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata- serían partidarios de rebajar mucho más el Estatuto y darle un tratamiento similar al de los demás estatutos de autonomía. Los intentos de que Aragón y Jiménez se pasen del sector conservador al favorable a la constitucionalidad de los aspectos más polémicos del Estatuto, tras cuatro borradores de la ponencia y numerosas correcciones, parece que finalmente han fracasado.

Las fuentes consultadas señalaron que al final de la reunión de ayer se acordó verbalmente que el pleno continuará el próximo lunes, aunque por el momento no hay convocatoria oficial.

De producirse finalmente la derrota de la ponencia, pueden registrarse varias situaciones. A diferencia de lo que sucede en los tribunales ordinarios, en el Constitucional es la propia ponente la que puede redactar otra ponencia, o si no hay más salidas, redactar la ponencia de la mayoría y después formular su voto particular disidente.

Es la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas, la que tiene la facultad de determinar quién redacta finalmente el texto de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. En algunos casos, ha habido dos componentes que han redactado la sentencia definitiva. Casas también puede recabar la ponencia para sí -parece ser que nunca lo ha hecho- o encomendar su redacción a un magistrado de la mayoría.

En cualquier caso, todas las fuentes coinciden en que los magistrados han llegado ya al límite. Un juez del sector conservador aseguró hace unos días a este periódico que la sentencia podría estar este mismo mes, y sino, "antes de Navidad, seguro".