Una década de desidia y retrasos

Unos hechos cometidos entre 1998 y 1999 -los abusos sexuales que Santiago del Valle cometió sobre su propia hija- se juzgaron a los cuatro años. La condena de dos años y nueve meses de cárcel que acarreó no fue firme hasta el 30 de diciembre de 2006, ocho años más tarde. Ha habido que esperar todavía dos más para que el condenado entrara en la cárcel, pero no por esos hechos, sino por la supuesta implicación de Del Valle en la muerte de la niña Mari Luz Cortés. La desidia y los retrasos en dos órganos judiciales -el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, dirigido por Rafael Tirado, y la sección séptima de la Audiencia de esa capital- permitieron que un pederasta convicto reincidiera. La causa, seguida por el "procedimiento abreviado", duró casi diez años.

"Jamás nos pidió refuerzos, ni una hora extra. Se la hubiéramos dado"

RAFAEL TIRADO Dos años sin ejecutar

El fallo más clamoroso, según fuentes del Poder Judicial, es el retraso en la ejecución de la condena contra Del Valle por abusar de su hija. El fallo fue confirmado en apelación por la Audiencia de Sevilla el 30 de diciembre de 2005, pero la tramitación de su ingreso en prisión correspondía al Juzgado Penal número 1 de Sevilla cuyo titular es Tirado que demoraría la causa dos años y tres meses más. Y todo ello sin lograr encarcelar al condenado.

Tirado recibió en su juzgado la sentencia de la Audiencia el 3 de enero 2006 y 10 días después inició la ejecución. Lo primero que hizo fue negarse a suspender la condena como le pedía el abogado de Del Valle: esa posibilidad, que depende sólo del juez, puede acordarse con penas inferiores a dos años de cárcel y si el condenado no es reincidente, por lo que rechazarla fue correcto.

Desde ese momento hasta el 20 de marzo, Tirado busca al pederasta para comunicarle que debe entrar en prisión pero no logra dar con él: primero, manda un funcionario a su casa del barrio de las Tres Mil Viviendas, pero Del Valle ya no vive allí (7 de marzo de 2006); después solicita al padrón que le informe de si tiene otro domicilio (20 de marzo de 2006). Ninguna gestión da resultado. Son las últimas hasta un año y medio después.

En ese intervalo, el juzgado no hace nada por encarcelar al condenado, que continúa en libertad. Hasta que el 26 de septiembre de 2007 ordena la localización de su esposa pero sin decretar orden de busca y captura aunque ya hace casi dos años que Del Valle fue condenado. El 7 de marzo de 2008, el juzgado pregunta a la Fiscalía si procede su detención: la respuesta es que sí. La orden de busca y captura sólo llegó cuando Del Valle ya estaba detenido y Tirado se dio cuenta de su error, el pasado 27 de marzo.

AUDIENCIA DE SEVILLA Tres años sin sentencia

Tirado tardó dos años en ordenar la captura, pero la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -formada por Antonio Gil, Javier González (ponente) y Juan Romeo- tardó otros tres en confirmar la sentencia que el primero dictó el 15 de noviembre de 2002. Esa condena no se convirtió en firme hasta 30 de diciembre de 2006. Si hubiera llegado sólo un año antes, Del Valle habría ingresado previsiblemente en prisión tras su segunda condena por abusos, dictada por el juzgado de lo Penal 4 de Sevilla en diciembre de 2004, que no hubiera podido suspenderla. El retraso supera la media española en este tipo de órganos y en procesos penales, situada en dos años, según el informe La justicia, dato a dato (2007), elaborado por el Poder Judicial. Duplica de largo la de las Audiencias andaluzas en 2006, establecida en un año y tres meses. La ratificación del asunto, además, no revestía complejidad. La sentencia de la Audiencia, de cinco folios, se limitó a argumentar de forma sucinta la desestimación de los recursos de Del Valle y su esposa con las mismas pruebas e informes que usó Tirado.

LA INSPECCIÓN Un juzgado sin problemas

La Inspección judicial, que depende directamente del presidente del Consejo, Francisco Hernando, no detectó anomalías graves en el juzgado de Tirado en la visita ordinaria realizada en noviembre de 2007. El informe a que dio lugar recomienda al juez "un seguimiento del negociado de ejecutorias (...) para estudiar su evolución y hasta su normalización". También propone que, ante la situación de esas ejecuciones de sentencia, "se estudie la conveniencia de replantearse una nueva distribución de cometidos" en el juzgado. Pero las advertencias no sirvieron para resolver el grave error. Este periódico trató de recabar ayer la opinión de Hernando sobre el caso recordándole que es una de las pocas autoridades del Estado que no se ha interesado. Horas más tarde, llamó por teléfono al padre de Mari Luz y se comprometió a depurar responsabilidades.

LOS FUNCIONARIOS No hubo quejas a la Junta

El juez Tirado culpó a la falta de funcionarios. Según el magistrado, la funcionaria que llevaba el caso se dio de baja el 29 de marzo de 2006 y la Junta de Andalucía no cubrió su plaza hasta agosto. Un informe de la Junta lo desmiente: la sustituta llegó el 8 de mayo, 40 días después de que se produjera la baja. En los últimos tres años no consta que el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla haya solicitado refuerzo ni de horas extraordinarias ante la Delegación Provincial de Justicia de Sevilla.