La justicia no llega a la playa

El Tribunal Constitucional está inmerso desde hace tres años en las discusiones del Estatuto de Cataluña. Esta tarea ha ocultado otros casos que están pendientes de resolución desde hace mucho más tiempo y que pueden tener consecuencias irreversibles. Uno de ellos es el de Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico previsto en el Mediterráneo, que ocupará un parque natural en la costa virgen de Murcia gracias a una ley de 2001. Un portavoz del Constitucional explica que el tribunal sigue sin fecha para decidir sobre el párrafo de la Ley del Suelo de Murcia que permitía la urbanización y que recurrió el PSOE. Las prioridades son las que son.

En abril de 2001, la comunidad autónoma de Murcia, del PP, desprotegió por ley miles de hectáreas de parques naturales. En el último trámite parlamentario de la Ley del Suelo de Murcia, el PP incluyó una enmienda aparentemente técnica: "Los límites de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000".

La portavoz socialista en Murcia, Teresa Rosique, recuerda que la enmienda se introdujo en el último momento, de forma que no hubo informe ni de Costas, ni del Consejo Consultivo de la región. Bajo el críptico texto se escondía la intención de desproteger entre 7.000 y 11.500 hectáreas -la primera cifra la reconoció el Ejecutivo regional y la segunda la dan profesores de la Universidad de Murcia como Miguel Ángel Esteve-. Con esa norma sólo era parque natural lo que hubiera protegido la UE. Al superponer el mapa de los parques naturales de Murcia con los Lugares de Importancia Comunitaria, lo que quedaba fuera perdía la protección. Y una parte de lo que sobresalía estaba en el parque natural Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, un reducto en la costa virgen que aún queda en el sur de Murcia. La zona, con poca agua y mal comunicada, se había salvado de la depredación del Mediterráneo.

La intención era construir allí unas 9.000 viviendas, una veintena de hoteles, seis campos de golf y una marina interior con 2.000 amarres (ahora reducidos a 1.400). Sería accesible por una autovía de peaje -que ya está construida, aunque casi nadie circula por ella- y por un aeropuerto privado -cuyas obras avanzan a cámara lenta-.

La crisis económica paralizó de facto la urbanización. Los ecologistas y la oposición consideraron que el parón daría tiempo al Constitucional a resolver el recurso. Ilusos.

Ahora, la comunidad autónoma y los propietarios del suelo han anunciado que relanzan el proyecto con un nuevo diseño. Y que su intención es aprobar los planes generales de los ayuntamientos antes de 2010. Iberdrola Inmobiliaria, principal propietaria del terreno, lo define como uno de sus "proyectos estrella". La filial de la eléctrica tiene suelo porque hace décadas planeó construir allí una central nuclear.

La directora general de Infraestructuras Turísticas de la Comunidad de Murcia, Marina García, defiende que el proyecto es "de interés regional" y que "salvaguarda los valores ambientales y paisajísticos": "Es lo más sostenible que vamos a tener, un referente turístico a nivel del Mediterráneo, con 10 millones de metros cuadrados protegidos".

García explica que los dueños del terreno buscan ya inversores que aporten los 4.000 millones necesarios y que a final de año los ayuntamientos implicados aprobarán sus planes generales. Entonces el proyecto pasará a la comunidad autónoma. El anuncio ha inquietado a ecologistas como la Asociación Prolitoral, que agrupa a Greenpeace y Ecologistas en Acción, que mantienen otro contencioso con la comunidad por este asunto.

García espera también un fallo del Constitucional: "Creemos que avalará la ley y si no, los servicios jurídicos estudiarán la sentencia". La socialista Rosique lamenta la tardanza de la justica: "El texto recurrido es sólo un párrafo y la verdad es que ya debían haber dicho algo. Sería lo mejor para los inversores y los compradores. Si el Constitucional anula esa ley, Marina de Cope se cae como un castillo de naipes". La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, carga contra el tribunal: "La Constitución establece que el medioambiente es un derecho, pero a la hora de la verdad siempre queda detrás en las prioridades de los jueces".

El caso de Marina de Cope es una bandera ecologista. El profesor de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve afirma que "el proyecto está fuera de su tiempo. Es megalómano y contrario a lo que entendemos como turismo de calidad". En Marina de Cope se podrá ver el cambio del modelo productivo.