El fiscal reclama 12 años para Otegi, Etxeberria y Permach como jefes de ETA

El caso Batasuna, el más importante de todos los macrosumarios que tiene pendientes el llamado entorno de ETA, entra en su recta final. El fiscal de la Audiencia Nacional presentó ayer su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita penas de 12 años de prisión para Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach por considerar que son miembros de la organización terrorista ETA en grado de dirigentes. Otegi -que es el único de los procesados que permanece en prisión preventiva-, Etxeberria y Rafa Díez Usabiaga son los que están tratando de liderar el proceso de la izquierda abertzale para convencer a ETA de que abandone las armas y poder concurrir a las próximas elecciones municipales. Una condena por este caso supondría una larga temporada de los dirigentes de facto en prisión, lo que mermaría notablemente las pretensiones de la línea más moderada de la izquierda soberanista próxima a ETA de retornar a la legalidad.

La fiscalía pide al tribunal que acuerde la disolución de HB, EH y Batasuna

La fiscalía reclama también condenas para otros 37 cualificados militantes de la izquierda abertzale. Para 20 de ellos, a los que acusa de pertenencia a la banda terrorista, y entre los que se encuentran Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez, Karmelo Landa, José Luis Elkoro, Anton Morcillo, Jon Gorrotxategi o Floren Aoiz, la pena solicitada es de 10 años. Para los 17 restantes, se piden ocho años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

Los procesados son la mayoría de los que integraban la Mesa Nacional de Batasuna y varias de sus sucesivas reconstrucciones, que el juez Baltasar Garzón se encargó de desarticular, tras mantener de forma innovadora desde hace más de 12 años que ETA no son sólo sus comandos, sino también los integrantes de los movimientos, grupos y partidos que de dan cobertura o la financian.

El fiscal pide al tribunal que acuerde la disolución e ilicitud de Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna, partidos que ya fueron ilegalizados y anulada su inscripción en el registro de partidos políticos.

El fiscal reclama también el comiso de los efectos intervenidos que tengan relación con el delito cometido y de las herriko tabernas provisionalmente incautadas en cuanto instrumento utilizado para la comisión de actividades delictivas de financiación de la organización terrorista ETA.

En un escrito de 127 folios, el fiscal recorre la historia de los atentados de ETA y de la estrategia seguida por la banda para conseguir controlar y fagocitar movimientos ciudadanos e instituciones dentro de la legalidad, para llegar al poder en Ayuntamientos y conseguir subvenciones con las que seguir financiando el proyecto dirigido por ETA.

El escrito del fiscal señala que los partidos: Herri Batasuna, desde su constitución en 1978, y luego, sucesivamente, Euskal Herritarrok y Batasuna han sido utilizados por el "frente militar" de ETA. Estos partidos eran la expresión legal de la banda y los encargados de la llamada "lucha institucional", al servicio de la organización terrorista ya que eran controlados por KAS -y luego Ekin- y esta estructura, a su vez, por ETA.

A partir de ahora, las restantes acusaciones deberán presentar sus correspondientes escritos de calificación. Luego corresponderá el turno a las defensas de los 40 procesados y de los partidos en cuestión, por lo que el juicio, como muy pronto, se podría celebrar a finales del próximo otoño o bien entrado el invierno que viene.