El dinero de la Iglesia católica

A finales de año vence la última prórroga del mecanismo de financiación estatal a la Iglesia católica, iniciado en 1988 y que ha sido objeto de retoques sucesivos a la espera de que la Iglesia cumpliera el compromiso de autofinanciarse. Y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo programa ha sido objeto de una gran arremetida eclesial, tiene por delante una decisión: o vuelve a prorrogar ese modelo, o sitúa a la Iglesia católica ante la necesidad de vivir de sus fieles.

Poner fecha de caducidad a los pagos del Estado con cargo al Presupuesto es un trago políticamente difícil para Zapatero, al que el episcopado ha acusado de anticlerical y laicista. El presidente del Gobierno ya ha dejado claro que no piensa denunciar los acuerdos con la Santa Sede firmados hace 26 años, en los que se recogió el propósito de la Iglesia de "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Miembros de la jerarquía interpretan que no hay financiación estatal que valga, porque los fieles son los que aportan el dinero a través del impuesto sobre la renta (IRPF). El problema es que la recaudación obtenida es sistemáticamente inferior al mínimo asegurado a la Iglesia "en tanto" pueda autofinanciarse y el Estado tiene que pagar la diferencia con la bolsa común.

El jefe del Ejecutivo se mueve en un terreno a la vez preparado y minado. Preparado, porque el nuevo presidente de los obispos, Ricardo María Blázquez, ha frenado la ofensiva de los suyos, en aras de un clima en que sea posible el diálogo. Pero también minado, porque los sectores más conservadores de la Iglesia han confirmado su fuerza con la elección de Benedicto XVI como nuevo Papa.

Muchos intelectuales y políticos sostienen que no puede prolongarse indefinidamente la dependencia de la Iglesia respecto del Presupuesto, en un país cuya Constitución indica que el Estado no es confesional. La última propuesta figura en un documento de la Fundación Alternativas -un centro de pensamiento de izquierdas, impulsado por Nicolás Sartorius-, que lanza la idea de eliminar la asignación presupuestaria a la Iglesia en ocho años y sustituirla por incentivos a las donaciones de los creyentes, deducibles en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.

Una red de 40.000 instituciones

La Iglesia católica española es un conjunto de 40.000 instituciones: 67 diócesis, cientos de órdenes y congregaciones, 23.000 parroquias, más de 14.000 fundaciones y asociaciones. Casi un tercio de su presupuesto de 2004 fue proporcionado por fondos públicos. La Iglesia católica conserva parroquias, construye templos, sostiene a unos 20.000 sacerdotes, ejerce el apostolado, se emplea en acciones sociales. ¿Podría vivir por sí misma? No se conocen cuentas consolidadas del conjunto de instituciones católicas en España.

Lo cierto es que diferentes administraciones públicas (ministerios, autonomías, ayuntamientos) canalizan en torno a 3.500 millones de euros anuales hacia entidades de esa confesión. El sostén financiero del Estado a los colegios concertados, el mantenimiento del patrimonio cultural o los apoyos a la acción social de la Iglesia no están en discusión. La decisión pendiente afecta a la "asignación tributaria", así llamada porque se recauda de los ciudadanos a través de la "casilla católica" en el IRPF.

En el ejercicio de 1988 comenzó a regir el porcentaje del 0,5239% de la cuota íntegra del IRPF destinado a la Iglesia católica, cuando el declarante marca la casilla correspondiente. También se inició el sistema de garantizar un mínimo de ingresos a la Iglesia: a falta de recaudación suficiente por el IRPF, las Cortes autorizan el pago de lo que falte. Todos los años se ha hecho, con Felipe González o con José María Aznar en La Moncloa.

En los últimos meses de 2002, el PSOE, entonces en la oposición, se opuso a que el Estado continuara entregando a la Iglesia más dinero del que le asignan sus fieles a través del IRPF. El Presupuesto de 2005 era la primera ocasión de corregirlo. Pero los socialistas, una vez instalados en el poder, han renunciado a tocarlo, al menos para el ejercicio en curso.

De modo que la Conferencia Episcopal recibe una transferencia de 11,78 millones de euros mensuales del Ministerio de Hacienda, y seguirá haciéndolo hasta que se completen los 141,46 millones que tiene garantizados para 2005 por la última prórroga del sistema en vigor, precisamente la que vence este año.

¿Quiere decir esto que no se romperá nunca la dependencia material de la Iglesia católica, del sostenimiento de su organización en España, respecto al Estado?

Bernando Herráez, durante muchos años responsable del departamento de Asuntos Económicos del episcopado, ha defendido la necesidad de llegar a la autofinanciación de la Iglesia por medio de reformas estructurales que incrementen los ingresos y mejoren la profesionalidad en la gestión de los recursos.

