El fiscal pide que Camps declare y que se investigue más al tesorero del PP

La Fiscalía Anticorrupción emitió ayer sendos informes para los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia en los que solicita que se tome declaración a todos los aforados autonómicos de la Operación Gürtel, pero se opone a elevar aún una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo del proceso, al considerar que debe avanzar aún la investigación respecto al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado del mismo partido Gerardo Galeote. El juez Baltasar Garzón les acusa de haber recibido 1,3 millones y 600.000 euros, respectivamente, como sobornos de la red de Francisco Correa, contratista durante años de la mayoría de actos y viajes del PP.

El fiscal insiste en profundizar la investigación respecto a Bárcenas y Galeote, aforados al Supremo, puesto que el primero es senador y el segundo eurodiputado. Anticorrupción argumenta que la causa está en sus inicios, queda abundante documentación aún por examinar y puede que a lo largo de la instrucción aparezcan datos que permitan identificar a la persona que aparece tras las iniciales "L. B." o "Luis el Cabrón". Sólo si aparecen más indicios, señala, habría que elevarlo al Supremo.

La fiscalía responde "no" a la petición del juez para enviar ya el caso al Supremo

La fiscalía responde así de forma negativa al juez Baltasar Garzón, que en su auto del pasado 31 de marzo pidió un informe sobre la procedencia de elevar toda la causa al Tribunal Supremo. Anticorrupción insiste en que hay que seguir investigando y cree que los indicios contra Bárcenas y Galeote no son tan sólidos como los que se refieren a los aforados madrileños, entre ellos el ex consejero de Transportes Alberto López Viejo.

"En el estado actual, no cabe sino reiterar lo expuesto sin perjuicio de que, a lo largo de la instrucción, aún en estado inicial, aparezcan datos que permitan identificar la persona que aparece tras las iniciales L. o L. B., así como el origen de los cobros", señala Anticorrupción.

En su auto, basándose en la información de la policía, y en las declaraciones tanto del contable de la red de Correa, José Luis Izquierdo, como de una trabajadora, Felisa Jordán, Garzón señalaba sin ninguna duda a Bárcenas. De hecho, algunos apuntes contables aportados por el juez hablan de "Fra. L. Bárcenas" y "retirada por P. C. (L. Barc.?)". Igualmente, el magistrado explicó en su auto que los funcionarios policiales ratificaron en presencia judicial, que Gerardo Galeote y Luis Bárcenas fueron, "sin género de dudas, las personas a las que se refieren las anotaciones recogidas". Sin embargo, la fiscalía no está de acuerdo con Garzón y pide seguir investigando, aunque admite que aún no se ha encontrado a nadie que pueda responder a las siglas de L. B. que no sea el propio Bárcenas.

Anticorrupción sí está en sintonía con el juez en lo que se refiere al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y pide que se le tome declaración, a pesar de que él sigue negando cualquier implicación e incluso asegura que nunca nadie le pagó ningún traje. En un segundo informe al Tribunal Superior de Valencia, Anticorrupción asegura que Camps parece haber recibido distintas prendas de vestir de Milano y Forever Young, abonadas por el entorno de Correa, cuyo valor ascendió, respectivamente a 4.700 y 8.073,5 euros.

El fiscal considera que los hechos que deben ser investigados por el Tribunal Superior de Valencia son "exclusivamente" los atribuidos al presidente Francisco Camps y a Ricardo Costa, su mano derecha, que presuntamente también recibió regalos de trajes, por lo que solicita que se tome declaración a ambos. En cambio, los referidos a los también implicados de Valencia Víctor Campos Guinot y Rafael Betoret, deben investigarse aparte, "con el conjunto de la causa", según el fiscal.

La fiscalía explica que desde su primer informe sobre competencia ha considerado que los hechos atribuidos al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, eran escindibles de la causa principal.

En consecuencia, si el Tribunal Superior de Valencia acepta la competencia sobre Camps, se formarían dos causas independientes.

De ahí que, según el fiscal, al tratarse de "dos causas independientes", no quepa aplicar la doctrina del Supremo invocada por Garzón según la cual, al concurrir "en la misma causa" aforados de distinta comunidad autónoma, la responsabilidad será exigible ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Fuentes de la fiscalía informaron ayer de que Anticorrupción no ha hecho públicas otras diligencias de prueba, cuya práctica ha solicitado de ambos tribunales superiores, porque se refieren a personas que aún no han aparecido públicamente y no se quiere comprometer el resultado de los interrogatorios.