El juez Grande-Marlaska reactiva la investigación del 'caso Yak-42'

Cuando faltan menos de dos meses para que se cumplan ocho años del accidente del Yak-42 -la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz, en la que perdieron la vida 62 militares-, el juez Fernando Grande-Marlaska ha reactivado la investigación de las supuestas irregularidades que rodearon el flete del avión ucraniano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo lunes 11 de abril (estaba previsto que fuera este jueves), en calidad de imputado, al teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Estado Mayor Conjunto en la agencia NAMSA de la OTAN entre los años 2002 y 2003.

Se trata de la primera imputación dictada en este caso desde que en mayo de 2008 fueron imputados cinco altos cargos militares; entre ellos, el almirante Antonio Moreno Barberá, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, y el teniente general Juan Luis Ibarreta, exjefe del Estado Mayor Conjunto.

El teniente coronel Ruiz descubrió que el 33% del dinero fue al pago de comisiones

La declaración de Abraham Ruiz López, reclamada por un grupo de familiares de los militares fallecidos, es clave para la resolución del caso. En su condición de enlace español ante la NAMSA debería poder explicar por qué no se contrató el seguro de vida para los pasajeros, porque se fletó un avión de fabricación rusa en vez de uno occidental, o por qué el Ministerio de Defensa no hizo uso de su derecho de inspección, extremos todos ellos previstos en el contrato. También podría aclarar qué pasó con las múltiples quejas contra este tipo de aviones formuladas por militares españoles y de otros países.

Pero el mayor interés de su declaración radica en que el entonces jefe de la cúpula militar y actual responsable del servicio secreto CNI, Félix Sanz, le encomendó en 2004 una investigación sobre el pago de comisiones a los intermediarios que intervinieron en el flete del avión. Tras realizar gestiones en Kiev (Ucrania), Moscú (Rusia) Ankara (Turquía) y Beirut (Líbano), el teniente coronel facilitó datos que permitieron al general Sanz asegurar, en un informe confidencial en poder del juez, que la operadora del avión, la empresa ucraniana UM Air, solo cobró 38.422 euros de los 149.000 que pagó el Ministerio de Defensa.

Incluso descontados gastos de combustible, tasas de aeropuerto y catering, "el dato es a todas luces escandaloso porque supondría unos beneficios de los intermediarios superiores al 33% del precio final y ello teniendo en cuenta que se contrataba con NAMSA para reducir costes", escribió Sanz en su informe.

La investigación reveló también la opacidad que rodeó la cadena de subcontrataciones en la que intervinieron hasta cinco compañías de países distintos. Ni la NAMSA ni los intermediarios quisieron informar del coste de sus servicios y, cuando lo reclamó Defensa, facilitaron copias mutiladas de los contratos.

Hay que tener en cuenta, además, que entre febrero de 2002 y mayo de 2003, el Estado Mayor Conjunto contrató a través de NAMSA un total de 42 vuelos por un importe global de 8,9 millones de euros, por lo que el coste de las comisiones, si se aplicó el mismo patrón que en el Yak-42, superó los tres millones. El pasado 10 agosto, el juez accedió a realizar una prueba documental sobre la financiación del vuelo siniestrado. Además, ha interrogado con una comisión rogatoria al director ejecutivo de Chapman Freeborn, el broker al que NAMSA adjudicó el traslado de las tropas.

El sumario que instruye el juez Grande-Marlaska es el único que sigue activo como consecuencia del accidente aéreo. El 17 de marzo del año pasado, el Tribunal Supremo ratificó la condenada impuesta por la Audiencia Nacional al equipo de médicos militares que identificó falsamente a 30 de los 62 fallecidos. Por su parte, la Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó en noviembre los recursos de Chapman y UM Air contra la condena por el pleito civil.