Los socialistas valencianos reclaman que se investigue la financiación del PP

Los socialistas valencianos se han apoyado en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía para anunciar la presentación en breve de una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que se investigue la financiación irregular del PP. La querella va dirigida contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la comisión de los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, delito electoral, alteración contable y delito fiscal. El PSPV extiende estas acusaciones al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; al ex secretario general del PP Ricardo Costa, al vicesecretario general de ese partido, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García. El anuncio fue hecho por el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, durante un encuentro con periodistas celebrado ayer en Madrid.

El PSPV extiende su denuncia a Rambla, Costa, Serra y la tesorera del PP

La Brigada de Blanqueo de la Policía redactó el informe Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, del que se concluía que la cúpula del PP valenciano amparó y dirigió una financiación irregular de esta formación durante los últimos años. Este informe fue el que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que preside Juan Luis de la Rúa -del que Francisco Camps llegó a decir que era más que amigo suyo-, se negó a investigar cuando se lo remitió el Tribunal Superior de Madrid, el 31 de julio pasado. El PSPV tendrá que presentar su querella en esa misma sala, que ya archivó la causa contra Camps por presunto delito de cohecho pasivo impropio.

La policía aporta en su informe una serie de documentos oficiales (cheques bancarios, facturas con IVA, etcétera) y las copias de los correos electrónicos enviados desde la sede de Orange Market a la asesoría que trabajaba para la trama corrupta. En esos correos electrónicos se solicitan cambios en la facturación de la empresa, de manera que ingresos procedentes del PP se convierten en servicios a constructoras valencianas.

Jorge Alarte insistió en la voluntad de su partido de que el tribunal investigue "hasta las últimas consecuencias. Nadie debe quedar impune, y se ha de salvaguardar la figura institucional de la presidencia de la Generalitat, no la de [Francisco] Camps que", precisó, "la ha perdido hace tiempo". El secretario general de los socialistas valencianos criticó el modelo que denominó "Gürtel-Camps", subrayando que Álvaro Pérez, El Bigotes, se había convertido en "el gran asesor del presidente", como lo prueba el hecho de que en los últimos años no se ha celebrado ningún gran evento en la Comunidad Valenciana en el que no hayan participado las empresas de la trama Gürtel.

Un portavoz de la dirección de los socialistas valencianos explicó que la decisión se adoptó durante la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva realizada el pasado lunes. "Tras conocer el contenido de los 17.000 folios del informe policial no podíamos quedarnos sin hacer nada", relató Alarte.

El PP, por su parte, replicó con el anuncio de otra querella contra el PSPV por denuncia falsa si los socialistas seguían adelante con su iniciativa para denunciar la financiación del PP y contra Camps.