La limitación de la velocidad a 110 ahorra a España 94 millones

La reducción de la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora, aprobada el 4 de marzo, supuso un gran impacto. Casi dos meses después, el Gobierno presume de haber alcanzado el objetivo que se marcó con la medida: reducir el consumo de carburante.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, Miguel Sebastián, informó ayer de que el uso de combustible se ha reducido un 8,4% interanual -137.000 toneladas de petróleo menos, que equivalen a 1,1 millones de barriles- en las tres semanas de marzo en que la medida ha estado vigente. Esto supone un ahorro de 94,2 millones de euros en la balanza de pagos, que, según Sebastián, se han podido gastar en otros productos o servicios internos.

Si los datos se extrapolan a todo el año, Industria asegura que el ahorro alcanzaría los 1.150 millones aproximadamente. Según estos datos, se habrían cumplido las previsiones del Gobierno, que cifró un impacto de la medida del 50% en el total de ahorro previsto: 2.300 millones.

El ahorro estimado para los ciudadanos es mayor, ya que aproximadamente la mitad del precio del litro de carburante lo forman los impuestos. Aunque Sebastián no quiso contestar cuánto ha dejado de ingresar el Estado por este concepto, sí estimó en unos 200 millones de euros el dinero que han dejado de gastar en combustible los conductores. En concreto, según Industria, el consumo de gasolina habría bajado un 11,4%, mientras el de gasóleo lo hizo un 7,7%.

El ministro aseguró que la tendencia seguirá a la baja en abril y recordó que la medida de urgencia está en vigor hasta el 30 de junio. Entonces, el Consejo de Ministros decidirá si la prorroga.

Industria, además, resaltó que el efecto positivo de la reducción de la velocidad se debe sobre todo a la concienciación de los ciudadanos, que han respetado el límite. La prueba, según Sebastián, es que desde que se puso en marcha las multas de tráfico por exceso de velocidad han bajado en torno a un 35%, lo que desmiente que existiera el afán recaudatorio del que se acusó entonces al Gobierno.