Hay otras aportaciones al debate todavía inéditas. Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra, ha elaborado un documento por encargo de la Fundación Alternativas en el que propone cambios en los mecanismos, a fin de exigir "el compromiso de autofinanciación asumido por la Iglesia católica en el artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos", uno de los que se firmaron en 1979.

Triple propuesta de reforma

El documento citado propone básicamente tres reformas en el sistema actual de financiación:

-Supresión de la asignación tributaria a la Iglesia católica, al cabo de ocho años de un periodo destinado a adaptarse a la independencia económica frente al Presupuesto del Estado. El plazo "conllevaría el firme compromiso de ambas partes sobre la irreversibilidad del proceso".

-Aceptación de incentivos fiscales para las donaciones que reciban las confesiones religiosas, tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades.

-Reconsideración de algunos de los beneficios fiscales ya existentes. El documento en cuestión cita el impuesto sobre el valor añadido (IVA), al que la Iglesia católica no está sujeta cuando se trata de compras para el culto; y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), de cuyo pago están exentas las viviendas de sacerdotes y religiosos católicos y de otras confesiones.

La adquisición de objetos destinados al culto católico no está sujeta al pago del IVA, pero esa excepción no forma parte de las autorizadas por la Comisión Europea. Con tal motivo se arrastra un contencioso desde 1989, año en que Bruselas dio el primer toque de atención al Gobierno español.

El hecho de que el trato beneficioso en el IVA esté reservado a la Iglesia católica constituye "una discriminación", a juicio de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Evangélicas (Ferede), que lo ilustra con el siguiente caso: "Si un constructor entrega un templo a la Iglesia católica, ésta no tiene que pagar el IVA; pero si nos lo entrega a nosotros, tenemos que pagar el 16%".

En cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), del que están exentas las viviendas de los ministros del culto católico y también los de algunas otras confesiones, el profesor Alejandro Torres entra en detalles. Por ejemplo, considera "inexplicable" la inclusión de huertos y jardines de las viviendas de los religiosos en la exención del impuesto. "Cabe preguntarse seriamente en qué medida este privilegio es necesario para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa". Derecho, por cierto, extendido desde 1994 a las comunidades de protestantes, judíos y musulmanes, consolidando "un residuo quizá más propio de un Estado confesional que de uno laico".

¿Se pueden revisar los mecanismos de financiación de la Iglesia, sin que esto sea considerado una agresión al catolicismo? "Nosotros creemos que la autofinanciación es buena, porque permite más autonomía a la Iglesia respecto al poder político de turno y es más acorde con el carácter no confesional del Estado español", explica Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas.

"En modo alguno queremos que la Iglesia quede desasistida", precisa Sartorius. "Esta institución presta servicios sociales importantes en materia educativa, de cuidado del patrimonio y otros terrenos sociales. Se había comprometido a autofinanciarse en los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede, y con esta propuesta queremos ir creando las condiciones para que lo cumpla, con un periodo de adaptación que podría ser el equivalente a dos legislaturas".

A juicio del profesor Torres, autor del estudio citado, "potenciar las donaciones a favor de la Iglesia católica sería un modelo plenamente compatible con el marco constitucional", cuya eficacia depende de "una labor mentalizadora de los fieles. Si esta mentalización no se consigue, es previsible que el problema permanezca indefinidamente".

No es la primera vez que aparece la idea. A principios de los años noventa se preparó un plan para sustituir la asignación tributaria por desgravaciones de hasta el 40% en las donaciones. "Finalmente no se suscribió acuerdo alguno con el episcopado, pero la idea me sigue pareciendo buena", afirma Dionisio Llamazares, que fue director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993.

Lo que da de sí el 0,5% del IRPF

Al investigar los datos de la Agencia Tributaria y de la Oficina de Estadística de la Iglesia sobre los declarantes del IRPF, se observa que las comunidades donde hay una mayoría clara de izquierda (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha) se sitúan en el grupo donde se marca más la "casilla" católica del IRPF. Los resultados son más irregulares entre las de signo conservador: Galicia está por debajo de la media nacional en porcentaje de declarantes.

La Iglesia ha logrado en Navarra los mejores resultados relativos por el 0,5% del IRPF, tanto en porcentaje de personas que marcan la asignación como en cantidad recaudada. Pueden explicarse por la fuerte implantación de la Iglesia en la región y su tradicionalismo histórico. En los últimos años ha bajado, no obstante.

Caso aparte es el de las diócesis catalanas: han conseguido el mayor grado de autofinanciación entre las españolas (colectas, donaciones privadas). En cambio, en el IRPF, el porcentaje de asignaciones a la Iglesia les sitúan por debajo de la media de España.

