El despilfarro supremo de Nauru

¿Sabe qué tienen en común la paradisíaca isla de Nauru y la Sala Segunda del Supremo?

Nauru es un diminuto atolón del Pacífico (21 kilómetros cuadrados) con playas de arena y arrecifes de coral que se encuentra a unos 4.000 kilómetros de Australia. Es la república independiente más pequeña de la tierra desde el 31 de enero de 1968 y en los años setenta y ochenta del siglo pasado fue uno de los países más ricos del mundo debido a sus fabulosos yacimientos de fosfatos. En esos años, sus poco más de 10.000 habitantes disfrutaron de un nivel de vida elevadísimo. Los servicios sociales eran gratuitos y no se pagaban impuestos.

Sin embargo, como relata Luc Folliet, la extracción masiva casi agotó las reservas de fosfatos en los años noventa, lo que junto a la baja demanda internacional del producto, la corrupción, el despilfarro y las malas inversiones acabaron con el país en la bancarrota. Para sanear la economía, Nauru devino en paraíso fiscal y casi inmediatamente se convirtió en objetivo de la mafia rusa, que transfirió para su blanqueo unos 50.000 millones de euros. Una década después, en 2005, debido a las presiones internacionales, adaptó su legislación a los convenios para colaborar en la lucha contra el lavado de dinero. En la actualidad, Nauru ha perdido todos sus activos, está en pleitos con Australia y Estados Unidos de incierto resultado, y tiene crecimiento negativo. Los habitantes que quedan piensan en el exilio. Un panorama ominoso.

La Sala Penal del Supremo es también una isla de 15 jueces entre los casi 5.000 que hay en España. En el pasado su prestigio estaba fuera de toda duda y sus integrantes representaban la excelencia de la carrera judicial. Hoy en día, sin embargo, eso ya no es así. Los nombramientos para el Supremo y otros cargos judiciales han quedado reducidos a meros cambios de cromos entre los partidos y asociaciones judiciales, en los que la afinidad ideológica es más importante que el mérito y la capacidad, por lo que no siempre suelen llegar los mejores.

A esa circunstancia hay que añadir las resoluciones raritas o alejadas del sentido común adoptadas en los últimos tiempos. Así, la condena al presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, por el mismo precepto por el que se había absuelto al presidente del banco Santander, tuvo sabor a vendetta. También absolvió de prevaricación al juez Urquía, un personaje que recibió 73.800 euros para hacerse una casa del emir de la corrupción de Marbella Juan Antonio Roca. Urquía había sido condenado a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación de su cargo de juez por el TSJ de Andalucía por cohecho y prevaricación, pero la Sala Segunda rebajó la condena a 21 meses de suspensión por el cohecho, permitiendo que pueda volver a ejercer.

Y ahora lo de Garzón, que le ha supuesto el mayor descrédito nacional e internacional de toda su historia. Porque lo cierto es que la actuación de la Sala Penal contra el juez más famoso de España parece desde fuera una persecución, un acoso y derribo sin tregua. Es verdad que Garzón ha pisado muchos excelentísimos callos y que se ha adelantado al Supremo al suspender de actividades a Batasuna y ANV, dejando sin contenido las resoluciones que el alto tribunal iba a dictar. Pero eso no justifica la admisión a trámite de tres querellas más que dudosas, alguna de las cuales ya había sido previamente rechazada. Los ciudadanos no entienden que los herederos del franquismo, como Falange o Manos Limpias, puedan ser los acusadores de Garzón por haber tratado de investigar los crímenes de la dictadura. Ni que los jefes de la Gürtel, la trama corrupta que implica al PP, le puedan perseguir por las escuchas que el juez ordenó para prevenir el blanqueo de dinero.

Además, la Sala Segunda, siempre tan garantista, no ha admitido ninguna de las pruebas que Garzón ha propuesto para su defensa y ha asesorado a las acusaciones sobre cómo realizar los escritos de acusación. Le ha sometido a interrogatorios cuasi inquisitoriales, tanto en el caso del franquismo como en los cursos de Nueva York, y ha rechazado la recusación del juez Luciano Varela, que frente a la lentitud habitual dictó siete resoluciones en un día para hacer posible que el sector conservador del Consejo (elegido a propuesta del PP) pidiera un pleno extraordinario para suspender a Garzón de sus funciones y frustrar la salida honorable que desde instancias internacionales le habían ofrecido. A lo mejor no es una venganza, pero parecerlo...

Confiemos en que el Supremo, con el prestigio a la altura del metro, no continúe con un recorrido paralelo al de Nauru y que Garzón no termine desterrado en el lazareto de los leprosos de Molokai, otra paradisíaca isla.