El emperador del ladrillo

El jueves, el ex alcalde de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), el socialista Pere Albó, se levantó y se encontró con un grupo de personas increpándole en la puerta de su casa. Eran los empleados del constructor y concejal del municipio, Pere Luque. Albó, ahora en la oposición, había denunciado al segundo en los medios porque estaba haciendo una obra sin permiso. Luque, a su vez, apoyó unas semanas antes una moción de censura contra Albó. Hubo gritos, amenazas, insultos y, al final, un cristal roto.

Desde entonces, la cosa ha ido a más. El edil en cuestión ha amagado con dimitir. Ahora dice que tendrán que echarle. Luque ha tenido problemas con al menos tres obras por faltas de permisos (dos, ya subsanados) y tiene una denuncia del PSC por amenazas, coacciones y daños contra la propiedad a raíz del incidente con Albó. De él depende la gobernabilidad del municipio de 22.000 habitantes, que tiene un nuevo consistorio desde hace poco más de un mes.

El último tropiezo con la legalidad ha sido en la rehabilitación de una masía en el municipio de Castell-Platja d'Aro. El lunes el Consistorio tuvo constancia de que se estaban haciendo obras sin permiso y ayer la alcaldesa, Dolors Padilla (PSC), firmó el decreto de paralización. No tenía licencia. "Lo hice sabiendo que corro el peligro de una irregularidad. Pero es una rehabilitación", defiende Luque, que ha parado las reformas. A su entender, es básico, en los tiempos que corren, seguir construyendo, incluso infringiendo la ley. "Si el permiso de obras no lo tengo la semana que viene, 20 personas se irán a la calle", amenaza.

Luque hace años que es constructor en Sant Feliu de Guíxols. El hombre tiene 170 trabajadores a su cargo y dice de sí mismo que es de los empresarios más importantes en la zona. Como líder del partido independiente Amics per Sant Feliu, consiguió un concejal en 2007. El pasado 12 de abril, Luque tuvo la llave para derrocar al gobierno local. Su apoyo a la coalición de Carlos Motas, del partido independiente Tots per Sant Feliu, con CiU, les otorgó la mayoría por un concejal en la moción de censura contra el ejecutivo de Albó.

A raíz de los disturbios con el ex alcalde, Luque ofreció su cabeza. "Dimito", asegura que les comunicó a sus socios de gobierno. "Pero ellos me dijeron que no podía ser, que era una persona imprescindible", explica por teléfono. Pero la presión mediática subió tanto de tono que Motas aceptó el lunes su dimisión, siempre según la versión de Luque. "Sería lo más oportuno de cara a las elecciones", asegura que le dijo el alcalde. Este periódico ha tratado, sin éxito, obtener la versión de Motas.

Ahora Luque ha cambiado de opinión y quiere quedarse. "Tengo que supervisar presupuestos", esgrime. ¿Por qué? "Por la sinvergonzonería de los técnicos", lanza, que están aceptando presupuestos inflados. "¿De este pastel, cuánto os lleváis?", les acusa.

"El alcalde me pide por activa y por pasiva que plegue, pero de ninguna manera. Yo he puesto el cargo a su disposición, pero tendrá que ser él quién lo decida", insiste. Si Motas al final lo expulsa del equipo de gobierno, Luque se quedará en la oposición. Y su voto es clave. La coalición de Motas con CiU suma 10 concejales. La oposición tripartita (PSC, ERC e ICV), otros 10. El voto de desempate en cualquier decisión será el de Luque, que no está dispuesto a servir su cabeza en bandeja: "No puedo irme, no hay ningún substituto. Además, quedaríamos ante la ciudadanía como perdedores".