Queda muy clara la tibia respuesta de los católicos a ese procedimiento. Son mayoritarios entre la población, pero sólo una minoría marca el 0,5% de la cuota de su impuesto sobre la renta para la Iglesia. La prevención del ciudadano o de las empresas a la hora de confesarse con Hacienda puede jugar algún papel: señalar la "casilla" católica puede tener algo de declaración de confesionalidad, aunque desde el punto de vista formal, el Tribunal Constitucional ha negado que pueda deducirse eso.

Que el sistema vigente no da más de sí, en la práctica, es una evidencia a la vista de los datos. Los que marcan la casilla católica son cuatro de cada diez, en el mejor de los años. Cuando sólo se podía elegir entre la Iglesia y los "otros fines" sociales, el 36,62% de los declarantes marcaron la casilla católica y se recaudó el equivalente a 97,2 millones de euros en 1998, por ejemplo; resultado netamente inferior a los 123,3 millones presupuestados y abonados en ese ejercicio.

Al año siguiente, el Gobierno de Aznar cambió el sistema para permitir el marcaje de las dos casillas (con lo cual, un 0,5% va a la Iglesia y otro tanto a los demás fines), una sola o ninguna. La recaudación ha subido, pero sigue siendo inferior al mínimo garantizado a la Iglesia. En 2002 -último ejercicio del que la Agencia Tributaria ha facilitado datos- se recaudaron 105,9 millones de euros a través del IRPF, pero se pagaron 133,3 millones (véase gráfico).

Consultado el servicio de comunicación de la Conferencia Episcopal, finalmente no ha facilitado interlocutores para cuestiones económicas, alegando otras prioridades durante las últimas semanas.

La defensa del sistema

Desde el departamento económico del episcopado se ha sugerido la solución de aumentar el porcentaje del IRPF asignado a la Iglesia, hasta el 0,8% o el 1%. "Es incorrecto afirmar que el Estado es el que subvenciona a la Iglesia", ha sostenido Fernando Jiménez Barriocanal, secretario técnico de la Conferencia Episcopal, a propósito de una polémica anterior sobre estos temas. "La ayuda se recibe a través de la asignación de cada uno de los declarantes del IRPF. La ineficiente instrumentación técnica de la asignación, establecida unilateralmente por el Gobierno, es la que provoca el que el Estado tenga que completar la cuantía para cumplir sus compromisos".

Una decisión de ese tipo no sería neutra para los demás contribuyentes: la casilla del IRPF para la Iglesia católica no sube la cuota del que la marca, sino que reduce los ingresos fiscales que pueden dedicarse a las demás necesidades. Nada que ver con el impuesto religioso de Alemania -el país natal del nuevo Papa-, en el que la autoridad tributaria colabora recaudando un recargo en el impuesto sobre la renta, de entre el 8% y el 10%, que se entrega a las iglesias respectivas y se reclama sólo a los inscritos en las listas de cada iglesia. Darse de baja en ellas implica dejar de pagar el impuesto religioso.

El hecho de que el Presupuesto del Estado apoye a una iglesia es poco habitual en los países occidentales. Ni en la laica Francia ni en Estados Unidos se acepta que las confesiones dependan de las arcas públicas ni que la Administración recaude para ellas. Holanda acabó en 1983 con las relaciones financieras entre el Estado y las iglesias, aunque acordó con ellas un sistema transitorio.

Durante la fase aguda de la crisis con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en el verano pasado, el arzobispado de Madrid preparó un documento en el que recalcó la implantación mayoritaria de la religión católica. "Si es la más numerosa de España, también es lógico y necesario que reciba unas ayudas y derechos más elevados que el resto de religiones minoritarias".

Batalla ideológica y económica

Actualmente se aprecia un claro después de las tormentas que han descargado sobre las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno socialista. Los intentos de organizar manifestaciones contra las reformas legislativas fueron cancelados. El cardenal Antonio María Rouco, "hombre fuerte" en España del anterior pontífice, Juan Pablo II, resultó derrotado en el intento de ser reelegido al frente del episcopado. Pocas semanas antes, el propio Juan Pablo II había lanzado una advertencia contra el clima de permisividad moral y de laicismo que consideraba como moneda corriente en España.

El propio Rouco recogió velas en vísperas de la asamblea donde se jugaba la reelección al frente de la Conferencia Episcopal. "Rouco quería comparecer ante los obispos con la carta en la mano de haber cercenado las iniciativas públicas del Gobierno para perseguir a la Iglesia", apunta una persona relacionada con el arzobispo de Madrid. "Aceptó enseguida que una delegación de la Conferencia Episcopal se reuniera con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, antes de la celebración de la asamblea donde se presentaba a la reelección".

El enfrentamiento se encuentra en compás de espera. El nuevo presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, descartó desde el principio el recurso a la movilización en las calles y ha abierto vías de diálogo con el Ejecutivo. La tensión puede volver a brotar en cualquier momento.