Un edil de Gallardón acusa al PP de Aguirre de desviar la atención sobre el espionaje

La comisión de investigación sobre el presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid, en su primera jornada de comparecencias, llevaba toda la mañana y parte de la tarde enredada en un debate ajeno al del espionaje. Pretendía averiguar si el cuerpo de técnicos de seguridad de la Consejería de Interior -en cuyo seno se sospecha que se produjeron los seguimientos a políticos el año pasado- tiene ahora las mismas competencias y estructura que tenía cuando se creó hace dos décadas. Para aclarar eso, el PP de Esperanza Aguirre había llamado a declarar a un ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y a dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es concejal en el Ayuntamiento (a estos dos también los había llamado el PSOE).

"El problema es que se les encargue lo que no deben hacer y es ilegal"

"Es como si cuando ocurrió lo de Roldán hubieran llamado al duque de Ahumada"

La comparecencia de Calvo estaba a punto de concluir cuando éste, aparentemente harto de explicar cuál era la "estructura" del cuerpo de seguridad en su época, soltó a los diputados: "Yo no sé qué están intentando ustedes investigar. Someter a investigación lo que se ha hecho durante los Gobiernos anteriores me parece un poco ridículo. El problema no está en las estructuras, ni en cuándo se crean ni en cuándo se refuerzan, el problema es que se les encargue aquello que no deben hacer y además es ilegal, si eso es lo que ha sucedido, que supongo que es lo que tiene que determinar esta comisión y las instancias judiciales".

La bancada del PP se quedó muda, pero él siguió: "Estas comparecencias, las de los señores Mayor y Cano y la mía, me parecen un despropósito. Nada tiene que ver la historia de un servicio con que en un momento determinado pueda hacer algo que no debería haber hecho. Es como si cuando ocurrió lo de Luis Roldán [ex director de la Guardia Civil] se hubiera creado una comisión de investigación y hubieran llamado desde al duque de Ahumada [creador de la Guardia Civil en el siglo XIX] a todos los directores generales. Es absurdo. Desde luego, cuando yo fui competente estos técnicos no desarrollaron nada relacionado ni de lejos con espionaje político".

Los diputados de la oposición sonreían entre satisfechos y alucinados. Pedro Calvo aún añadió que, para intentar saber más, la comisión debería haber llamado más bien a Eduardo San Román, director general de Protección Ciudadana cuando él era consejero. Precisamente, uno de los comparecientes vetados por el PP. El portavoz del Grupo Popular, David Pérez, tragó saliva y luego, en los pasillos del Parlamento madrileño, se limitó a decir a los periodistas: "La decisión de quién comparece en esta comisión la toma la comisión, no los comparecientes".

Hasta ese momento, la primera sesión de la comisión se había resumido en esto: el PP -que niega que se haya producido ningún espionaje- intentó demostrar que el cuerpo autonómico de técnicos de seguridad hace ahora las mismas cosas (legales) que hizo con Gobiernos anteriores.

Y los tres comparecientes que el PP había elegido para estrenar la comisión desmintieron esa tesis. Subrayaron que las competencias en seguridad de la Comunidad se reducen a la vigilancia de edificios y que, al contrario de lo que afirma el Gobierno de Aguirre, no incluyen la contravigilancia ni la escolta de altos cargos, que depende del Ministerio del Interior.

Para sostener su teoría, Pérez mostró un convenio colectivo del año 1988 en el que sí se hace referencia a la "vigilancia de personas, locales, fincas y enseres" entre las funciones del "personal laboral de la Comunidad de Madrid". En ese convenio no se dice qué se entiende por "vigilancia de personas" ni qué personal tiene esa competencia.