Los espías de Cobo y Prada cambian su versión: "No recibíamos órdenes"

El juzgado número cinco de instrucción de la madrileña plaza de Castilla, cuya titular es Carmen Valcarce, tuvo ayer una inusual clientela. Estaban citados cinco subordinados del consejero madrileño de Interior, Francisco Granados, por el supuesto espionaje sufrido en 2008 por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada.

La lista de imputados con cita judicial para ayer tarde la engrosaban los tres ex guardias civiles asesores de Granados (José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado), el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, y el empleado público José Manuel Pinto, al que una doble pericial contratada por este diario identificó como el autor de las notas manuscritas de los partes de seguimiento.

Los sospechosos se niegan a contestar a los abogados de los espiados

Los tres ex guardias esgrimieron la misma coartada que había formulado días antes su consejero: que si aparecían junto al despacho de Cobo a la hora en que este llegaba todas las mañanas entre el 1 y el 8 de abril de 2008 era porque estaban custodiando alguna de las consejerías cercanas a ese punto. Pero, según fuentes jurídicas, cuando se les pedía detalle de qué consejería vigilaban, fueron incapaces de precisarlo. Alegaron desmemoria. Algunos ni siquiera sabían todas las consejerías cercanas.

La juez les mostró la contradicción de que habían declarado que no habían seguido a Cobo y, sin embargo, los posicionamientos los ubicaban junto al vicealcalde en los días que señalaban los partes, e inmediatamente después en el mismo parte, siguiendo a Prada, como también demostraban los posicionamientos telefónicos.

Los agentes declararon ayer a la juez que decidían con plena autonomía dónde ir cada día a vigilar, sin dejar constancia documental de ese trabajo. Nueve meses antes, le dijeron a la misma juez que lo hacían todo por orden de su jefe Sergio Gamón. La juez, según fuentes jurídicas, les espetó ayer que no entendía su trabajo pero, ironizó, le resultaba envidiable. Los tres se negaron a contestar a las defensas de las víctimas.

El jefe de los espías, Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, tampoco fue más preciso: sólo indicó que si estaban allí, junto a Cobo, sería porque era necesario custodiar alguna consejería.

Sin embargo, sólo en los días en que los partes de seguimiento registran seguimientos a Cobo aparecen los ex guardias civiles por esa zona. Parece que el resto de los días no hacía falta custodiar las consejerías. La juez volvió a mostrar que no entendía qué trabajo era ese que no dejaba reflejo escrito. Respecto del espionaje a Alfredo Prada, Gamón respaldó que le habían vigilado incluso en su domicilio como a los demás consejeros. Lo hicieron durante dos meses seguidos. Y sólo lo hizo el personal más cualificado y mejor pagado de la consejería, los asesores de confianza del consejero Granados. De la mañana a la noche y en lugares públicos y privados. Sobre eso no pudieron responder porque no contestaron a los abogados de los espiados.

El agente Pinto, por su parte, negó ser el autor de las notas manuscritas de los partes. Achacó tal acusación a un sindicalista de UGT al que no identificó. La juez le tomó abundante prueba de su escritura.

Su interrogatorio se había ordenado una vez que la juez del caso, Carmen Valcarce, había recibido un nuevo informe policial sobre los posicionamientos de los móviles de los ocho agentes de Granados sospechosos de practicar dichos seguimientos ilegales nutridos con fondos públicos.

Y si el anterior informe policial acreditó que los tres ex guardias asesores de Granados habían seguido sin descanso durante mayo de 2008 a Prada, el nuevo análisis probaba que en abril de 2008 estos mismos tres agentes se alternaron en diversas jornadas en los marcajes ilegales de Prada y Cobo.

Si ahora dan por cierto los ex guardias civiles el seguimiento a Prada, aunque encubierto bajo fórmulas de "contravigilancias" o "escolta", competencias ajenas a la Comunidad de Madrid, los abogados de los espiados creen que hay que dar por validados también los marcajes a Cobo. Porque los espías van de un objetivo a otro, Prada o Cobo, y los rastros de los móviles siguen igual trayectoria y así se refleja en los partes. "Lo que se admite como cierto a partir de una hora, no puede ser falso un minuto antes sólo porque el espiado es Cobo y ahí no hay coartada posible para explicar por qué se sigue a un cargo ajeno a la Comunidad y que tiene escolta y contravigilancia municipales", explicaban las defensas de las víctimas.