La inspección inivestiga las conversaciones extraoficiales del fiscal Gordillo con Iruin

La inspección en curso sobre los fiscales de la Audiencia Nacional ha detectado ya indicios de prácticas anómalas. Una de las que más han llamado la atención a los inspectores es la constatación de fluidas comunicaciones entre el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado abertzale y ex senador de HB Iñigo Iruin sobre el caso Lasa-Zabala con anterioridad a que la Audiencia Nacional asumiera la investigación. También se ha detectado que un informe del Ministerio del Interior fue ocultado al juez, y la participación de alumnos en prácticas en la elaboración de informes oficiales.

La inspección en marcha sobre la labor de los fiscales de la Audiencia Nacional ha confirmado que el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado Íñigo Iruin mantuvieron contactos telefónicos en relación con el caso Lasa y Zabala previos a que el caso fuera asumido por la Audiencia Nacional, pero cuando ya había trascendido que, presuntamente, los cádaveres localizados en Busot (Alicante) el 17 de marzo de 1995 correspondían a los jóvenes Lasa y Zalaba, cuyos familiares habían denunciado, su desaparición en diciembre de 1983. El juzgado de San Sebastián que había abierto las diligencias se inhibió en favor de la Audiencia Nacional el 4 de abril de 1995; el de Alicante lo hizo el 9 de mayo. También se han detectado visitas extraoficiales de Iruin y de familiares de Lasa y Zabala al despacho de Gordillo cuando todavía no había causa abierta en la Audiencia Nacional. Existen incluso, según fuentes próximas a la inspección, pruebas documentales de tan fluida relación.

Gordillo fue el fiscal escogido por el inspector de policía de Alicante Jesús García para denunciar su sospecha de que los cadáveres localizados en Busot podrían ser -como así se acabaría confirmando- los de Lasa y Zabala. En círculos jurídicos se especula que este agente fue ayudado desde la Audiencia Nacional a llegar a tal conclusión tras comparecer el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán ante el juez Baltasar Garzón, a quien oficialmente nunca informó de estos hechos.

Con los datos que le facilitó el policía, Gordillo elaboró un informe para el fiscal general del Estado, entonces Carlos Granados. Paralelamente, comenzó sus comunicaciones con Iñigo Iruin. Aranda remitió las diligencias al juzgado de San Sebastián, circunstancia que apartaba del caso a Gordillo.

La inspección realizada en la Audiencia Nacional por cuatro fiscales aún no se ha pronunciado oficialmente sobre tales contactos extraoficiales; pero sí han trascendido ya en diversos ámbitos jurídicos, que han mostrado su alarma. No en vano, miembros del bufete Berdin, al que pertenece Iruin, ex senador por HB, fueron investigados en relación con tramas de extorsión de ETA. El fiscal jefe, José Aranda, ha declinado comentar tales hechos. En su opinión, debe ser la Fiscalía General del Estado quien dé las explicaciones.

Alumnos en prácticas

La inspección, según fuentes relacionadas con la misma, también ha detectado indicios de la participación de alumnos en prácticas en la elaboración de informes. oficiales de Ignacio Gordillo y Pedro Rovira. Esta práctica fue absolutamente prohibida, por el anterior fiscal general del Estado, Carlos Granados, quien advirtió a los fiscales que sólo podían utilizar en tal tarea a alumnos oficiales de la Escuela Judicial y para causas ya concluidas, nunca alumnos. privados.La inspección también ha detectado que la fiscal María Dolores Márquez llegó a ocultar al juez un informe sobre el atentado terrorista contra José María Aznar, en abril de 1995. El 2 de agosto de 1994 la policía halló en un coche abandonado a 80 metros del domicilio de Aznar las huellas de los etarras Mikel Azurmendi, Hankas, y Nagore Múgica. Ambos habían sido previamente detectados en un incidente con agentes municipales a 2,4 kilómetros, donde supuestamente vigilaban alguna ruta de vehículos militares.

La policía, en un informe, descartó que hubiera relación entre la presencia de ambos terroristas en la zona y el posterior atentado contra Aznar. Sin embargo, la fiscal, con el argumento de que se había detectado, en la zona del atentado, una huella de Hankas en el coche que los etarras dejaron abandonado tras el incidente de agosto de 1994, solicitó al juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, el procesamiento del etarra. El magistrado, aun sin conocer el informe policial que aclaraba el, malentendido, rechazó tal petición por creerla infundada.

Nuevo informe

El 14 de noviembre de 1995, María Dolores Márquez reiteró al juez su petición de procesar a Hankas, pero García-Castellón consideró fuera de plazo su demanda. Semanas antes, la fiscal había solicitado a la policía un nuevo informe sobre posibles huellas de Hankas en el lugar del atentado de Aznar par a ser entregado en el juzgado. El informe, remitido a finales de noviembre de 1995, era contrario a su tesis: no había huellas del terrorista, salvo las del coche abandonado meses atrás.Pero la fiscal no dio cuenta de la recepción de este informe ni a su jefe ni al juez. Por contra, hace unas semanas reiteró a la sección primera de la Sala de lo Penal el procesamiento de Hankas.

Ahora, un año más tarde, a raíz de la inspección abierta por la Fiscalía General del Estado entre los fiscales de la Audiencia Nacional se ha confirmado la existencia y ocultamiento de di cho informe. Esto ha causado hondo malestar el la Sección Primera, que preside Siro García, y en el juzgado de Manuel García Castellón. Márquez también ha declinado dar una explicación "Tengo órdenes estrictas de no hablar con la prensa".